Acoso y derribo desde las universidades españolas y algunas empresas contra los nuevos derechos para los becarios. Además de presionar al Gobierno para retrasar la cotización de los estudiantes para su futura pensión, ya aprobada, el nuevo objetivo pasa por evitar que el Estatuto del Becario llegue al Consejo de Ministros antes del 23J. La norma regula derechos como una compensación mínima a los estudiantes por los gastos derivados de sus prácticas, por ejemplo por el transporte, que según los rectores supone “un serio peligro” para la continuidad de las becas.
El acuerdo de Trabajo y los sindicatos sobre el llamado Estatuto del Becario, del que se descolgaron los empresarios, se alcanzó el pasado viernes por la tarde. A falta de algunos flecos, se prevé que el próximo jueves sea suscrito por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los líderes de las organizaciones mayoritarias de trabajadores, CCOO y UGT.
Todas las miradas están puestas en el siguiente paso, cuándo podrá ir al Consejo de Ministros, para lo que en Trabajo todavía no ofrecen fechas. Fuente sindicales confían en la aprobación urgente de la norma, aunque reconocen que también depende del visto bueno del ala socialista del Gobierno.
La patronal por su parte está afirmando que “no tiene sentido” aprobar la regulación en una situación de adelanto electoral, un testigo que ha cogido este lunes el Partido Popular, que ha pedido al Gobierno de coalición que no apruebe antes de los comicios una norma “sin consenso”, ha afirmado su portavoz, Borja Sémper.
El Estatuto del Becario consiste en un catálogo básico de derechos para los estudiantes que realizan prácticas, como la compensación de gastos, las vacaciones y los descansos como el resto de la plantilla, una “adecuada tutorización” de los estudiantes o la protección de su salud, entre otros. También recoge más límites a su utilización, en número de becarios y de horas de prácticas, así como sanciones específicas para las entidades que incumplan los derechos de los becarios.
Los derechos que más ampollas están levantando son los que suponen algún tipo de reconocimiento económico para los estudiantes. Es decir, el rechazo se centra en renunciar a los becarios gratis que se extienden por miles en todo el país (sin cifras concretas porque no hay ningún registro a día de hoy).
El primero de ellos es la compensación de gastos por “una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) lanzó un comunicado este fin de semana en el que alerta de que esta compensación supondrá “la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”.
Por su parte, la Red de Fundaciones Universidad-Empresa, organización vinculada a “43 universidades españolas y más de 15.000 empresas”, ha ido más allá y ha denunciado que el Estatuto del Becario podría “dejar sin titulación a miles de estudiantes en el próximo curso escolar”, ya que asumen que no habrá prácticas para cumplir los currículos educativos. En concreto, cifran los perjudicados en 1,15 millones de estudiantes “que no podrán titular”, dicen.
Junto a la compensación de gastos, el segundo derecho contra el que se están rebelando los rectores es la cotización de los estudiantes en prácticas para que este periodo se tenga en cuenta de cara a prestaciones futuras como la pensión de jubilación. En este caso, la regulación ya está aprobada y entra en vigor el próximo 1 de octubre, pero los dirigentes de las universidades están presionando para que el Gobierno apruebe un aplazamiento in extremis antes de las elecciones del 23J.
La Crue denuncia que esta medida supone también un “serio peligro” para el sistema de prácticas aunque el Gobierno ha eximido a empresas o entidades del pago de la práctica totalidad de la cuota. En concreto, ha acordado la exención del 97% de la cotización este año y del 95% a partir de enero, por lo que los responsables de los becarios solo tendrán que afrontar el 3% y 5%, respectivamente.
Muy distinta es la valoración del Estatuto del Becario de la principal red de asociaciones de jóvenes, el Consejo de la Juventud de España (CJE), desde donde urgen al Gobierno a que apruebe estos nuevos derechos de los becarios. “Celebramos el preacuerdo y esperamos que salga adelante lo antes posible. Nos preocupaba que con la convocatoria electoral se quedara pendiente”, afirma a elDiario.es Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España.
La entidad incluye a las federaciones juveniles de los sindicatos mayoritarios, CCOO Jóvenes y RUGE de UGT, y celebran que ambas centrales hayan llevado a representantes de estas áreas a la mesa de negociación con Trabajo para que sean los jóvenes los que negocien y tomen la palabra sobre sus derechos, destaca Báez. En el CJE también está presente la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), que este fin de semana criticaba la postura de los rectores contra las compensaciones de gastos y el derecho a cotizar de los becarios, aunque también al Ministerio de Trabajo porque consideran que se les ha excluido del acuerdo final con los sindicatos.
“Nos apena mucho la posición de los rectores. ¿A quién representan las universidades? También deberían representar a su alumnado”, denuncia Juan Antonio Báez, que critica que la cúpula universitaria intente mantener un sistema de prácticas de “precariedad e indefensión absoluta para los estudiantes con la excusa de que quedan muy bien en el currículum”.
Desde el Consejo de la Juventud tildan de “alarmismo” y “excusas” las advertencias de las universidades y empresas sobre la reducción “drástica” de becas que hará tambalear el sistema, sin prácticas para miles de estudiantes. “Vimos ese alarmismo con la reforma laboral y ha tenido muy buenos resultados. Lo que pasa aquí también es que se va a acabar con un nicho de mercado, con un negocio”, valora Juan Antonio Báez.
Aunque sin fechas sobre su aprobación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este lunes el acuerdo con los sindicatos sobre la norma. “Es una grandísima noticia que están esperando los jóvenes de nuestro país”, ha afirmado.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.