Los países del euro se comprometen a que las medidas anticrisis estén “focalizadas en los hogares vulnerables” en 2023

Las medidas anticrisis en 2023 tienen que ser temporales y focalizadas. Así lo ha pedido el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y es a lo que se han comprometido los 19 ministros de Economía de la zona euro este lunes en Bruselas. “Como parte de nuestra respuesta para mitigar el impacto de los altos precios de la energía, estamos trabajando para garantizar que las medidas sean más eficientes, mejor coordinadas y fiscalmente asequibles”, dice la declaración aprobada por el Eurogrupo: “En 2023 examinaremos nuestras medidas para garantizar que estén dirigidas y centradas en los hogares vulnerables y las empresas viables”.

Bruselas prevé que “la política fiscal de la zona del euro sea neutral en términos generales en 2023”, ha dicho el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni: “Pero esto depende en gran medida de que los Estados miembros reviertan las medidas relacionadas con la energía de acuerdo con lo previsto”.

Y Gentiloni avisa: “Si las medidas existentes se prolongan o se promulgan otras nuevas, los déficits podrían aumentar notablemente más de lo previsto. Y esto iría en contra de los esfuerzos del Banco Central Europeo [BCE] para frenar la inflación”.

“Por eso animamos a los Estados miembros a mejorar la focalización de estas medidas”, ha insistido el comisario europeo: “Hemos recomendado reemplazar las medidas generalizadas de precios por un sistema de precios de energía de dos niveles, que garantice incentivos para el ahorro de energía”. Con un modelo dual o de dos niveles, las empresas y los hogares reciben un paquete básico de servicios de energía a un precio subsidiado, y se aplican precios de mercado para el consumo de energía que excede este paquete básico.

“Se podría explorar un modelo de precios de la energía dual bien calibrado, y otros mecanismos que logren objetivos similares, teniendo en cuenta las características nacionales”, afirma el Eurogrupo: “Del mismo modo, nuestras medidas deberían apoyar aún más la reducción de la dependencia energética de Rusia y acelerar la descarbonización de la economía”. Y añade: “El Eurogrupo coincide con la evaluación de la Comisión Europea de que todos los Estados miembros deberían retirar progresivamente tales medidas, según disminuyan las presiones sobre los precios de la energía”.

En este sentido, los 19 países del euro afirman que “muchas de las medidas de apoyo actualmente vigentes expirarán a principios del próximo año. Seguiremos coordinando nuestra respuesta de política fiscal en relación con el apoyo a la energía en la zona del euro y seguiremos debatiendo un enfoque común para los hogares, incluida la reflexión sobre las formas adecuadas de reducir el apoyo”.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha afirmado a su llegada a la reunión del Eurogrupo: “Llevo bastantes meses pidiendo a la Comisión Europea y al Fondo Monetario Internacional que nos proporcionen elementos a los distintos gobiernos para poder identificar cuáles son las medidas que son más eficaces y cuáles son las medidas que también tienen una mayor eficiencia desde el punto de vista del uso de los recursos públicos”.

“En el caso de España”, ha dicho Calviño, “estamos haciendo ese análisis para ver cuáles han de ser prorrogada en 2023, cuáles no y cuáles pueden tener una aplicación más limitada. Por el momento, la única medida que hemos decidido que se extiende para 2023 y que toma un carácter más estructural es la del transporte público gratuito, que es una medida estrella, por cuanto no sólo llega y beneficia al conjunto de la población y muy especialmente a las clases medias trabajadoras, a los autónomos, a los estudiantes, sino que además supone un uso muy eficiente de los recursos públicos y contribuye a contener la inflación”.

Este tipo de ayudas son competencia nacional, y el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, reelegido este lunes para un segundo mandato, ha afirmado que los países del euro trabajarán “mes a mes” en 2023 para “mejorar más la calidad” de las medidas energéticas, garantizar que el nivel de apoyo a la economía es “el adecuado” y avanzar hacia un “enfoque común” al respecto.