Patrimonio Nacional va a tener que volver a licitar a toda prisa un macrocontrato de seguridad privada para la vigilancia de sus instalaciones que la propia entidad valoró recientemente en hasta 83 millones de euros para los próximos cuatro años. El organismo ha tenido que anular la licitación “urgente” que puso en marcha en julio tras detectar que los pliegos que redactó tenían una cláusula ilegal.
Según documentación oficial, el pasado 12 de julio, tras varios aplazamientos (la tramitación del expediente llegó a quedar “paralizada” debido a su elevado precio), la entidad que administra los bienes históricamente vinculados a la Corona española, actualmente adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, inició los trámites para poner en marcha un contrato de Vigilancia de Seguridad Interior y exterior de todas las edificaciones y los espacios exteriores administrados por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN), así como el servicio de información y atención al visitante de sus museos.
El contrato, dividido en once lotes, comprendía entre otras instalaciones el Palacio de El Pardo, el Valle de los Caídos, los monasterios de Yuste y El Escorial o los Reales Alcázares de Sevilla, y estaba valorado en un máximo de 83.262.942,50 euros, impuestos incluidos, para un total de cuatro años, incluyendo dos posibles prórrogas de un año cada una.
El contrato se decidió tramitar entonces por el procedimiento “urgente” como consecuencia “de la negativa a prorrogar los contratos vigentes por parte de las empresas adjudicatarias” del servicio, que en la mayoría de los casos expira el 31 de diciembre. Ombuds Compañía de Seguridad, Garda, Securitas Seguridad España y Seguridad Integral Secoex, prestadoras del servicio, comunicaron en mayo “su incapacidad para asumir el incremento de costes salariales derivados de la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo del sector”, según Patrimonio.
Ese convenio prevé, según los documentos de Patrimonio, un incremento salarial para este año de un 10% y de otro 10% para los dos próximos años, lo que, unido a la subida del salario mínimo interprofesional, llevó al organismo a fijar los precios/hora de licitación en un abanico de 18 a 19,5 euros para los servicios de vigilancia, según el lote, y en 11,00 euros para los auxiliares, frente a los 16,5 euros y 8,5 euros, respectivamente, de la licitación anterior, adjudicada en 2016.
El problema para Patrimonio es que el pasado 16 de octubre su consejo de administración tuvo que anular la licitación del nuevo contrato, que preveía la prestación de un máximo de 1.383.573 horas de vigilancia de seguridad y de 894.798 horas de servicios auxiliares, tras caer en la cuenta de que los pliegos que había redactado para ese procedimiento “urgente” eran ilegales.
El máximo órgano de gestión de Patrimonio aprobó el 18 de septiembre iniciar el expediente de contratación, pero luego se detectó “un error en el pliego de cláusulas administrativas, consistente en atribuir al precio el 51% en los criterios de adjudicación”. Ese criterio vulnera la nueva Ley de Contratos del Sector público, que dice lo contrario en su artículo 145: para este tipo de servicios, “los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas”.
Nuevo concurso
Así lo constató un informe de la Abogacía del Estado en el organismo, que consideró que procedía “desistir del procedimiento de contratación iniciado e iniciar una nueva licitación” por tratarse de “una infracción no subsanable” de las normas de contratación. A preguntas sobre qué procedimiento se va a para la nueva licitación, una portavoz del organismo señala que “en fechas inmediatas se va a proceder a la publicación de la licitación” y “se va a tramitar un concurso abierto por lotes”, sin dar más detalles.
La partida de Seguridad (14.317.629,49 euros anuales) supone prácticamente la mitad de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores de Patrimonio Nacional, según las cuentas anuales del organismo publicadas en el BOE de este miércoles.
Según esas cuentas, el pasado 13 de julio, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitió una opinión “favorable con salvedades” a las mismas, aunque finalmente, fueron aprobadas por los auditores del Estado sin reservas el 18 de septiembre. eldiario.es ha preguntado a Patrimonio Nacional cuáles eran esas salvedades y qué cambios introdujo en sus cuentas para subsanarlas, sin obtener respuesta.
En octubre pasado, el entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, pidió a Patrimonio Nacional un plan de actuación para poner fin al “descontrol” detectado en la gestión del organismo en el informe de fiscalización del ejercicio 2013, que puso de manifiesto, según Álvarez de Miranda, “situaciones individualmente particulares no existentes en el resto de la Administración Pública”.