El Plan Fiscal del Gobierno se salta el límite al gasto más restrictivo de las directrices de la Comisión Europea

El Plan Fiscal y Estructural del Gobierno se salta el límite al crecimiento del gasto público más restrictivo de las directrices de la Comisión Europea, según “la guía previa” publicada este miércoles por el Ejecutivo comunitario, un día después de recibir el documento de España.

Las recomendaciones de Bruselas para el Plan Fiscal y Estructural de nuestro país rebajan el tope al incremento anual del “gasto neto primario” al 2,8% de media de 2025 a 2031, frente al 3% propuesto por el Gobierno, según se explica en esta información. Es decir, exigen un ajuste mayor de las cuentas públicas del que pretende afrontar el Ejecutivo para rebajar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) y la deuda, que se miden respecto al PIB.

La Comisión Europea se tiene que pronunciar ahora sobre si acepta o no los objetivos de España, y lo hará “a finales de noviembre”, según confirmaron este martes fuentes del Ministerio de Economía. El “ajuste” propuesto por España es de 0,4 puntos de PIB cada año, un décima menos (cerca de 1.500 millones) que el recorte de 0,5 puntos recomendado por el Ejecutivo comunitario.

Según permiten las renovadas reglas fiscales de la UE, el Gobierno ha extendido “el periodo de ajuste” a siete años. Este nuevo 'corsé' se centra en los límites al gasto público como la manera de ir reduciendo los desequilibrios presupuestarios (el déficit y la deuda pública) y recuperando “el espacio fiscal” por si es necesario reaccionar a otra crisis o shock, como ha ocurrido tras la pandemia y la crisis de inflación.

La regla de gasto presentada este martes por el Gobierno a Bruselas proyecta un tope a su aumento del 3% de media de 2025 a 2031. En el corto plazo, en 2025, este límite al gasto público se queda en el 3,7%. En 2026, en el 3,5%. Y en 2027, en el 3,2%. Las recomendaciones de la Comisión Europea se quedaban en el 2,8% en promedio en el periodo de siete años. En 2025, un 3,2%. En 2026, un 2,8%. Y en 2027, un 2,7%.

Este Plan Fiscal y Estructural es “un paraguas”, como un techo de gasto, para la elaboración de los Presupuestos anuales por parte del Gobierno. Las medidas concretas que se desplegarán para cumplir con este “paraguas” de medio plazo —un concepto en el que han incidido desde el Ministerio de Economía— se desarrollarán en los Planes Presupuestarios de cada ejercicio, que también tienen que ser aprobados por la Comisión Europea.

Entre estas medidas, el Gobierno incorpora una reforma fiscal “adicional”. En la misma línea, este documento incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE.

El horizonte final planteado por España pasa por aumentar el PIB nominal hasta los 2 billones de euros en 2031, con un déficit que se habrá reducido al 0,8% del PIB —desde el 3% de este 2024— y una deuda pública que habrá caído al 90,6% del PIB —desde el 105% actual— gracias a la contención del crecimiento del gasto público, a diversas medidas y reformas (la mayoría ya puestas en marcha y relacionadas con el Plan de Recuperación) y, sobre todo, al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo.

Esos objetivos tienen que perseguirse cada año, según las nuevas reglas fiscales, reactivadas tras ser suspendidas en 2020 por la pandemia. Pero la Comisión Europea prefería un “esfuerzo” mayor.

En estos momentos, el Gobierno está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. Por ahora, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. Un tropiezo parlamentario que no ha impedido la elaboración del Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea, pero que sí hace peligrar los Presupuestos, después de que ya fueran prorrogados este año los de 2023.