La deuda pública supondrá el año que viene el 98,9% del PIB. Es más del doble de lo que representaba en 2006, cuando suponía el 39,7% de la economía, antes de que la crisis económica estallara y de que la banca fuera rescatada. Por eso, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda propone una quita a la deuda generada por las ayudas públicas directas a la banca sobre la deuda pública (64.262 millones de euros), una cantidad que consideran ilegítima.
“Las enormes ayudas públicas no han solucionado la situación del sistema bancario. Pero la decisión política de concederlas no ha sido neutral para la finanzas públicas. Hay una clara relación entre el rescate realizado al sector bancario y el proceso de crecimiento de la deuda de las administraciones públicas”, dice un informe elaborado por la Plataforma sobre los rescate a la banca.
Además de los casi 65.000 millones de ayudas directas a la banca, la Plataforma alerta sobre el impacto indirecto que el rescate ha tenido sobre la deuda pública (aunque no se contabiliza como tal), que cifran en 472.184 millones de euros. Esta cantidad procedería de los avales a emisiones de deuda hechas por las entidades bancarias, la compra de activos realizada por el Sareb y los préstamos que las entidades bancarias han contraído con el Banco Central Europeo (BCE).
El informe habla también del “impacto oculto” que sobre la deuda pública tiene “el aval implícito que el Estado está otorgando a los depósitos bancarios de hasta 100.000 euros por titular y los esquemas de protección de activos que aseguran las pérdidas futuras sobre la cartera de créditos de entidades nacionalizadas y que posteriormente han sido privatizadas”. Este impacto sería de 823.362 millones de euros.
Aunque estas cantidades no se contabilizan como deuda pública, el informe considera que añaden riesgo a las obligaciones que ya soporta el Estado.
Deuda ilegítima
La Plataforma denuncia las consecuencias sobre los derechos y el estado de bienestar que ha tenido el pago de la deuda pública, aumentada por los rescates bancarios. “Ha servido como justificación y excusa a los poderes públicos para la imposición de toda una serie de medidas de austeridad y de recortes”, afirman.
“El origen ilegítimo de los rescates bancarios reside también en el carácter antidemocrático y autoritario del rescate a la banca, llevado a cabo por dos gobiernos consecutivos, cuyo resultado ha sido la generación de deudas públicas que no han beneficiado al interés general, sino a la élite financiera”, señala el informe, que critica la opacidad de los diferentes mecanismos de ayuda a la banca (como el Mecanismo Europeo de Estabilidad) y la dificultad de acceder a la información que tiene que ver con el rescate.
La Plataforma quiere impulsar una auditoría ciudadana de la deuda “para analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades, así como su impacto sobre la población”. Es decir, ir más allá de los datos económicos y financieros y estudiar cuáles han sido las consecuencias del endeudamiento sobre el estado de bienestar.