Sólo un 51,7% de la población española que se encontraría bajo el umbral de la pobreza con sus propios recursos evita esa situación gracias a las transferencias sociales, entre diez y veinte puntos menos que en países como Francia, Dinamarca o Reino Unido. Es una de las conclusiones del estudio 'Crisis y Fractura social en Europa. Causas y Efectos en España' de la Fundación La Caixa, que asegura que el sistema de protección social español es el menos consistente de entre los países europeos analizados.
Aunque el número de hogares que perciben alguna prestación ha aumentado en casi dos puntos (en 2007 era del 54,1% y en 2010, del 55,9%), el estudio concluye que este incremento se ha mostrado insuficiente para afrontar las nuevas necesidades. Eso hace que de los países analizados, España sea el que tiene un sistema de protección social con menor eficacia para reducir la pobreza. Es también el estado que menos ha logrado reducir las desigualdades generadas en la sociedad a raíz de la crisis.
La tasa de pobreza también ha aumentado entre las personas que tienen empleo, lo ha hecho en dos puntos porcentuales desde 2007, mientras que el conjunto de Europa este dato se ha mantenido estable. “La erosión de las condiciones de trabajo y el fracaso de la estrategia de combinación de varios ingresos bajos en el hogar al perderse el salario de alguno de sus miembros explica en parte el aumento de la tasa de pobreza entre estudiantes, desempleados jóvenes y trabajadores, unos colectivos que no se han visto compensados mediante prestaciones”, señala el estudio.
España, junto a Francia, es el país con un mayor porcentaje -el 54,6%- de personas atrapadas en situaciones de pobreza al cabo de dos años. Las prestaciones sociales no parecen resultar suficientemente eficaces para combatir la exclusión social: solo el 16% de las personas que superan la pobreza al cabo de dos años lo hacen gracias a las transferencias sociales. En Francia, este porcentaje es del 28,1%, en el Reino Unido del 37,5%, y en Dinamarca del 35,7%.
“La cobertura familiar sigue siendo un elemento diferencial de la sociedad española a la hora de enfrentarse a las dificultades”, dice el informe. De hecho, unas 300.000 familias en España subsisten gracias a la pensión de uno de sus miembros. Es el triple que hace cuatro, en 2008, cuando la economía comenzó su colapso. Además, las familias que tienen a todos sus miembros activos en paro suponen ya el 7,6% de los hogares, prácticamente el doble que en los demás países analizados.
El estudio subraya que la situación “más dramática” se da en los hogares monoparentales, donde la búsqueda de otros recursos que no sean las rentas del trabajo “puede ser vital” para su subsistencia. La extendida precariedad laboral “ha agudizado” el endurecimiento de las condiciones de vida de los sectores de población más jóvenes, sobre todo a las parejas con hijos y las familias monoparentales.
El estudio menciona tres factores que han hecho que el impacto de la crisis en el aumento de la pobreza severa y de la exclusión social haya sido mayor en España que en otros países europeos: el modelo de flexibilidad laboral, unas políticas sociales incapaces de compensar las desigualdades sociales que genera el mercado, y el recurso a la institución familiar, que está ya desbordado y no puede cubrir todas las necesidades sociales que se están generando.
“El estado del bienestar español ha reaccionado aumentando su capacidad de cobertura, pero está comparativamente muy por debajo del resto de los países a la hora de reducir la pobreza con transferencias sociales debido a las cuantías notablemente más reducidas de las prestaciones, su distribución desigual y el carácter limitado en el tiempo de muchas de ellas”, dicen el informe.