PP y Gobierno, al choque en vivienda: alquiler social frente a ayudas a la emancipación e incentivos fiscales

Pocas veces en los últimos años se ha hablado más de política de vivienda que en la última semana. La nueva Ley, la propuesta del presidente del Gobierno de convertir en alquiler social el parque de inmuebles de Sareb, y el anuncio este miércoles de ampliar esa oferta de vivienda asequible, han llevado al PP a mover ficha y a presentar su propio plan ante las inminentes elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Un movimiento por etapas. Primero, Alberto Núñez Feijóo dando las pinceladas de por dónde va la formación conservadora a la hora de proponer una estrategia estatal. Después, con un listado de propuestas presentadas por el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Medidas cuya aplicación quedará, en gran medida, en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Las competencias en esta materia son de los gobiernos regionales, y el planteamiento y la gestión del suelo es municipal. El Estado lo que puede hacer es diseñar un marco común, vender o liberar suelo, así como la política presupuestaria y parte de la fiscal.

Tener un 20% de vivienda social o no ponerse objetivos

El primer punto de fricción entre el Gobierno de coalición y el principal partido de la oposición es el parque de vivienda social, y cómo construirlo porque, en realidad, este es irrisorio. Pedro Sánchez ha reconocido en los últimos días que apenas el 3% de la vivienda que hay en España está dentro del paraguas de vivienda social o de alquiler a precios asequibles, que al final es aquella a la que puede aspirar quien no cumple las condiciones de poder pedir una hipoteca o pagar un alquiler a precios de mercado.

Hay países europeos que tienen más del 30% de vivienda en alquiler social o asequible, como los Países Bajos. En España casi no se ha invertido en este tipo de casas. El mínimo de inversión se alcanzó en 2017, con Mariano Rajoy en Moncloa, cuando se concedieron 4.938 calificaciones de vivienda protegida y, de ellas, menos de 350 eran de alquiler.

El Gobierno de coalición persigue ahora llegar al 20% de vivienda social, en zonas donde los precios estén tensionados. Se conseguirá en 20 años, según marca la Ley de Vivienda. El planteamiento del Ejecutivo pasa por las 50.000 viviendas de Sareb, además de otras 43.000 anunciadas este miércoles.

Las más próximas en el tiempo son las 20.000 comprometidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que se financian con fondos europeos y tienen que entregarse a partir de 2026.

El PP, al menos de momento, no se pone objetivos en vivienda social. Sí habla de unificar el concepto de vivienda protegida para incluir aquella que cuente con algún tipo de protección pública. También, de establecer un mecanismo de actualización de los módulos de vivienda protegida, mediante su indexación al IPC u otro tipo de índice.

Es decir, un mecanismo para que aquellos inversores privados que desarrollen vivienda social o protegida se puedan garantizar una rentabilidad de la misma en función de la inflación. 

Colaboración público privada y acelerar la oferta

El PP propone aprovechar más suelo para aumentar la oferta y, con ello bajar los precios. La premisa liberal de que cuanta más vivienda haya, más competencia habrá en precios. Algo que, como se comprobó en los años de la burbuja, no siempre va correlacionado. Entonces, hasta 2009, se aceleró la construcción de pisos que, con el pinchazo del ladrillo quedaron vacíos, a medio construir o dejando millonarios créditos colgados a la banca y que derivaron, precisamente, en la creación de Sareb, el 'banco malo'. 

“Muchos suelos generados en los planeamientos municipales provenientes de cesiones obligatorias con destino a dotaciones y equipamientos quedan vacantes por quedar sus usos obsoletos”, explica el PP en sus propuestas “Si se destinaran a soluciones habitacionales podrían cumplir un fin de utilidad pública. Con ello, además, se movilizaría la inversión privada y las administraciones darían respuesta a la necesidad de acceso a la vivienda”, asegura la formación presidida por Núñez Feijóo.

Habla, por ejemplo, de suelos teóricamente destinados a equipamiento dotacional, como centros culturales o bibliotecas, que nunca se han construido y que se cederían a la iniciativa privada para que los desarrolle como vivienda. Así lo explicitó este miércoles la consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, responsable además de esta misma materia en la dirección nacional del PP.

El PP pone como ejemplo, precisamente, el Plan Vive de la Comunidad de Madrid. De hecho, la estrategia de vivienda del Gobierno de Díaz Ayuso está en la base de lo propuesto ahora por la dirección de Feijóo. Esta comunidad tiene en marcha el Plan Vive, que aspira a construir 15.000 viviendas en ocho años. De momento, tiene en marcha cerca de 6.000 que, como pronto, se empezarán a terminar a finales de este año, tras más de cuatro años de Ayuso en la Puerta del Sol. Se ha construido de la mano de inversores privados, “movilizando suelo que no cumplía su fin y sin comprometer ni un solo euro de presupuesto público”, asegura el PP.

También la estrategia de desarrollo de vivienda social del Gobierno de Pedro Sánchez recoge la colaboración público privada y es clave para llegar a la meta de 100.000 viviendas sociales que ya marcó el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, en 2021.

Otra diferencia es que, según la futura ley de vivienda, el parque público no podrá descalificarse para evitar su venta a fondos buitre. En el PP no establecen un impedimento específico para esto, sino que plantean ceder el suelo durante un plazo determinado de tiempo para que vuelva a repercutir años después en los ayuntamientos propietarios.

Avales, ayudas a la emancipación y bono alquiler joven

Además de otras propuestas no ligadas con la oferta de vivienda -como más medidas contra la okupación- el PP propone avales y ayudas a la emancipación. Los primeros consisten en respaldar con garantías públicas hasta el 15% de la hipoteca que soliciten jóvenes de hasta 35 años; y en avalar la fianza a los alquileres de rentas medias y bajas. Ahí faltan detalles. En parte, porque va a depender de cada comunidad autónoma, de los precios que se paguen por los pisos en venta y alquiler. ¿Cuánto costará avalar con dinero del Estado? Según Juan Bravo, en el peor escenario de impagos, se tendría que respaldar con dinero público alrededor de 70 millones por cada 1.000 millones de euros que se destinen a avales.

El PP también propone 1.000 euros, en una sola paga, para la emancipación de  jóvenes que podrán destinar a “gastos objetivos” del primer acceso a la vivienda tanto para alquiler como para compra. Son 1.000 euros, en un único pago, para quienes tengan una renta inferior a 30.000 euros y se reducen progresivamente -no se sabe cuánto- hasta 40.000 euros. Por encima de esos ingresos brutos anuales no recibirían los 1.000 euros.

En este caso, sí se ha calculado el coste: 400 millones de euros anuales. Es la misma cifra presupuestada para dos anualidades del actual bono de alquiler joven. Este último se aprobó hace un año y está en vigor hasta diciembre. Supone 250 euros mensuales para los menores de 35 que tengan ingresos inferiores a tres veces el IPREM (unos 24.000 euros anuales). Ahora el PP dice que quiere ampliar esa ayuda -no dice en qué cuantía- porque muchos jóvenes se han quedado fuera. 

En ambos casos, se establecería un tope al precio de las viviendas, ya fuera de compra o alquiler, cuyos compradores podrían beneficiarse de estas ayudas. El PP no las ha especificado porque dependerán de cada región y ayuntamiento.

¿De quién es la idea de los incentivos fiscales?

El vicesecretario de Economía del PP califica la Ley de Vivienda como una dicotomía entre “intervencionismo o libertad”, pero al texto le ve algo positivo, que incluye incentivos fiscales. Los contempla para incentivar que los propietarios de vivienda pongan más pisos en alquiler en condiciones más asequibles y con pisos energéticamente más eficientes. 

El PP, como ya tienen varias comunidades autónomas, aboga por incorporar deducciones fiscales a los arrendadores a quienes alquilen a mayores de 65, menores de 35 y “personas con bajos ingresos”, sin más detalles. También “aumentar hasta el máximo permitido” las deducciones de IRPF cuando haya rehabilitación de viviendas para hacerlas eficientes y reducir el IBI si se saca al mercado viviendas vacías, que es precisamente lo que le gusta al PP de la Ley de Vivienda, porque ya lo contempla.