Los préstamos “dudosos” a las empresas (no financieras) “más afectadas” por la pandemia de COVID se dispararon en el primer trimestre de este año a máximos de la crisis, desde marzo de 2020, según un informe publicado por el Banco de España este martes.
Las medidas adoptadas por el Gobierno y favorecidas por la Comisión Europea (entre ellas la financiación de los ERTE, los avales del ICO o las ayudas directas) han logrado, hasta ahora, “un deterioro relativamente moderado” de la solvencia empresarial, “en comparación con las crisis anteriores”, según destaca la institución. Sin embargo, los últimos datos muestran la existencia “de riesgos latentes [...] a medio plazo, en un contexto en el que un alto porcentaje de los préstamos garantizados por el Estado finalizan sus períodos de carencia durante este año”, según advierte.
Los préstamos “dudosos” a las empresas más vulnerables —cuyas ventas habrían caído más de un 15 % en 2020— superaron el pico del segundo trimestre de 2021 con el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Mientras, los préstamos considerados “en vigilancia especial” se mantuvieron también cerca de los niveles más altos de este periodo para estas compañías; y marcaron un récord en el caso de las “moderadamente afectadas” —aquellas cuyas ventas habrían caído entre un 8 % y un 15 %— por la COVID.
Los riesgos que desprenden estas cifras “podrían materializarse, especialmente, si la recuperación económica fuera menos vigorosa de lo esperado como consecuencia, por ejemplo, de una eventual escalada de las tensiones vinculadas con la guerra en Ucrania”, según avisa el Banco de España.
Otro dato preocupante es el que tiene que ver con los concursos de acreedores, que alcanzaron máximos desde la crisis del euro (2010-2012), en sectores como la hostelería y otros servicios. Estos procesos son la consecuencia final de la incapacidad de las empresas de hacer frente a sus compromisos y, “a pesar de la moratoria concursal vigente hasta mediados de 2022, el número de concursos de acreedores de empresas ha aumentado desde el tercer trimestre de 2020, especialmente en el caso de los empresarios individuales”, observa la institución.
Ya en abril, el Banco de España analizaba que “el agotamiento del despliegue de los programas de avales del ICO [Instituto de crédito oficial] ha reducido sustancialmente las nuevas operaciones avaladas, si bien el programa lanzado a finales de marzo de 2022, [dentro del primer Plan de choque] asociado al conflicto bélico en Ucrania, podría revertir esta tendencia”.
Se agota el tiempo
La semana pasada, el Gobierno anunció la aprobación de “la posibilidad de extender las garantías de las líneas de avales ICO para la financiación empresarial después del 30 de junio, una vez expirado el plazo del marco temporal de ayudas de estado aprobado por la Comisión Europea”, según la nota de prensa distribuida por el Ministerio de Asuntos Económicos.
“La extensión del plazo de los avales permitirá que las empresas y autónomos, previa aprobación por la entidad financiera, puedan ampliar hasta 8 o 10 años el plazo de amortización de sus préstamos. De esta forma, se facilita el mantenimiento de empresas viables que tengan dificultades una vez finalizado el marco temporal, mediante el alargamiento del plazo de su préstamo avalado, concediéndoles un mayor margen para hacer frente a sus obligaciones”, indicaba el comunicado.
“Hasta el pasado mes de mayo, el ICO ha desplegado avales que han permitido movilizar más de 140.000 millones de euros en financiación a pymes y autónomos”, añadía.
Los avales del ICO
Una de las necesidades más acuciantes tras el inicio de la pandemia fue la de mitigar el impacto de las restricciones a la actividad sobre la liquidez de las empresas, para lo que se introdujeron los programas de avales crediticios del ICO. El Gobierno aprobó, en 2020, dos programas de avales públicos para préstamos a empresas y a autónomos con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de las empresas más afectadas por la crisis del COVID.
“Estos programas, por un importe conjunto de 140.000 millones de euros, permitían que las entidades financieras pudieran cubrir una parte elevada de las posibles pérdidas asociadas a los préstamos acogidos (de hasta el 80% en el caso de la financiación concedida a las pymes y autónomos, y hasta el 70% para la proporcionada a las grandes empresas)”, explica el Banco de España.
Estos avales, por supuesto, no se podrán extender indefinidamente y el coste para el Estado será mayor o menor según el porcentaje de impagos final. Otro dato preocupante sobre el mundo empresarial publicado recientemente por el Banco de España es el interés de las empresas por los fondos europeos ha caído por la lentitud de las convocatorias y la incertidumbre.
La última encuesta de actividad empresarial de la institución (la Ebae del segundo trimestre) desvela un panorama de cierto desapego: solo el 13% de las empresas tiene previsto acudir a una convocatoria del Plan de Recuperación en los próximos seis meses. Este porcentaje se ha reducido en los últimos trimestres. En el tercero de 2021 llegaba al 25%, en el cuarto del año pasado era del 23% y en el primer trimestre de este 2022 ya había caído al 17%.