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Un año de prórroga para las ventajas en la jubilación de desempleados: “Alivia, pero no soluciona el problema”

Cola ante una oficina de empleo, en una imagen de archivo.

Laura Olías

Un año más de 'cláusula de salvaguarda' de las pensiones. Es lo que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez en un real decreto este viernes, para que los desempleados desde 2013 y los trabajadores que salieron de sus empresas en ERE o acuerdos suscritos antes del 1 de abril de ese año puedan seguir jubilándose con las condiciones previas a la reforma de las pensiones de Zapatero. Rajoy aprobó un límite a esta opción, el 1 de enero de 2019, y el Ministerio de Trabajo ha optado por aplazarlo hasta el comienzo de 2020. Los afectados reconocen que la decisión supone un respiro para las situaciones más inmediatas, aunque no para aquellos que se van a jubilar a partir de 2020. “Alivia, pero no soluciona el problema”, recuerda Pilar.

La mujer, economista empleada durante muchos años en Telefónica, salió de la compañía en virtud del ERE de 2011 que afectó a unos 6.000 trabajadores. “Al principio no me metí, pero hubo una verdadera avalancha desde recursos humanos y los sindicatos que nos decían que era nuestra última oportunidad para jubilarnos con mejores condiciones”.

La reforma de las pensiones de Zapatero, del año 2011, endureció las condiciones de jubilación con varias medidas, entre las que figuran el aumento de la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años de forma progresiva, el incremento en los años de cotización para percibir el 100% de la pensión y mayores requisitos para la jubilación anticipada.

En plena crisis, el Gobierno socialista incluyó en esa reforma la llamada 'cláusula de salvaguarda', para que los desempleados desde entonces y aquellos que iban a salir de sus puestos por ERE o acuerdos ya firmados estuvieran exentos de estas nuevas condiciones. Gracias a la cláusula, este colectivo podía jubilarse con la legislación anterior.

“Llegó un momento en el que, con las cuentas y cálculos que me hacían, me acogí al ERE”, explica Pilar, que asegura que si fuera por ella habría seguido trabajando. “No estaba cansada”. Después de tomar esta decisión y salir de la compañía, el Ejecutivo de Mariano Rajoy modificó esta posibilidad: por un lado, amplió los potenciales beneficiarios, ya que se podían acogerse a estas ventajas los desempleados y afectados por ERE desde el 1 de abril de 2013. Por otro lado, restringió la cláusula imponiendo una fecha de caducidad (el 1 de enero de 2019).

Así, solo podían acogerse a esta opción los desempleados que se jubilaran antes de esa fecha, lo que para algunas personas era imposible. El nuevo límite dejaba fuera de la cláusula en la práctica a “miles de personas”, según los sindicatos, que apuntan que es difícil concretar el número exacto.

Esteban, ingeniero industrial desempleado desde 2010, era una de ellas. Cumple en 2019 los 61 años, la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada, pero la caducidad que aprobó el PP le impedía jubilarse con la normativa anterior. “Rajoy me ha retrasado 1 año y 8 meses la edad de jubilación”, explicaba a este medio hace unas semanas.

Solución solo para los casos más inmediatos

Los planes del Gobierno de Sánchez para prorrogar la vigencia de la cláusula hasta 2020 solucionan la situación de Esteban. “Efectivamente, tendría la posibilidad de acceder a la jubilación a los 61 años este año que viene”, apunta el ingeniero. La recta final hacia 2019 ha estado marcada por un gran desasosiego para este trabajador, que veía acercarse la caducidad de la cláusula sin noticias de cambios en el Gobierno socialista. En su caso, la empresa echó el cierre. Solo percibe el subsidio para parados mayores de 55 años y se paga de su bolsillo el convenio especial de la Seguridad Social para que su pensión no se vea muy afectada por la larga etapa de desempleo al final de su carrera.

“Pero los nacidos en 1959 están ahora igual que yo he pasado este año”, sostiene Esteban. Ese colectivo, que accedería a la jubilación anticipada en 2020, volverá a toparse con el mismo límite dentro de un año si el Gobierno opta por mantener esta caducidad de la cláusula. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que el Ejecutivo encargó un estudio a la Seguridad Social sobre este tema que aún no ha concluido, por lo que justifican esta nueva fecha límite como una prórroga temporal de la cláusula hasta que se decida finalmente qué hacer con los resultados de ese informe.

Para Comisiones Obreras ampliar esta opción solo hasta el 1 de enero de 2020 es “totalmente injustificado”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato: “Esperemos que de aquí al viernes se resuelva esto, porque es una solución para una parte de los afectados pero no para todos”.

A Pilar, la respuesta del Gobierno ha aliviado solo en parte su inquietud. La trabajadora estaba apurando hasta los últimos días de diciembre para ver si solicitaba la jubilación, por si el Ejecutivo de Sánchez eliminaba la caducidad del 1 de enero de 2019. La mujer recibe un salario compensatorio de Telefónica hasta cumplir los 63 años. Sus opciones eran jubilarse este 2018 a los 61 años con la legislación antigua, “perdiendo mucho dinero porque anticipo mucho la jubilación”, o retirarse con la legislación nueva, con menos años de anticipo, pero con condiciones más duras en el acceso a la pensión.

La prórroga del Gobierno permite a la economista aplazar su decisión al próximo año, pero “al año que viene me encontraría otra vez en las mismas. ¿Espero por si realmente se resuelve esto? ¿O este límite será el que se aplique y estaré perdiendo meses de pensión? Otra vez volverá la incertidumbre”, explica Pilar.

Javier, ingeniero que también salió en el ERE de Telefónica como Pilar, subraya que en su caso perduran los perjuicios con la caducidad de 2020. El trabajador pretendía jubilarse a los 63 años, que cumple en 2021, por lo que ya le sería de aplicación la normativa actual de jubilación. Aunque podrá seguir retirándose a esa edad porque cumple “aunque muy justo” el periodo de cotización exigido, su pensión se verá bastante recortada económicamente. Si opta por jubilarse el próximo año con la legislación anterior, estaría adelantando más de lo previsto la edad de jubilación y tendría que afrontar más penalización por ello.

El trabajador espera que el Gobierno anule este nuevo límite en el decreto que apruebe el viernes o que lo haga el próximo año. “Si no, es una chapuza como la que hizo Rajoy. Vuelve a haber discriminación por edad en personas que salieron de una empresa en el mismo ERE”, explica Javier. Los afectados piden al Gobierno que aclare lo antes posible su decisión final e informe sobre ella a la ciudadanía. “No puede ser que haya gente que esté pendiente en cuestión de días para ver si pide la jubilación o no, sin saber qué va a ocurrir”, lamenta el ingeniero.

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