Era un “caso de éxito” de la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Repsol y llegó a figurar entre los diez “grandes proyectos de crecimiento” que contemplaba el Plan Estratégico 2008-2012 que la petrolera presentó en febrero de 2008, con una inversión estimada entonces en 350 millones de euros. Pero la multinacional española ha decidido venderlo al mejor postor tras la amenaza de veto de un accionista muy poderoso.
Repsol ha vendido a la petrolera franco-británica Perenco, perteneciente a la familia Perrodo (una de las mayores fortunas de Reino Unido), su participación mayoritaria (55%) en el denominado Bloque 39, una concesión de 8.868 kilómetros cuadrados de superficie en la cuenca del río Marañón, provincia de Maynas, en el corazón de la Amazonia peruana, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. La operación se cerró el año pasado por un importe no especificado, tras las advertencias del Comité de Ética del Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega (NBIM, por sus siglas en inglés), el mayor fondo soberano del mundo, sobre las posibles consecuencias del proyecto para las comunidades indígenas.
La venta ha llegado tras las repetidas advertencias del Comité de Ética del NBIM, aunque fuentes de la compañía aseguran que la decisión de vender el Bloque 39, adoptada a finales de 2013, respondió a que “no se consideraba económicamente interesante”. Añaden que “nunca se demostró la presencia de indígenas” en ese área y que la existencia de violaciones de derechos humanos por parte de la compañía “nunca ha sido acreditada” ante el Comité de ética del NBIM.
Accionista de las grandes del Ibex
En diciembre de 2010, según documentos publicados recientemente por el Gobierno noruego, ese órgano recomendó excluir a Repsol y a su socio en ese yacimiento, la india Reliance Industries, de la cartera de inversiones del fondo, que a cierre de 2013 controlaba un 1,24% de la compañía española valorado entonces en 2.469 millones de coronas suecas (unos 263,7 millones de euros). El fondo, con activos de 5,038 billones de coronas noruegas (608.597 millones de euros), entre renta fija y variable, tiene intereses en las principales compañías cotizadas españolas. A cierre de 2013, estaba presente en 73 empresas españolas, con Santander (1,70% del capital), Telefónica (1,78%), BBVA (1,64%), Inditex (0,88%) e Iberdrola (1,64%) entre ellas. Entre sus asesores en España está el exministro de Industria Miguel Sebastián.
El Comité de Ética del NBIM consideraba que la presencia de la petrolera en ese territorio, ubicado junto a la frontera con Ecuador, podía suponer un “riesgo inaceptable de complicidad en graves violaciones de los derechos” de las tribus indígenas que lo habitan y que viven en aislamiento voluntario del resto de la sociedad. En una nota publicada el mes pasado, la ONG noruega de apoyo a los pueblos indígenas Rainforest Foundation ha relacionado la decisión con la “amenaza de exclusión” que, a raíz de esas recomendaciones, pendía sobre las inversiones del NBIM en Repsol.
Esta organización no gubernamental asegura que Repsol “causó serias violaciones de los derechos humanos” en las tribus aisladas de esa región y recuerda que estos indígenas “son extremadamente vulnerables a cualquier forma de contacto con el exterior porque no han desarrollado la inmunidad a infecciones comunes o virus como la gripe, la diarrea o la varicela. El contacto con terceros inevitablemente conlleva la introducción de esas enfermedades, con consecuencias fatales”.
Tras la operación, el Comité de Ética del NBIM ha decidido levantar su recomendación de excluir a la empresa española del “universo de inversiones” del fondo. Rainforest Foundation recuerda que, “aunque Repsol ha vendido el Bloque 39, la compañía todavía está involucrada en el mayor proyecto gasista de Perú, Camisea”, un yacimiento de gas donde tiene previsto invertir unos 500 millones de dólares junto a sus socios, la estadounidense Hunt Oil, la argelina Sonatrach y la surcoreana HK.
La Rainforest Foundation recuerda que Camisea también “ocupa una reserva legal de indígenas en situación de aislamiento”, por lo que insiste en que “Repsol debería ser excluida” de la política de inversiones del NBIM. A cierre de 2013, Repsol tenía 354 estaciones de servicio en Perú, el control de la refinería de La Pampilla y diversos yacimientos en ese país, que suponía un 12% de la plantilla total de la multinacional.
Como la minera que contrató a Aznar
Ante la recomendación que emitió el comité, reiterada en junio de 2012, Repsol se arriesgaba a correr la misma suerte que otras multinacionales a las que finalmente ha vetado el fondo noruego por riesgos como los de “violaciones sistemáticas de los derechos humanos” (Wal-Mart, en mayo de 2006), daños medioambientales (Rio Tinto o Barrick Gold, la minera canadiense a la que asesora el expresidente José María Aznar), o efectos perniciosos sobre la salud (las principales compañías tabaqueras).
En 2007, Repsol incluyó este bloque, de cuya concesión disfrutaba desde principios de la pasada década (data de la época de Alfonso Cortina, presidente de la compañía hasta octubre 2004), entre los cinco grandes proyectos de crecimiento de su área de Upstream (exploración y producción), para los que contemplaba una inversión conjunta de 2.100 millones de euros hasta 2012.
La petrolera había descubierto recursos en ese área en sendos sondeos realizados en junio de 2006 y agosto de 2005, y en 2007 analizaba las diferentes alternativas de producción y evacuación del crudo existente en el subsuelo, de naturaleza pesada (más caro de extraer). Entonces, estimaba que el bloque se pondría en marcha a finales de 2011, con una producción neta estimada en 2012 de 21.000 barriles equivalentes (bep) /día y unas reservas netas de entre 100 y 120 millones de bep.
No fue así. A principios de 2009, tras el desplome de los precios del crudo (que venían de marcar un récord en julio de 2008), la compañía anunciaba que revisaría algunos de los proyectos incluidos en su Plan Estratégico, incluyendo este. Precisamente, los documentos publicados por el Gobierno noruego dan cuenta de cómo en febrero de 2009, y tras las denuncias de asociaciones de defensa de los pueblos indígenas en Perú, el Consejo de Ética del fondo remitía una carta a la petrolera “solicitando información sobre sus actividades en Bloque 39 y las medidas implementadas para evitar el contacto con las personas que habitan en aislamiento voluntario” en esa zona.
Una inversión “muy fuerte”
Según reflejan las crónicas de entonces, en marzo de 2009, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, señalaba que el Bloque 39, uno de los proyectos que estaba en revisión, se encontraba mar adentro, por lo que su explotación requeriría la construcción de un oleoducto de 1.000 kilómetros de extensión que suponía una inversión “muy fuerte”. Lo cierto es que el proyecto está lejos del océano, tal y como puede apreciarse en un documento oficial del Ministerio de Energía y Minas de Perú.
La última referencia de Repsol al Bloque 39 figura en su informe de RSC de 2012, cuando explicaba que, en ese ejercicio, había realizado “siete reuniones informativas sobre el estado de situación del proyecto exploratorio y los planes de relacionamiento comunitarios para el año 2012 con las comunidades de Urbina, Buena Vista, Flor de Coco, Bolivar, Soledad, Tipishca, Nueva Yarina, Muchavista, Nueva Libertad y San Rafael”. A partir de entonces, no hay más alusiones.