Infinity Lithium, la minera australiana que junto a la constructora española Sacyr lleva años intentando lograr los permisos para abrir una mina de litio a 2 kilómetros de Cáceres, ha confirmado esta semana el fichaje de Cayetano Polo, ex líder de Ciudadanos en Extremadura, cerrado poco después de la publicación, en octubre, del borrador de estrategia de almacenamiento sostenible de energía del Ministerio para la Transición Ecológica, cuya apuesta por el auto-abastecimiento sostenible valora “muy positivamente”.
Polo, que anunció que abandonaba la política activa el 24 de septiembre, ha sido reclutado por la joint venture de Infinity Lithium (75%) y Sacyr (25%) como nuevo responsable de Relaciones Institucionales en España. El fichaje, criticado por el actual líder de Ciudadanos en Extremadura, fue confirmado el lunes por Infinity a la bolsa australiana, donde cotiza.
En una nota, la empresa señala que Polo, “prominente figura local”, ha ocupado “significativas posiciones políticas a nivel regional y local”, como candidato de Ciudadanos a la Junta en 2019 o concejal del Ayuntamiento de Cáceres.
Ingeniero de Montes y MBA por la Escuela de Organización Industrial, Polo afirma en esa nota que “es muy satisfactorio empezar esta colaboración con Infinity Lithium para promover un proyecto que será una fuente de prosperidad, empleo y riqueza para Cáceres, Extremadura y el conjunto de España”.
El responsable del proyecto conocido como San José-Valdeflórez, David Valls, destaca en conversación telefónica con elDiario.es el bagaje profesional de su nuevo directivo, sus conocimientos en ingeniería y, “cómo no”, “del funcionamiento de la administración por los cargos que ha representado”. “Creemos que es el candidato idóneo para dar impulso al proyecto en la situación en que se encuentra”.
El exdirigente ha asegurado que el proyecto es “una oportunidad para transformar industrialmente Cáceres y Extremadura, puesto que hablamos de uno de los materiales insustituibles para la 'revolución verde' en Europa creando empleo y riqueza, y permitiendo una transición desde el combustible fósil a las energías sostenibles”. En una entrevista concedida al diario Hoy el pasado viernes, 43 días después de anunciar su salida de la política, aseguraba que lo suyo no es “ninguna puerta giratoria, lo que hay es que cerré una etapa de mi vida y ahora abro otra. Además hablar de puerta giratoria es absurdo porque en mi etapa política nunca tuve funciones de gobierno ni legislativas”.
El vacío de Benjumea
El fichaje cubre el vacío dejado por el polémico expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, fichado en octubre de 2019 y que asesoró a Infinity hasta el pasado verano, cuando se desvinculó del proyecto, según Valls, por su imposibilidad para dedicarse a tiempo completo.
Su incorporación llega en un momento en el que, tras la catástrofe económica de la pandemia, tanto Bruselas como el Gobierno central han puesto el foco en el autoabastecimiento de materias primas consideradas esenciales para impulsar la transición energética. Enfrente tiene una fuerte oposición local personificada en el movimiento cívico Salvemos la Montaña y, a nivel político, por el actual alcalde de Cáceres, el socialista Luis Salaya. Un rechazo que comparten las dos grandes formaciones políticas: la antecesora de Salaya, la popular Elena Nevado, llegó a decir en 2019, acompañada del líder del PP extremeño, José Antonio Monago, que “una pizzería genera más puestos de trabajo que la mina de litio”.
El proyecto, según Infinity, supone cerca de 200 empleos directos con elevados salarios, más de 1.000 empleos indirectos y 5.500 millones de euros de ingresos esperados para los 30 años de explotación del yacimiento. Se trata del “segundo recurso de litio a nivel europeo”, con unas reservas estimadas de 111,2 millones de toneladas de concentrado de litio. El pasado verano, la empresa ofreció al alcalde cacereño una “contribución económica adicional” a la ciudad de 60 millones a lo largo de la vida del proyecto. Desde entonces, no han vuelto a reunirse con el regidor, según el country manager de Infinity.
Valls asegura que las dudas sobre la mina se basan en “información tergiversada” y esgrime el reciente apoyo financiero al proyecto del organismo europeo que gestiona la Alianza Europea de Baterías, Innoenergy (también socio de la start-up de Enagás de la que es accionista y consejero el ex eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá).
La compañía, que presentó el año pasado un estudio previo de viabilidad en el que prometía una inversión inicial de 280 millones –de los que el 80% corresponde a una planta para la obtención de hidróxido de litio y el resto, a la extracción de la materia prima– está esperando que la Junta de Extremadura vuelva a otorgar los permisos de investigación que concedió en un principio y que “por un defecto administrativo por su parte tuvieron que retrotraer y subsanar”. Tras ello, necesitará de las preceptivas autorizaciones ambientales y del proyecto de explotación de la Junta y las modificaciones del uso del suelo que debe autorizar el Ayuntamiento.
Las reticencias de las autoridades locales contrastan con el apoyo de Bruselas a minerales como el litio y las tierras raras, en un momento en el que la industria automovilística está en plena transformación hacia la electrificación. En septiembre, la Comisión Europea incluyó por primera vez al litio dentro de su listado de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials) por su importancia para el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.
En octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó el borrador de su estrategia de almacenamiento de energía, cuyo periodo de consultas se cerró el lunes y con el que, según destacó Infinity el pasado día 29, el Gobierno español “públicamente reconoció y admitió la importancia crítica de materias primas clave para los fabricantes y suministradores nacionales que pueden generar productos de alto valor añadido en el desarrollo de una cadena de suministro nacional para la industria de baterías”.
El máximo responsable de la empresa en España cree que el documento “pone de manifiesto la necesidad de integración y de fomentar toda la cadena de valor para el abastecimiento energético dentro del territorio nacional”.
También en octubre, Transición Ecológica abrió una consulta pública previa para la elaboración de una Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, con el objetivo de “garantizar el suministro de los recursos minerales autóctonos de manera más sostenible, eficiente y maximizando los beneficios a lo largo de la cadena de valor”. La propuesta, como señaló la semana pasada en su primera comparecencia en el Congreso la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, está todavía en su fase inicial y para su elaboración “se va a escuchar a todos los agentes”.
“Lo que esperamos es ver exactamente qué es lo que reclama la sociedad y el sector empresarial”, conocer el potencial de España en esta materia “y hacer una gestión sostenible y eficiente de esos recursos”, indicó la secretaria de Estado.
En respuesta a la “preocupación” expresada por la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, ante las líneas esbozadas en esa estrategia, Aagesen señaló que “es importante destacar que cuando hablamos de transición energética, los combustibles fósiles, nuestra dependencia, lo destacan muchas de sus señorías, van bajando, pero la demanda de otro tipo de minerales va aumentando. Que esa dependencia venga de esos países cuando España tiene bastante riqueza en esas materias primas, a mí me parece una forma, bueno, bastante compleja de argumentar desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental”.