¿Y si se cancelara la deuda de la COVID-19? Crece la presión en la UE para convertirla en inversiones

Gasto público, rescates a la ciudadanía y a empresas, subvención de los ERTE, desembolsos sanitarios... La pandemia de la COVID-19 está golpeando las economías como nunca antes en tiempos de paz y, a consecuencia de ello, la Comisión Europea activó la cláusula de escape para que los países puedan saltarse los topes de deuda y déficit –60% del PIB y 3% del PIB, respectivamente– durante 2020 y 2021 para sostener las economías con fondos públicos. En paralelo, el Banco Central Europeo prevé gastar al menos 1,85 billones de euros en compras de deuda en la eurozona hasta verano de 2022 para aliviar las primas de riesgo.

Todo ello, en conjunto, hace que el BCE está acumulando grandes volúmenes de deuda, entre el 25% y el 30% de la deuda total acumulada de algunos países, como España, Italia, Francia o Alemania. En los últimos cinco años, el BCE ha comprado alrededor de 3 billones de euros en bonos del sector público en un intento de impulsar la inflación en la zona euro y, más recientemente, mantener el crédito barato frente a la pandemia de coronavirus.

Entre el alrededor del centenar de firmantes del manifiesto, la mayoría son de Francia y figuran también economistas de Alemania, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Suecia, Grecia y Portugal, así como una veintena de economistas de España. Entre ellos, Thomas Piketty (Escuela de Economía de París), Nacho Álvarez, secretario de Estado de Agenda 2030; y Cristina Narbona, presidenta del PSOE; Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis; Manuel Escudero, presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE; el exministro Jordi Sevilla; José Moisés Martín Carretero; Manolo Garí; Daniel Albarracín.

Todos ellos han defendido en un artículo publicado en varios medios europeos –Le Monde (Francia), El País (España), La Libre Belgique, Der Freitag (Alemania) y Avvenire (Italia)– este viernes que, en tanto que un 25% de lo que deben los países se lo deben a ellos mismos en tanto que es deuda en manos del BCE y, por tanto, del eurosistema, se debe cancelar y sustituir por inversión.

El propio presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha dicho que la cancelación de la deuda es “una interesante hipótesis de trabajo”.

Si bien la deuda pública ha aumentado considerablemente para proteger a los hogares y las empresas, “los ciudadanos están descubriendo, algunos con consternación, que casi el 25% de la deuda pública europea está ahora en manos de su banco central”, señalan estos economistas: “Nos debemos el 25% de nuestra deuda a nosotros mismos y, si la devolvemos, tendremos que buscarla en otra parte, ya sea pidiendo prestado nuevamente para refinanciar la deuda en lugar de pedir prestado para invertir, o aumentando los impuestos o reduciendo los gastos”.

La cancelación de las deudas públicas o su transformación en deudas perpetuas sin intereses se haría a cambio del compromiso de los Estados de “invertir los mismos montos en la reconstrucción ecológica y social”. “Estas cantidades ascienden ahora a cerca de 2,5 billones de euros para el conjunto de Europa”, según el texto.

Los firmantes afirman que “la cancelación no está explícitamente prohibida por los tratados europeos” y que “la historia ha demostrado una y otra vez que las dificultades legales se desvanecen con los acuerdos políticos”.

Preocupados por un posible retorno de las políticas de austeridad que implican reducciones de la deuda pública como las llevadas a cabo desde 2015 hasta el inicio de la crisis del Covid-19, los académicos también piden “una nueva gobernanza europea, en particular a través de la transición a la mayoría cualificada en impuestos importa”.

La reacción del Banco Central Europeo ha sido dura. El vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, ha dicho este viernes: “La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto”.

Un argumento respondido en twitter por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

Según De Guindos, “este debate sobre cancelación de la deuda creo que es perjudicial, porque al final los gobiernos no ganarían mucho y al mismo tiempo la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales se vería muy afectada”.

La propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, cerraba la puerta hace unos días a preguntas de los eurodiputados: “Ni siquiera me hago la pregunta. Es tan simple como eso, porque cualquier cosa en ese sentido sería simplemente una violación del tratado. El BCE opera bajo el tratado; existe el artículo 123 del tratado que prohíbe ese tipo de enfoque y yo respeto el tratado. Punto”.

Sin embargo, como recuerda en un hilo te twitter Daniel Fuentes Castro, jefe de información económica del Gobierno y traductor de Piketty en España, las cancelaciones de deuda han sido una constante en la historia tras grandes crisis o catástrofes, como la Francia de 1797; Reino Unido entre 1815 y1914; Alemania en 1919; y Alemania, Francia y Reino Unido en 1945.

Como explica Fuentes Castro citando los datos de Capital e ideología (Piketty, 2019), “la ley de 30 de septiembre de 1797 consolidó un tercio de la deuda, mientras que los dos tercios restantes se pagaron en bonos al portador. Impuestos e inflación hicieron el resto: la deuda se redujo desde el 90% de la renta nacional en 1797 al 20% en 1815”.

En Reino Unido, tras las guerras napoleónicas, la deuda aumentó a más del 200% de la renta nacional. “Para reducirla a base de acumular superávits primarios”, explica Fuentes Castro, “los británicos tuvieron que destinar, de media, entre el 2% y el 3% de su renta nacional anual al pago de la deuda e intereses durante un siglo, en una época en la que los ingresos eran del 10% y se gastaba en educación menos del 1%. A pesar de un crecimiento del PIB superior al 2% anual durante esos 100 años, la deuda todavía era del 150% en 1850 y del 70% en 1914. ¿Fue lo mejor que pudo haber hecho el Reino Unido con esos recursos?”.

Otro ejemplo: las compensaciones de guerra establecidas en el Tratado de Versailles de 1919 dispararon la deuda de Alemania a alrededor del 350% de la renta nacional. “Con un tipo de interés del 4%”, reflexiona el economista, “sólo el pago de intereses habría supuesto que Alemania transfiriera cada año alrededor del 15% de su producción nacional durante las décadas de 1920-1930 sin siquiera poder comenzar a reembolsar su deuda. En 1931, en plena Gran Depresión, las deudas alemanas fueron anuladas, abandonada cualquier perspectiva de reembolso”.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la deuda se redujo de forma expeditiva: Francia pasó del 273% de la renta en 1944 al 47% en 1948, Alemania del 183% en 1944 al 33% en 1948. ¿Pero cómo? “En Francia se aplicó un tributo excepcional sobre la riqueza en 1945, pero sobre todo la inflación superó el 50% anual durante cuatro años, entre 1945 y 1948, y la inflación redujo mecánicamente la deuda pública, pero arruinó a millones de pequeños ahorradores y condenó a la pobreza a las personas mayores en la década de los 1950”, razona el el jefe de información económica en Moncloa: “Alemania, traumatizada por la hiperinflación de los años 1920, introdujo impuestos progresivos y excepcionales sobre la propiedad privada, algunos de los cuales se mantuvieron hasta los años 1980 y además se benefició de la suspensión de su deuda externa en la Conferencia de Londres de 1953, que se canceló definitivamente en 1991. En el caso del Reino Unido, la inflación fue menor que en Alemania y en Francia, lo que explica que su deuda se mantuviese elevada durante las décadas de 1950 a 1970”.

“En conclusión”, dice Fuentes Castro, “es posible reducir la ratio de deuda de diferentes formas, pero solo el crecimiento real del PIB lo hace 'a coste cero'. La acumulación de superávits primarios es condición necesaria, pero no suficiente, e implica un coste de oportunidad. La inflación es una mecanismo drástico y eficaz para reducir la ratio de deuda, pero genera un conflicto distributivo, al albur de los precios, y empobrece especialmente a las rentas bajas. Los impagos deterioran la credibilidad del Estado y rompen el equilibrio de legitimidades entre acreedores y deudores. Las anulaciones o quitas forman parte de la Historia y exceden la lógica financiera: priman criterios políticos y/o sociales. En la crisis de la COVID-19 hay vida más allá de los eurobonos, cuya puesta en práctica sería benéfica para la zona euro. Pero, antes o después, habrá que ponerse manos a la obra para reducir una deuda que ahora necesitamos. A la vista de los precedentes históricos, nadie debería extrañarse de que Europa termine planteándose algún día si proceder y cómo a una 'reducción mancomunada de deudas', con criterios técnicos que no serán exclusivamente financieros. Es la Historia”.

La carga de la deuda es algo que preocupa a los dirigentes europeos, teniendo en cuenta que Comisión Europea ha instado a varios países (Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España), al aprobar sus borradores de planes presupuestarios, a tener cuidado con la generación de deuda demasiado grande: las respuestas de los gobiernos a la pandemia acumularán 1,5 billones de euros de deuda adicional, lo que empujará la deuda soberana de la eurozona por encima del tamaño de la economía del bloque este año por primera vez.

De acuerdo con un informe sobre sostenibilidad de la deuda publicado este viernes por la Comisión Europea, España está en “alto riesgo”, al igual que Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Rumanía, países particularmente golpeados por la pandemia, además de Grecia, el país más endeudado de la UE.

Hace pocos días, el diario Handelsblatt presentaba un artículos que abunda en el debate, más aún si llega desde Alemania. Lo escribía el ministro en jefe de la Cancillería Federal, el conservador Helge Braun. Se titulaba: “Un pacto para Alemania tras la pandemia”. En él se leía que “el freno a la deuda no podrá ser respetado en los próximos años, incluso cuando se mantenga una estricta disciplina de gasto”. Así aludía Braun a esa disposición descrita en el artículo 115 la Carta Magna alemana, según la cual los déficits públicos han de limitarse al 0,35% del PIB nominal. Es decir, parte del Gobierno alemán no ve factible regresar a las reglas fiscales en el corto plazo.

La pandemia ha hecho que, de momento, las autoridades alemanas se olviden de los límites para contraer deudas. Así, el estado alemán se endeudó en 2020 por valor de 130.000 millones de euros. Este año el Bundestag ya ha aprobado 180.000 millones de euros en deudas. Pese al parón económico que han supuesto –y aún suponen– las medidas anti-COVID-19, ese endeudamiento está permitiendo a la economía encajar el envite económico de la pandemia mejor que otros países de su entorno.

“Debido a la pandemia, estamos en un buen momento para endeudarse”, dice a elDiario.es Michael C. Burda, profesor de economía de la Universidad Humboldt de Berlín. “En este nuevo mundo que tenemos ante nosotros, al menos temporalmente, vamos a tener más gasto en sanidad. Además, hay que ocuparse de toda esa gente que no tiene trabajo. Lo que se está haciendo en realidad es invertir en el futuro de la economía”, añade.

En 2020, la economía alemana cayó un 5%, según los datos presentados esta semana por el ministro de Economía, el también conservador Peter Altmaier. Ese porcentaje es menor a lo que inicialmente se esperaba. A mediados de 2020 se llegó a indicar que la caída del PIB teutón sería de hasta un 6,3%. Es decir, iba a registrarse el peor hundimiento económico en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Haberse olvidado de las deudas ha evitado ese escenario.

“Hay dos asuntos que debemos tener en cuenta para hacer frente a la deuda que estamos creando”, reflexionaba el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una entrevista con elDiario.es, apuntando por donde podría ir el regreso a las reglas fiscales en la UE a partir de 2022-2023: “La primera fase es cómo estábamos antes de la crisis, el resultado de las políticas de los Estados miembros. Y luego tienes la segunda fase, que es la crisis del COVID-19 y la deuda que nos hemos visto obligados a generar colectivamente con el mandato de la Comisión. Y algunos dicen que podría llamarse deuda covid, que es la deuda de este momento, la deuda 2020-2021, una situación en la que tomamos una acción conjunta global para evitar la crisis, para proteger a las personas y creamos una deuda adicional. Es una deuda adicional que creamos juntos y hay que ver cuál sería su vencimiento, cómo afectaría a este o aquel país. Debemos asegurarnos de tener en cuenta esto”.