Los principales sindicatos de la Administración de Justicia han anunciado este martes un calendario de movilizaciones que arranca este miércoles a las 12.00 horas y se prolongará en el mes de abril para reivindicar la equiparación salarial en el sector y la mejora de las condiciones laborales y han instado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a reabrir la negociación. “Se ha acabado nuestra paciencia”, han advertido.
Los representantes de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSFI), el Sindicato de Trabajadores dela Administración de Justicia (STAJ), UGT y CCOO han comparecido en rueda de prensa para informar del “conflicto laboral” existente en la Administración y han advertido de que si desde el Ministerio no atienden las reivindicaciones, no descartan convocar una jornada de huelga general.
El presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF, Francisco Lama, ha explicado que, además de la movilización de este miércoles que terminará con una concentración en la Audiencia Nacional, se continuará el próximo 4 de abril con una concentración frente a la sede del Ministerio de Justicia y la semana siguiente entre los días 5 y 13 de dicho mes con movilizaciones en las capitales de provincia de forma interna. “El ministro nos ha dado de lado, vamos a salir a la calle y, lo quiera o no, ahora nos va a escuchar”, ha dicho Lama.
A su vez ha recordado que hace más de diez días presentaron cerca de 10.000 firmas al ministro Rafael Catalá solicitando la apertura de la mesa de negociación y que se ha dado la callada por respuesta. “El Ministerio de Justicia se ha olvidado de los funcionarios que llevan más de diez años sin actualizar sus retribuciones en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Registro Civil Central, el Instituto Nacional de Toxicología y en las comunidades con las competencias transferidas”, ha dicho.
Diferencias salariales de 500 euros
La diferencia salarial en estos casos alcanza los 500 euros al mes pese a pertenecer a los mismos cuerpos nacionales, asumir las mismas responsabilidades y realizar las mismas funciones, han dicho. Al respecto, el secretario general del sector de Administración de Justicia de Comisiones Obreras, Luis Calero, ha denunciado que desde el año 2008 no ha habido una subida salarial pese a la cada vez mayor carga de trabajo y ha pedido que se revise al alza el complemento específico.
Otra de las reivindicaciones pasa por la mejora de las condiciones laborales las cuáles “son cada día peor”, según ha expuesto la responsable de Justicia de STAJ, Emilia Rubio. Durante su intervención ha denunciado que la falta de medios ha obligado a los funcionarios a hacer un “sobresfuerzo significativo” para solucionar los “múltiples fallos y deficiencias” en los juzgados.
Así, ha destacado los que tienen lugar en el uso de las nuevas tecnologías y en concreto con la plataforma de comunicaciones electrónicas Lexnet, de cuyas deficiencias se ha hecho eco el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en su informe relativo al año 2017. “A los políticos les preocupa más vender su imagen que las necesidades en la Justicia. Ante los medios se saben vender muy bien, luego hay que ver la realidad”, ha dicho.
Los representantes sindicales han instado a que se recupere el complemento de violencia sobre la mujer y establecimiento de complementos en otros órganos especializados, además de que se revise la normativa de guardias e incremento de las retribuciones por este concepto y la retribución por insularidad.
Igualmente han denunciado que el Ministerio ha modificado unilateralmente la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que está privando a los funcionarios de su derecho natural de participar en el diseño de los proyectos de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) y la Nueva Oficina Fiscal (NOF) además de la reforma del Registro Civil.
“Hemos sido engañados”
Victoria Carrero, responsable del sector de Justicia en UGT ha asegurado que, más que mesas de negociación lo que parece que ha habido con el Ministerio es mesas informadoras. “Hemos sido engañados”, ha apostillado en referencia a las 50 enmiendas a la Proposición de Ley para la reforma de la LOPJ presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Denuncian que estas enmiendas, que afectan a los centros de destino, la movilidad forzosa y la atribución de funciones, se han aprobado a instancias del Ministerio de Justicia y que los sindicatos se han enterado de ello por las informaciones surgidas en los medios de comunicación.