Un día y medio de huelga. Los sindicatos de la Inspección de Trabajo han desconvocado esta misma tarde el paro indefinido en el organismo público, el primero de su historia, sin lograr las mejoras laborales pactadas hace casi dos años con el Gobierno y en medio de duras acusaciones contra el Ejecutivo, de “mala fe” y de “instrumentalización” del servicio público en “guerras internas” entre los dos partidos que forman la coalición. En la plantilla se resignan a que las medidas prometidas no recibirán la luz verde de Hacienda antes de las elecciones del 23J.
“El Gobierno de España ha instrumentalizado a la Inspección de Trabajo, cuando somos un servicio público, que llevamos desde 1906 trabajando para velar por los derechos de los trabajadores”, critican los sindicatos UGT, CSIF, UPIT, SITSS, CIG,USESS y SISLASS, que llamaron a la huelga indefinida desde este lunes, 26 de junio.
Aunque el paro nació formalmente como indefinido, los sindicatos reconocían que esta semana era clave y que seguramente pondría fin a la movilización. Ya fuera porque el Gobierno –y en concreto el Ministerio de Hacienda– accediera por fin a aprobar las mejoras laborales pactadas en julio de 2021, por las que la plantilla lleva meses movilizándose, o porque no lo hiciera y dejara este conflicto pendiente al Ejecutivo que resulte de las próximas elecciones generales.
Finalmente, los sindicatos se han resignado a aceptar la segunda opción ante las declaraciones del ministerio de María Jesús Montero sobre que no pretendía tratar el conflicto del personal de la Inspección de Trabajo en la próxima reunión de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), que publicó El País. Esta reunión, que en el Ministerio de Trabajo habían comunicado a los sindicatos que tendría lugar este miércoles 28, había centrado gran parte de las esperanzas de los representantes de la plantilla.
Sin embargo, fuentes de Hacienda señalaron ayer a este medio que la CECIR no se celebraría el miércoles, aún a la espera de fecha. “Ni se va a convocar una por un motivo concreto, ya que se reúne todos los meses”, restaban importancia al encuentro desde el departamento de Montero.
Críticas sobre “mala fe” y “guerras internas”
“No han tenido ni buena fe, ni transparencia, y es que nos han comunicado en varias ocasiones que nuestra Relación de Puestos de Trabajo se aprobaba inmediatamente, ¡¡¡y sin embargo esto no ha sido así!!!”, continúan en la nota de prensa que informa de la desmovilización. “Se ha jugado con la Inspección de Trabajo, se ha utilizado esta con fines partidistas y eso no podemos permitirlo, y todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos, como los de los propios trabajadores de la Inspección de Trabajo”, denuncian.
Los sindicatos señalan tanto a Hacienda como a Trabajo, ya que consideran que han estado en medio de acusaciones cruzadas por parte de los dos ministerios, uno del PSOE y otro de Unidas Podemos, “con fines partidistas”, dice Ana Ercoreca, portavoz del SITSS.
A finales de mayo, poco antes de las elecciones autonómicas, en Trabajo acusaron a Hacienda de romper el acuerdo de mejoras laborales de julio de 2021, al rechazar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pieza fundamental para la plantilla en la reorganización del organismo público, la mejora salarial de ciertos puestos y la promoción profesional. Entonces, se señalaron motivos políticos, que perjudicaban a Unidas Podemos antes de los comicios del 28M, mientras se alcanzaban pactos con el personal de Seguridad Social y Justicia, del ala socialista.
Desde entonces, Hacienda propuso una oferta de RPT la semana pasada, pero Trabajo y los sindicatos la consideraron “insuficiente”. En el departamento de María Jesús Montero advirtieron de que la RPT era un asunto de negociación interministerial. “Los ministerios no son mediadores con las organizaciones sindicales para abordar un expediente de RPT”, criticaban al equipo de Yolanda Díaz.
Este martes, tras una protesta frente a la sede de Función Pública en Madrid, los sindicatos han optado por desconvocar la huelga ante sus escasas esperanzas de soluciones y para “servir a los ciudadanos”, destaca Ercoreca. “Esperamos que el próximo Gobierno tenga voluntad de arreglar esto”, lamenta con resignación María José Díaz, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT).