Ya hay luz verde de la Comisión Europea a la solución ibérica para abaratar el recibo de la luz, tras el “acuerdo político” anunciado este martes por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, para desligar el precio del gas de la factura mediante un mecanismo que las eléctricas han intentado tumbar por varias vías.
Finalmente, Bruselas ha aceptado imponer un límite de 50 euros el megavatio hora (MWh) durante un año al precio de la generación eléctrica con ciclos combinados. El tope está bastante por encima de los 30 euros/MWh que habían propuesto inicialmente España y Portugal, que según dijo Ribera rebajaría la factura “a la mitad”.
Con esta nueva referencia, el ahorro para el consumidor respecto a los precios actuales, coinciden expertos consultados, va a ser significativo. Falta conocer los detalles del mecanismo. El Gobierno español confía en aprobarlo en el próximo Consejo de Ministros y empezaría a reflejarse en las facturas de mayo, según Ribera.
En un sector tan complejo como el eléctrico, el diablo está en los detalles, pero los expertos coinciden en que, a la espera de la letra pequeña, los precios del mercado mayorista se van a reducir muy sensiblemente con respecto a los de los últimos meses, en los que el denominado pool ha pulverizado todos los récords, en especial tras la invasión de Ucrania.
Un tope de 50 euros a la generación con gas equivaldría, sumando el coste de los derechos de emisión, a unos precios del pool de unos 130 euros-140 euros/MWh. Son niveles que no se ven desde el pasado septiembre, y aunque muy superiores a los de un año normal (el doble, en cifras redondas), contrastan con el precio medio de marzo, que fue de 283 euros/MWh. Entonces, el mercado mayorista pulverizó todos sus récords contaminado por la exponencial subida del gas natural derivada del conflicto bélico.
Bruselas ha aceptado que ese tope sea inferior en las primeras semanas de aplicación de la medida, cuando se va a fijar en 40 euros, para aumentar luego hasta esos 50 euros. Esto se traducirá en precios del orden de los 100-120 euros/MWh, inéditos desde el pasado agosto, lo que va a tener su traslado a la inflación, que en marzo tocó un máximo del 9,8%, un pico condicionado en parte porque el INE por ahora solo calcula el IPC de la electricidad midiendo los contratos que están acogidos a la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).
El visto bueno de Bruselas al mecanismo es “una muy buena noticia” para consumidores, pymes e industria, según dijo este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una intervención en el Senado, en respuesta al popular Javier Maroto. Este aseguró que la llamada solución ibérica “no cambia las cosas de la noche a la mañana” y lamentó que la inflación española doble la europea. Lo cierto es que, una vez esté en vigor su efecto va a ser inmediato.
La solución propuesta por Madrid y Lisboa, amparada en su escasa interconexión con Francia, pasa por un sistema de doble subasta para intentar evitar distorsiones en las exportaciones al otro lado de los Pirineos. Las compensaciones a los propietarios de las centrales térmicas por la diferencia entre el precio real del gas y ese límite de 50 euros saldrán del propio sistema eléctrico, según ha reiterado en diversas ocasiones Ribera. La vicepresidenta asegura que no se cubrirán con fondos públicos ni aumentará el déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico). No está claro cuál va a ser el mecanismo utilizado.
“Un balón de oxígeno”
“Tener un pool alto asfixia a mucha gente, y no hablo ya de consumidores domésticos. Va a ser un balón de oxígeno, está claro”, dice Francisco Valverde, experto en mercado eléctrico y responsable de Renovables en Menta Energía. Los grandes beneficiados, por volumen de consumidores, van a ser los que más han sufrido las subidas de los últimos meses, empezando por los millones de hogares acogidos al PVPC, que tienen el coste de la energía directamente referenciado al del mercado mayorista. También muchas grandes industrias que compran su energía directamente en el pool y pymes con contratos vinculados a esa referencia.
Tradicionalmente estaban en PVPC en torno al 40% de los suministros de baja tensión, unos 10,5 millones de consumidores, según el último boletín de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que data de mayo de 2021, justo antes del inicio de la escalada del pool. Todo apunta a que la cifra actual es inferior a ese 40%, porque según ese organismo, en 2021 hubo un importante trasvase (1,25 millones de cambios de usuarios) de clientes al mercado libre, con precios más estables y, hasta esta crisis, más caros que el PVPC.
Esta tarifa es imprescindible para acogerse a los descuentos del bono social, cuyo abanico de beneficiarios prevé ampliar hasta 2 millones de hogares el plan de respuesta a la Guerra en Ucrania que debe ratificar el Congreso este jueves.
“Pongamos que hay un 30% de domésticos en PVPC”, dice Valverde, que recuerda que también “muchísima industria, pymes y negocios dependen del pool y esto les va a dar un poquito de oxígeno”. Un ejemplo concreto: “Tengo un cliente que es un colegio grande, con piscina, que en marzo solía pagar entre 6.000 y 8.000 euros. Este marzo han pagado 30.000 euros. Igual que un cole puede ser una ferretería, un supermercado o una gran superficie”, ilustra.
Este experto aplaude cómo el Gobierno español ha jugado sus cartas para arrancar esta solución a la UE amparándose en la escasa interconexión con Francia. “La realidad de España y Portugal no tiene nada que ver con la de Centroeuropa”, remacha.
Ignacio Soneira, director general de Axpo Iberia, el mayor productor suizo de energía renovable y líder internacional en el trading y comercialización de energía solar y eólica, subraya que, a la espera de los detalles, “si sale lo que parece que puede salir, puede ser positivo para los consumidores finales”, tanto acogidos a PVPC como los que van directamente al pool. Y recuerda que “todos los contratos a plazo siguen estando influidos por el precio spot [el mercado diario] y se van a cerrar a precios más bajos que hasta ahora”.
Soneira advierte de que en el mercado de futuros, “hoy han desaparecido los compradores, sobre todo para el tercer y cuarto trimestre”. “El mercado quiere ver lo que va a pasar; está operando mucho menos y hasta que no se vean los detalles de lo que va a salir la gente va a ser muy cautelosa”. No en vano, los operadores de los mercados eléctricos (controlados por bancos y eléctricas y tradicional refugio de ex altos cargos) han cargado contra esta medida en los últimos días.
Joaquín Giráldez, de la consultora en mercado eléctrico Ingebau, comparte esa inquietud sobre los futuros: “Es imposible encontrar referencias para cerrar un contrato a plazo”, lamenta. “Si voy a hacer una cobertura y voy a comprar a un generador su producción, necesito cubrirme y saber cuánto va a valer esa energía: ¿va a ser el precio en frontera? Entiendo que será el de la energía inframarginal de ese agente. Pero ¿quién paga la diferencia entre los 50 euros y el precio final? ¿La demanda o la generación inframarginal? No se sabe”.
Giráldez lamenta que en este sector solo pueden equivocarse “los grandes agentes”. Y le preocupa cuál es la referencia válida para los derivados que se contratan en el mercado eléctrico. O qué pasa con quienes han hecho los deberes cerrando coberturas a precios muy superiores a los que ahora se adivinan.
En el lado de los consumidores, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) exige que se siga trabajando para que el derecho a la energía este garantizado más allá de “parches” como este acuerdo, que “podría resultar en un pequeño salvavidas pero ahí no queda todo. Con esto no se solucionan todos los problemas de la factura eléctrica. Debemos seguir exigiendo mayor transparencia y unos precios justos para los consumidores”, destacó en un comunicado su presidente, Fernando Móner.
Facua-Consumidores en Acción cree que ese tope de 50 euros/MWh “no evitará que en 2022 los consumidores paguen el recibo más alto de toda la historia”. En su opinión, el límite fijado es “desproporcionadamente alto”, “nada menos que un 67% por encima de la cifra que plantearon de inicio los gobiernos español y portugués”. Según Facua, los 30 euros/MWh propuestos inicialmente ya “derivarían en un precio de la luz que seguiría siendo absolutamente excesivo, con lo que la cantidad pactada no representará precisamente una factura justa para los consumidores”.
Por su parte, Adicae valora “positivamente” el acuerdo, aunque cree que es “insuficiente” porque excluye a los consumidores de la tarifa fija en el mercado libre, por lo que insta al Gobierno a “estar vigilante” e “impedir” que las eléctricas trasladen los costes de esta medida a los consumidores acogidos a esa modalidad.