La subida del 0,9% de las pensiones, del 1,8% del ingreso mínimo vital, 25.012 millones para desempleo y otras partidas laborales de los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado ponen negro sobre blanco qué políticas van a implementar los gobiernos (o pretenden hacerlo). Más allá de las declaraciones, las cifras sitúan la apuesta política en cada partida. En materia laboral, el proyecto de cuentas públicas concreta la subida de las pensiones y su gasto estimado en el año, los apoyos a la Seguridad Social para sufragarlas, el desembolso en políticas activas de empleo y en la protección por desempleo, entre otras. Comenzando por las pensiones, la mayor partida del gasto, el proyecto recoge la subida general de 0,9% y del doble, el 1,8%, para las pensiones no contributivas, “como consecuencia de la especial protección a dispensar a los beneficiarios de estas prestaciones por su situación de vulnerabilidad”.

Como cada año, la mayor parte del gasto social de los Presupuestos Generales del Estado se destina al pago de las pensiones, con una partida total de 163.297 millones de euros, un 3,2% más que este año. En total, supone el 42,4% del gasto total para 2021. El gasto se estima teniendo en cuenta tanto el incremento de las pensiones como la previsión de la llegada de nuevos pensionistas. 

El proyecto de Presupuestos contempla expresamente el mantenimiento de la llamada “paguilla” de las pensiones, para que en caso de que el IPC medio de los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 sea mayor al estimado (0,9%), se abone a los pensionistas la diferencia “antes del 1 de abril de 2022 y en un único pago”.

Las transferencias corrientes del Estado a la Seguridad Social crecen un 83,3% respecto al presupuesto base 2020 hasta alcanzar los 31.177 millones de euros. La ministra portavoz y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que “por primera vez se hará una transferencia a la Seguridad Social” para complementar su caja y que el Estado asuma ya parte de los llamados “gastos impropios”, como ha recomendado el Pacto de Toledo, con una partida que asciende a “13.929 millones de euros”. Entre estos gastos impropios están los permisos paternidad y maternidad (2.784 millones) y las deducciones en las cotizaciones (1.779 millones).

Fondo de pensiones público de empleo

Estos Presupuestos recogen además los planes del Gobierno para escoger mediante un “concurso competitivo abierto” las entidades gestora y depositaria para el fondo de pensiones público de empleo que prevé crear, una vez que presente un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el plazo máximo de doce meses. Según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, los fondos de pensiones públicos de empleo serán de “carácter abierto” en relación con los procesos de inversión desarrollados y se atribuirá a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción.

Los fondos de pensiones públicos de empleo estarán regidos por una comisión de control. La política de inversiones del fondo de pensiones, aprobada por la comisión de control, se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este Ministerio tendrá derecho de veto en relación con las decisiones de la comisión de control del fondo que afecten a la estrategia de inversión, así como a la sustitución de las entidades gestora y depositaria.

Subida salarial del 0,9% para empleados públicos

Los empleados públicos verán subir sus sueldos un 0,9%, según anunció ya el Gobierno, para mantener el poder adquisitivo el próximo año, atendiendo a la previsión de inflación. Según se desprende de las cuentas públicas, el gasto de personal de los empleados públicos del Estado y sus organismos alcanzará los 25.018,4 milllones de euros el próximo ejercicio.

Aumento del 1,8% del ingreso mínimo vital

Las cuentas públicas incluyen además un aumento de las prestaciones del ingreso mínimo vital del 1,8%, en línea con el aumento de las prestaciones no contributivas. La dotación para el ingreso mínimo vital, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, es de un total de 2.988 millones de euros para el próximo año.

Los Presupuestos detallan que “hay que destacar el aumento de las dotaciones para la transferencia a la Seguridad Social en 1.517 millones para financiar el ingreso mínimo vital, para las pensiones no contributivas en 102 millones y el destinado a la atención humanitaria y migraciones con un incremento de 58 millones”.

Un 20% de fondos para protección por desempleo

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incrementan en gran medida, en un 20%, la partida de políticas de Desempleo, que asciende a 25.012 millones de euros, “siendo una de las políticas a las que más recursos se asigna”, destaca el proyecto.

La partida pretende tanto dar cobertura a la protección por desempleo de las personas que se queden sin trabajo, así como las dotaciones para la prestación que reciben los trabajadores en ERTE hasta el 31 de enero y los autónomos protegidos por la prestación de cese de actividad. Fuentes del Ministerio de Trabajo insisten en que ambas medidas se mantendrán más allá de esa fecha si es necesario, “como ha ocurrido este año” en el que tampoco tenían una partida presupuestada, pero que por el momento en las Cuentas Públicas incluyen la partida con esta previsión.

En este capítulo también es muy importante el incremento del IPREM en un 5%, un indicador clave para el cálculo de numerosos subisidios (como el de personas desempleadas mayores de 52 años) y ayudas sociales. Se trata del primer incremento desde el año 2016, que subió un 1%. En la última década, este índice ha estado prácticamente congelado, impidiendo la mejora de las prestaciones y ayudas que reciben colectivos vulnerables. Según ha explicado la secretaria de Estado de Presupuestos, este incremento del IPREM supone un coste de entre “410 y 430 millones de euros”, dependiendo del número de beneficiarios de ayudas vinculadas a este indicador.

Un 30% para políticas activas de empleo

La partida para financiar el Fomento del Empleo, las llamadas políticas activas de empleo, se elevan a 7.405 millones de euros, con un crecimiento del 29,5% con respecto a 2020. Estas políticas son el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación para el empleo, dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por lo que son muy importantes en un momento como el actual de crisis, en el que está aumentando el desempleo y parte de las personas en ERTE puede que acaben perdiendo su empleo y tengan que reorientar su vida laboral. Estos 7.405 millones se componen de una parte de 6.211 de fondos nacionales  y otra de 1.194 con cargo a fondos de la UE mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En este tipo de políticas (las financiadas con fondos nacional) hay dos grandes líneas de actuación: las políticas de “inserción e incentivación de la contratación”, con una dotación de 3.331 millones en estos presupuestos, y “la formación profesional para el empleo”, con 2.771 millones. “El resto de los créditos de esta política corresponde a gastos de funcionamiento y a fomento de la economía social”, explican las cuentas.

De los 3.331 millones para inserción e incentivación de la contratación, 1.655 millones se destinan a bonificaciones para las empresas que contraten a distintos perfiles, como “personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género o jóvenes, entre otros”. En total, el Gobierno estima que 684.000 personas se beneficiarán de las bonificaciones para la contratación.

Destacan también 526 millones para potenciar la orientación profesional en los servicios públicos de empleo, lo que supone un incremento del 64,6% respecto al año pasado. Se dotará de un programa de refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos en las labores de orientación y prospección para el empleo, por importe de 83 millones de euros, mediante el cual se espera que las comunidades “mantengan o contraten a 2.864 personas dedicadas a tareas de orientación y prospección de empleo”. 

Respecto a la formación profesional para el empleo, dotada con 2.771 millones, la partida supone un incremento del 21%, 1.865 millones de euros se dotan en el presupuesto del SEPE y otros 906 al Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Por otro lado, el Plan de Choque por el Empleo Joven se dota de 663 millones para 2021, con el que se pretende, entre otras medidas, incrementar un 15% anual las contrataciones indefinidas de jóvenes y reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5%, entre otros.

Los 1.194 millones de euros con cargo a fondos de la UE sobre todo se destinarán a fomentar el empleo joven (355 millones), para nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en el SEPE (315) y la transformación digital y productiva en el SEPE (298), entre otras partidas.