Préstamos, de momento, no. Es lo que dicen Gobiernos de economías golpeadas por la crisis del coronavirus, como el español y el portugués. Dos gobiernos que, además, han vivido en primera persona cómo se concedieron los préstamos en la anterior crisis económica: a cambio de recortes sociales y sacrificios económicos que adelgazaron servicios públicos como los sanitarios, a los que tanto se les está exigiendo durante la pandemia.
El acuerdo político de julio pasado entre los líderes de la UE estableció un régimen de condiciones vinculado a las transiciones verde y digital, así como a las recomendaciones de país del semestre europeo (el mecanismo de gobernanza de la Comisión Europea). La negociación de los reglamentos que desarrollan el fondo de recuperación y que están teniendo lugar entre el Parlamento Europeo, el Consejo (los 27 gobiernos) y la Comisión Europea han dado alguna vuelta de tuerca relacionada con la amenaza de que se corten los fondos si los países no cumplen con los requisitos del pacto de estabilidad y crecimiento (3% de déficit y 60% de deuda público), que se encuentra suspendido durante 2020 y lo estará también en 2021.
Pero, ¿y después? ¿Cómo se volverán a aplicar las normas fiscales cuando regrese el pacto de estabilidad y países como España puedan estar en un déficit del 10% y una deuda del 110%? Según las previsiones del FMI, España alcanzará un déficit récord del 14,1% del PIB este año, la deuda podría alcanzar el 123% en 2020.
Es una duda presente y que influye en la toma de decisiones, y hace que el apetito por el endeudamiento con las instituciones europeas se rebaje mientras, gracias a los programas de compra masiva de deuda del Banco Central Europeo, hace que los Estados europeos puedan financiarse en condiciones óptimas en los mercados: en la última subasta del Tesoro español, hace dos semanas, se colocaron 2.325 millones con tipos negativos.
España tiene adjudicados 140.000 millones para la recuperación, 72.000 en subvenciones y 68.000 en préstamos. Los plazos se atrasan por las negociaciones los trámites parlamentarios pendientes, la emisión de deuda que habrá que hacer y los procesos de adjudicación, y no empezará a llegar el dinero antes del verano de 2021. Pero, en todo caso, el Gobierno español ya dijo el día que presentó las líneas generales de los planes de reforma, el pasado 13 de octubre, que no quería recurrir, de momento, a los préstamos.
“Apuesta por volcar todo el esfuerzo en las transferencias”
“Es prioritario centrar un fondo en el desarrollo de estos estímulos fiscales”, explican en el Gobierno: “Por eso se ha apostado por volcar todo el esfuerzo en las transferencias, especialmente en los primeros tres años. Pero esto no quiere decir que no se vaya a recurrir en los tres años siguientes a los créditos. Es un plan para seis años. Los primeros tres años van a estar centrados y orientados en la ejecución de las transferencias, empezar por las transferencias lo que permite es ir viendo cómo se puede modular en los siguientes tres años el uso de los créditos”.
Como recordaba este lunes la Comisión Europea, mientras que las transferencias se podían pedir desde el 15 de octubre y hasta el 15 de abril, “la ventanilla para pedir los créditos está abierta hasta la mitad de 2023”.
“Tu puedes a mitad de 2023 volver a la Comisión Europea y decirle que quieres extender el programa incorporando los créditos”, explican en el Ejecutivo: “Ahora nos concentramos en las transferencias y, después en función de las necesidades, dado que la Comisión Europea te lo permite, el Gobierno decidirá cuánto y qué cantidad de créditos son necesarios. Estamos abiertos a completarlo para la segunda parte del plan”.
Esta posición española está compartida por el Gobierno portugués. El propio primer ministro, António Costa, anunció hace tres semanas que, de momento, sólo querían las subvenciones (15.000 millones) y aplazada la decisión sobre los préstamos (10.000 millones): “Portugal tiene una deuda pública muy alta y asume salir de esta crisis más fuerte desde el punto de vista social, pero también más sólido desde el punto de vista financiero”, dijo en un discurso en un acto al que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La partida de préstamos del plan de recuperación de 750.000 millones de euros asciende a 360.000 millones.
Italia, por su parte, ha señalado que quiere utilizar la totalidad de los préstamos, mientras se lo piensa Francia y está por ver si los países ricos del norte de Europa deciden utilizarlos, en tanto que ya disfrutan de costes de endeudamiento muy bajos por sí mismos.
Lo que parece es que, de momento, España y Portugal son reacios a someterse a cualquier tipo de condicionalidad y prefieren pedir prestado mediante bonos nacionales o no pedir prestado.
Un préstamo que si están pidiendo, y que ya empezará a llegar a España a partir de este martes, es el vinculado con el programa SURE para financiar los costes de los ERTE y las ayudas a los autónomos golpeados por la crisis. La primera gran emisión de deuda de la Comisión Europea, 17.000 millones del SURE, celebrada el 15 de octubre, se saldó con una gran demanda, ya que los inversores presentaron ofertas por más de 233.000 millones. Los rendimientos de esa venta de deuda indican que los países del sur de la UE podrían obtener ahorros si buscan aprovechar futuras rondas de financiación de la Comisión Europea en lugar de recaudar el dinero por ellos mismos.
España ahorraría 5,6 millones de euros anuales por cada 1.000 millones de euros utilizando préstamos de fondos de recuperación, según cálculos de ING citados por el Financial Times; mientras que los ahorros para Italia serían de 11,7 millones de euros al año; Grecia podría ahorrar 12,8 millones por cada 1.000 millones de euros prestados; y Portugal, 5,5 millones de euros, según los cálculos basados ​​en los costes actuales de endeudamiento de los países en comparación con la emisión del SURE por parte de la Comisión Europea.
Préstamos con calificación triple A
El comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, eso sí, afirmó la semana pasada que el comisionado de presupuesto de la UE, sugirió el miércoles pasado que las bajas tasas de que disfruta la Comisión Europea por tener calificación de triple A podrían convencer a algunos Estados miembros a reconsiderar su renuncia a utilizar préstamos de fondos de recuperación. Fuentes de la Comisión insisten que los préstamos comunitarios son ventajosos para países como Italia y España, que podrán financiarse más barato así. “La vicepresidenta Nadia Calviño, que fue directora de Presupuestos de la Comisión Europea”, dijo Hahn, “sabe bien cómo fue la emisión del SURE”.
El Gobierno de Italia, sin embargo, está gestionando el debate público sobre la necesidad o no de recurrir al MEDE sanitario, los préstamos sin condiciones del fondo de rescates de la UE que, por el estigma del pasado, ningún Estado miembro ha pedido aún su parte de los 250.000 millones que ha dispuesto el organismo comunitario. Pero, en principio, sí quiere acceder al total de lo adjudicado por el fondo de recuperación, incluida la parte de los créditos.
Así, de todo el potencial de fuego para la recuperación y para amortiguar los costes sanitarios de la crisis, los Estados desde el principio decidieron orillar el MEDE, si bien los países del sur pelearon para que la única condicionalidad fuera sanitaria; y está en el aire qué parte de los 360.000 millones de los créditos del fondo de recuperación termina empleándose. En total, muchos miles de millones que permanecen en la recámara a pesar del descalabro económico sin precedentes que está sufriendo Europa.