Eurodiputados de izquierdas denuncian a la Comisión por ocultar los tratos fiscales con multinacionales
El grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo (GUE), al que pertenecen Podemos, IU, Bildu o Syriza entre otros, ha presentado una demanda contra la Comisión Europea en el Tribunal de Justicia (en la corte de Primera Instancia). El motivo de la querella radica en las conclusiones de un estudio independiente encargado por el GUE por las restricciones impuestas por dicha institución a la hora de facilitar el acceso a documentos relativos a los acuerdos fiscales entre cualquiera de los estados miembros y las multinacionales; unos acuerdos (“tax rulings”, en inglés) que van destapando una red de paraísos fiscales en la UE a medida de las grandes firmas transnacionales como Apple, Starbucks, Fiat o Google.
Las conclusiones del estudio, realizado por los profesores de Derecho Público Andreas Fischer-Lescano y Nele Austermann por encargo del think tank alemán Centre of European Law and Politics, son inequívocas: el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker viola la legislación comunitaria al no entregar los documentos reclamados, entre ellos las minutas y actas del trascendental Grupo del Código de Conducta sobre la tributación de los grandes negocios (CoCG, en inglés). Se trata de un cónclave que pertenece al Ecofin, el Consejo de ministros de Finanzas de la UE, y que delibera fundamentalmente sobre la fiscalidad de las grandes firmas en la Unión en medio de la opacidad, según revela el texto.
El informe, de 30 páginas, asegura que la Comisión Europea no ha justificado las restricciones y limitaciones de acceso a los documentos impuestas a los eurodiputados que solicitan revisarlos, especialmente los que pertenecen al comité parlamentario especial TAXE, que se creó a raíz del escándalo LuxLeaks (febrero de 2015) y que supervisa todas las cuestiones relativas a la fiscalidad comunitaria. Fischer-Lescano y Austermann, profesores de la Universidad de Bremen, enumeran aproximadamente media docena de artículos y normas violadas por la institución.
El catedrático Andreas Fischer-Lescano es un profesor muy popular en Alemania, ya que en 2011 demostró que el entonces ministro de Defensa y figura emergente del equipo de Angela Merkel, Karl-Theodor zu Gutemberg, había plagiado su tesis. El barón de Gutemberg tuvo que dimitir tras revelarse este secreto.
El eurodiputado alemán (de origen italiano) Fabio De Masi ha sido el encargado de presentar la querella. “La Comisión ya no puede parapetarse más tiempo tras el secreto fiscal, cuando ha estado reteniendo vastas cantidades de información política a miembros elegidos en el Parlamento Europeo”, lamenta De Masi. “Esto ya no va de privacidad de los contribuyentes, sino de respaldar a los carteles que evaden al fisco y que cuestan a los ciudadanos europeos cientos de miles de millones de euros al año”, apunta.
De Masi se refiere a los apaños que varias multinacionales pactan con los estados miembros para pagar menos impuestos por los beneficios obtenidos, algo que se ha puesto recientemente de manifiesto en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo o Irlanda. El estudio, titulado El Derecho de Acceso a la Información del Grupo del Código de Conducta, analiza la decisión del pasado 9 de diciembre, por la cual la Comisión denegó “la solicitud de proveer el acceso a todos los documentos que habían sido redactados por la Comisión desde 1998”, en cooperación con el desconocido Grupo del Código de Conducta.
La negativa, dicen los autores, es “ilegal”, y viola, entre otros, los artículos 8.3 y 15.3 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea además del artículo 2.1 sobre la transparencia Regulatoria 1049/2001. La Comisión tampoco puede alegar “confidencialidad” en el recurso del artículo 13 de la Carta Fundacional del Grupo del Código de Conducta, perteneciente al Ecofin. Y a continuación aparecen una serie de normativas sobre transparencia que también son ultrajadas por el rechazo a desclasificar documentos, indican los profesores de Derecho Público.
La Comisión, en respuesta a este medio, deniega tales imputaciones. “Hemos cooperado activamente con la comisión especial parlamentaria TAXE y TAXE 2 y hemos tenido un contacto regular con el señor De Masi”, aduce un portavoz. “Unos 415 documentos se han hecho disponibles a petición del Parlamento Europeo y hemos tenido en cuenta las recomendaciones hechas por TAXE”. El portavoz añade que los estados miembros están siendo consultados para desclasificar otros 63 documentos.
“Estamos contentos por escuchar a la Comisión decir que va a liberar más documentos, pero el problema es que las minutas y actas del Grupo de Código de Conducta son, estimamos, unos 5.000 documentos”, ironiza Fabio De Masi.
Más severa se muestra Paloma López (IU): “Hemos encargado este estudio porque sabíamos que la Comisión estaba actuando en contra a la ley para proteger a los implicados. El estudio revela como Juncker está impidiendo el acceso a la información sobre los acuerdos fiscales con multinacionales y cómo muchos Estados miembros conocían y permitían la situación de abuso fiscal de un buen número de multinacionales europeas”.
