Diez países de la UE (España incluida) dan otra oportunidad al Impuesto sobre las Transacciones Financieras
Han pasado ya casi cuatro años desde que un grupo de países de la Unión Europea decidió implementar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) inspirado en la famosa Tasa Tobin. La dilación en crear y aplicar aquel principio de acuerdo hacía presagiar que nunca se iba a materializar y hasta los propios negociadores lo daban por muerto. Pero esta semana, y para sorpresa de las propias organizaciones a favor de este impuesto, diez países de la UE, con España entre ellos, han dado otro paso más que al menos reaviva la posibilidad de que el impuesto se aplique.
Aunque la buena noticia es que el impuesto no se ha enterrado, la mala es que sigue perdiendo apoyos y se desdibuja. del grupo original, Austria, Alemania, Bélgica, España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal, que firmó el acuerdo a finales de 2012 se ha caído Estonia. Pero aún permanecen los países que se pueden considerar núcleo duro en el euro.
Según fuentes próximas a la negociación, Bélgica que ya había asumido que se salía de esta alianza, cambió de opinión en el último momento, dando un giro a las conversaciones sobre el impuesto. Eslovenia, actualmente presidente de la UE, quiere dar el impulso definitivo para que la media salga bajo su mandato.
Por el momento, hay un consenso en que se gravarán acciones y derivados pero no los relacionados con deuda pública. Pero no se aclara la tasa que se aplicará. La propuesta de la Comisión Europa era gravar en un 0,1% las operaciones de compra y venta de acciones y bonos, y con un 0,01% las operaciones con derivados. Según Bruselas, la zona del euro podría recaudar entre 50.000 y 60.000 millones de euros anuales si la tasa se implantara en todo los países miembro. Las estimaciones apuntaban a que España podría recaudar entre 5.000 y 6.000 millones anuales.
El siguiente paso ahora se dará en cerrar posiciones en un Ecofin de noviembre y tener para diciembre cerrado un acuerdo final que firmen los implicados. Es clave que ningún otro país se dé de baja ya que es necesario un mínimo de nueve países para que una medida así salga adelante.
En el caso de que por fin se aprobara, no se aplicaría hasta 2018, según explicó Luis de Guindos a los medios.
Los países están trabajando en el diseño de un impuesto que no provoque una huida de operaciones financieras fuera de sus fronteras. La llegada del Brexit puede haber participado en animar a los países centrales de la zona del euro a forjar su propio impuesto. La City es el principal mercado financiero, pero si ya va a poner sus propias trabas para operar (como perder el pasaporte europeo en las transacciones), la implantación de la tasa puede ser vista como un mal menor para los operadores.
La utilidad de esta tasa es doble: por un lado recaudatoria y de mostrar a los ciudadanos que los bancos también pagan a la sociedad y por otro, asegurar la trazabilidad de la cadena de transacciones que podría disuadir de operar en paraísos fiscales.
Con todo, la idea de esta tasa surgió ya en las cumbres de 2009 y siete años después sigue dando tumbos en las mesas de reuniones sin que haya una luz verde definitiva.
