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La UGT-A despide a un trabajador al que imputa el borrado de 1.756 archivos

La UGT-A despide a un trabajador al que imputa el borrado de 1.756 archivos

EFE

Sevilla —

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La UGT de Andalucía ha despedido al secretario general de la sección sindical de sus trabajadores en Sevilla, Laureano Conde, al que señala como autor del borrado de 1.756 ficheros informáticos que, según el sindicato, dificultará aclarar las irregularidades en la gestión de fondos públicos.

Una nota de prensa de dicha sección sindical afirma que la medida es “injustificada” y pretende usar a los trabajadores como “cabeza de turco para intentar tapar las presuntas irregularidades del sindicato”.

La sección sindical anuncia una rueda de prensa para el próximo martes en la que explicará los detalles de esta medida.

El trabajador, según la central sindical, ha recibido esta mañana la carta de despido disciplinario como presunto autor de la destrucción de “importante y voluminosa documentación e información de la entidad, utilizando para ello un programa informático que impide identificar cuál ha sido la concreta documentación que ha sido borrada”.

Fuentes del sindicato han explicado a Efe que el programa utilizado, llamado C-Cleaner, “se baja gratis de internet y solo borra los archivos temporales de internet y no los de cualquier otro tipo, lo que es fácilmente verificable por cualquier informático”.

El despido disciplinario se ha producido después de que la UGT Andalucía denunciase el martes el borrado de 1.756 archivos y la copia de más de 22.400 desde ordenadores internos del área de administración del sindicato, lo que dificulta la investigación que lleva a cabo sobre las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de formación.

En rueda de prensa, el secretario de Organización de UGT Andalucía, Manuel Ferrer, informó de que el sindicato ha abierto expediente a tres trabajadores por estos hechos, dos de los cuales se cerraron con amonestación.

Ferrer afirmó que UGT denunciará el caso en los tribunales cuando reúna las pruebas suficientes y que el borrado de los archivos se ejecutó entre enero y junio de este año con un programa que no deja huella y no permite recuperarlos, algo parecido a los “discos duros del PP” en el alusión al caso Bárcenas.

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