Unidas Podemos propone un registro de contratos que incluya las sanciones a caseros por no hacer obras o alquilar infraviviendas
Unidas Podemos quiere crear un registro nacional de contratos de alquiler (RCA, por sus siglas) que recoja no solo los precios y el estado de las viviendas, sino las sanciones firmes que hayan recibido los propietarios por no realizar obras, no tener cédula de habitabilidad, alquilar infraviviendas o sobreocupar los pisos. Este registro sería más detallado que los que ya existen en las comunidades autónomas —para depositar las fianzas— pero compatible y sincronizable con ellos.
En el registro también estarían las sanciones firmes o laudos arbitrales de los inquilinos por impagos. Si cualquiera de las dos partes solucionara sus problemas, la información se eliminaría. Y, en todo caso, la constancia en el registro tendría “una duración de cinco años” y quedaría protegida “por la normativa sobre protección de datos”.
La información incluida (partes del contrato, finca, situación de la vivienda, número de cédula de habitabilidad, si dispone de calefacción, refrigeración y muebles y si pertenece a una SOCIMI o no) podría ser utilizada por la Agencia Tributaria, el Poder Judicial y explotarse con fines estadísticos. Los propietarios no podrían disfrutar de los beneficios fiscales que España les ofrece sin inscribir su contrato en el RCA. El sindicato de técnicos de Hacienda calcula que el 45% de los contratos de alquiler no se declaran.
La idea es parte de la propuesta del partido para regular el alquiler. Hasta ahora, desde Unidas Podemos y el ministerio de Derechos Sociales habían defendido la regulación tal y como estaba definida en el pacto de Gobierno —“los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas” — pero no habían compartido los detalles. Un documento al que ha accedido elDiario.es los da. Se trata del Capítulo III de la Ley de Vivienda que plantean, titulado “régimen de contención de rentas en áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado”.
Los equipos negociadores —por parte del ministerio de Transportes, el secretario de vivienda David Lucas; por parte del de Derechos Sociales, la futura ministra Ione Belarra— retomaron las conversaciones la semana pasada, cuando Pablo Iglesias ya había anunciado que dejaba el Gobierno para presentarse en la Comunidad de Madrid. EL PSOE compartió su propuesta para modular los beneficios fiscales para propietarios, aumentando la reducción de IRPF al 90% a quien bajara el 10% el precio del alquiler. Unidas Podemos respondió que eso incumplía el acuerdo de Gobierno.
El ministerio de Ábalos aseguró que su propuesta hacía “compatible la contención de los precios con un significativo incremento” de la oferta y se desmarcó de la regulación de los precios indicando que en Alemania o Francia no han funcionado.
Los detalles para regular los precios en áreas urbanas y tensionadas que sugiere UP son los siguientes:
- La renta inicial no podrá superar el índice de referencia para una vivienda similar. Los índices los elaborarán las Comunidades Autónomas.
- Si ya había contrato, el precio no podrá ser superior a la renta vigente en los cinco años anteriores + el índice de garantía de competitividad (una tasa similar al IPC). Si ese contrato era con un familiar, este supuesto no aplica. En cualquier caso, el precio no puede ser superior al índice.
- Si el casero hace obras de mejora puede subir el precio según lo previsto en la LAU, que nunca es más del 20%.
- Si en la misma vivienda hay varios contratos (ejemplo: piso de estudiantes) el precio conjunto no podrá superar el índice.
- Los gastos: las partes pueden acordar que los paga el casero según lo previsto en la LAU.
- Si el propietario no cumple estos límites, la comunidad autónoma le puede sancionar y el inquilino reclamarle lo que le debe con intereses (el interés legal incrementado en tres puntos).
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