Guadiana del Caudillo ha gastado más de 20.000 euros en su batalla legal contra la Memoria Histórica

El Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo ha gastado más de 20.000 euros en los diferentes recursos abiertos contra la Ley de Memoria Histórica. Se trata de una batalla legal por el mantenimiento de los vestigios inconstitucionales que siguen en la vía pública, y en defensa del topónimo franquista en el nombre del municipio.

El PSOE local denuncia que el alcalde Antonio Pozo, que abandonó el Partido Popular para fichar por VOX, tiene tres recursos contencioso-administrativos pendientes. Unos procedimientos judiciales que lleva el bufete Millans del Bosch Abogados, según la documentación que les ha facilitado el ayuntamiento.

A la cuenta de gastos se suma un catálogo de vestigios elaborado por el Consistorio, con el que el equipo de gobierno concluyó en marzo de 2017 (entonces con mayoría del PP) que ninguno de los 82 vestigios de la guerra civil y la dictadura contabilizados en Guadiana incumplen la Ley de Memoria Histórica.

Los socialistas advierten que el catálogo ha sido elaborado por Luis E. Togores, un reconocido miembro de Falange Española y de la Fundación Francisco Franco, de modo que no le dan credibilidad al documento.

Más gastos

A los gastos judiciales de las facturas municipales se suma una comida del alcalde y los abogados del contencioso por valor de 248 euros, más un jamón valorado en 350 euros, “que aparece en la lista como ‘regalo protocolario’ en la lista de arqueo de las cuentas municipales”.

El PSOE define los recursos contra la Ley de Memoria Histórica como una batalla personal del actual líder local de VOX. Eso sí, sufragada a costa del erario público. Señala cómo se ha rotulado el nombre del municipio, con el topónimo ‘Del Caudillo’, en todos los espacios y servicios públicos. Entre ellos la casa de cultura, el cementerio o el transporte municipal.

Francisco Moreno, concejal socialista, critica que “está invirtiendo el dinero de todos en defender un genocida franquista. También el título de caballero de honor que le otorgó la Fundación Franco”.

Recuerda así que Antonio Pozo, acompañado del exdiputado extremeño del PP Juan Antonio Morales, acudió a Madrid a recoger el título de caballero de honor que le entregó la fundación. Como narraba la propia Fundación Francisco Franco en su página web, antes de eliminar el contenido, el regidor de Guadiana del Caudillo relató a los asistentes “las vicisitudes habidas en el campo judicial para mantener la denominación de su pueblo”.

Sentencias en contra

Uno de los litigios abiertos enfrenta al ayuntamiento con el PSOE, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón y obliga a Guadiana a retirar el escudo y la placa de exaltación fascista dedicada a Franco que permanece expuesta en la fachada del Ayuntamiento. El tribunal le da tres meses para quitar el águila de San Juan y el recuerdo expreso a Francisco Franco que siguen presidiendo la casa consistorial.

El alcalde ha respondido que el Ayuntamiento recurrirá ante el Supremo, ante el Tribunal Constitucional o ante el de Estrasburgo “si preciso fuera”. Considera que la decisión judicial “no ajustada a derecho”, de modo que la cuenta de litigios seguirá incrementándose, según denuncian los socialistas.

Hay que sumar la denuncia interpuesta por el abogado Eduardo Ranz, por incumplir la Ley de Memoria Histórica, y por la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Badajoz obligó al municipio a confeccionar el listado de vestigios.

Fuera de las subvenciones de Diputación

Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana se han quedado fuera de las subvenciones del Plan Dinamiza Extraordinario de la Diputación de Badajoz por no cumplir los requerimientos del comité de expertos de la Memoria Histórica. El ayuntamiento ha recibido un requerimiento para que devuelva 142.000 euros en concepto de subvención, correspondientes a 2017, a lo que se suma la pérdida de otros 98.000 de este año en curso.

La Institución provincial ya aclaró que las subvenciones son “de libre concurrencia”, y cada ayuntamiento decide si concurrir o no. Aquellos que decidan hacerlo deben cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Sin más.

Interpreta que uno de los preceptos para recibir la partida es el cumplimiento de esta norma específica, y “cuando alguien concurre a subvenciones públicas conforme a unas bases, tiene que cumplir esas bases”. Sin embargo Antonio Pozo anunció otro contencioso con la institución provincial.

Desde el PSOE señalan que el ambiente está muy ‘caliente’ en el municipio, como quedó demostrado con la concentración ciudadana celebrada el pasado 24 de noviembre en Guadiana bajo la convocatoria del colectivo Guadiana Despierta.

Una plataforma ciudadana que se ha echado a la calle para mostrar que “en el pueblo también se quieren eliminar los vestigios franquistas, aunque el alcalde se oponga”.