Las claves del acuerdo entre PSOE y Junts

1. El pacto entre PSOE y Junts es fácil de resumir: una amnistía a cambio de una investidura. No hay grandes avances más, tampoco grandes novedades. Porque casi todo lo demás es inconcreto, condicionado y poco claro: un acuerdo sobre los desacuerdos, con la voluntad de negociar. Un texto más bien pensado para que cada partido pueda vender que no ha habido grandes renuncias, cuando realmente sí las hay. 

2. Desde el lado del PSOE, la principal cesión es evidente: una amnistía, que durante años negaron siquiera como posibilidad. Un borrón y cuenta nueva que extinguirá la responsabilidad penal de alrededor de medio millar de personas en Catalunya, no solo de Puigdemont, y que también incluirá a los policías de las cargas del 1 de octubre, o a los bomberos que se pusieron frente a ellos. Pero por mucho que la derecha hiperventilada asegure que hay muchas otras cesiones, la realidad es que no es así. Basta con leer el texto en su totalidad. 

3. En cuanto a Junts, la gran renuncia es también evidente. De la defensa a ultranza de la vía unilateral, pasamos a una posición muy distinta: Junts “propone” un referéndum de autodeterminación “amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Un artículo donde se habla de la posibilidad de un referéndum “consultivo”, que convoca el rey y aprueba el Congreso de los Diputados, a propuesta del presidente del Gobierno español. 

4. En la práctica, esto supone que Junts propone –que no exige– un referéndum pactado con el Gobierno, que a renglón seguido explica que tampoco se lo va a dar, porque el PSOE “defenderá” el “amplio desarrollo del Estatuto de 2006”. No la autodeterminación.

5. Por si hubiera alguna duda de esa renuncia a la vía unilateral, este mismo jueves por la mañana tanto ERC como Junts se han abstenido en una votación en el Parlament catalán, ante la propuesta de la CUP para organizar otro referéndum sin negociar. 

6. En cuanto a la financiación, de nuevo se pacta la discrepancia, el diálogo y poco más. Porque es verdad que Junts “propondrá” la gestión directa del 100% de los impuestos: un modelo fiscal equivalente al cupo vasco. Pero el PSOE solo se compromete a “apostar por medidas que permitan la autonomía financiera” de Catalunya. No un cupo catalán.

7. “El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias”, insiste el acuerdo. “Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”, lo cual está por demostrar. Pero hay una voluntad de acuerdo, de “buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”.

8. Sí hay un relato común, que es interesante y pertinente, de cómo hemos llegado hasta aquí. Es un hecho: “Catalunya es la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía”. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, provocada por el recurso del PP, recortó el pacto para un nuevo Estatut que había sido aprobado en los parlamentos y en las urnas. De ahí viene, sin duda, el conflicto actual. “Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política”, se dice también. 

9. El texto de la amnistía aún no se conoce. No será público aún. “Está ya cerrado”, asegura Santos Cerdán, aunque otras fuentes de la negociación dicen que aún quedan algunos pequeños flecos por peinar. “Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, reza el acuerdo. Al que después se añade un párrafo que es como ver a un malabarista en acción. Se habla de lawfare, pero después de un “pudieran”; condicionado a las “conclusiones de las comisiones de investigación” que ya se habían pactado hace dos meses, en el acuerdo para la mesa.

10. ¿Existió lawfare contra los independentistas? Es difícil afirmar lo contrario, con autos como el del juez García Castellón acusando de “terrorismo” a Puigdemont –después de haber asegurado a la Justicia europea que no había ninguna investigación abierta contra él–. Aunque la ambivalencia del texto impide precisar hoy hasta qué punto la amnistía finalmente amparará casos como el del escolta de Puigdemont, condenado a cuatro años y medio por malversación –por trabajar en ese puesto, cuando cobraba como asesor de la consellería de Interior–. O el de Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont y procesado por un viaje a Nueva Caledonia, pagado con dinero público, donde se celebró un referéndum de independencia que, según los jueces, fue “un viaje personal”.  

11. Habrá verificación internacional, algo que también figuraba en el acuerdo con ERC. Aunque por ahora se detalla poco de en qué consistirá. Solo se especifican sus funciones: “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

12. Frente a la literalidad del acuerdo, contrasta la hiperventilada respuesta de la oposición. Especialmente –como siempre– de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cruzado nuevas líneas rojas al calificar al futuro gobierno de “dictadura” y al pedir que se movilice en su contra “el rey, el Ejército y las fuerzas de seguridad”. Un discurso netamente golpista, de aquellos que dicen defender la Constitución.