La irresponsabilidad de votar no a la reforma laboral

Para algunos partidos o diputados, la votación de la reforma laboral es un asunto abstracto. Va del relato y consiste en aprovechar esta oportunidad para darle una colleja al Gobierno, para desgastar a la ministra más valorada, Yolanda Díaz, o para que la coalición no se apunte una victoria. Es pequeña política, de la cortoplacista, de la más irresponsable. Porque si este decreto no se aprueba, cientos de miles de trabajadores recibirán directamente en sus costillas esa patada que algunos quieren dar al Gobierno. 

Hay en España casi 400.000 fijos discontinuos que, con esta reforma laboral, empezarán a acumular antigüedad y derechos que hasta ahora no tenían.

Hay en España 4,3 millones de trabajadores temporales, de los que una buena parte empezarán a tener contratos indefinidos con esta reforma. No es algo teórico: ya está pasando. En enero, el porcentaje de contrataciones indefinidas casi se ha duplicado respecto a la media de la última década. 

Y hay cientos de miles de trabajadores, especialmente en las empresas multiservicios, que dejarán de estar sometidos a convenios precarios. En muchos casos, hablamos de mejoras de sueldo muy notables. Para una camarera de piso de Barcelona que ahora no esté amparada por el convenio de su sector –y empezará a estarlo con la reforma, que les da prioridad sobre los convenios de empresa–, el decreto que se vota este jueves supone 5.000 euros más de salario al año, según los datos que manejan los sindicatos. 

Para un transportista de Madrid en las mismas circunstancias, son más de 7.000 euros anuales. Para un empleado de pista de un aeropuerto, más de 2.000 euros. 

Para muchos trabajadores de la hostelería en Baleares, más de 7.000 euros al año dependen de que se apruebe este decreto.

En todo el texto de la reforma laboral que este jueves se vota en el Congreso no hay un solo punto, ni uno solo, que no suponga una mejora para los trabajadores. ¿Se podría llegar más lejos? Es posible, y de hecho es lo que pretenden los propios sindicatos y el Gobierno. “Esto no es una reforma de punto final”, explica Unai Sordo (CCOO) en esta entrevista: “La reforma no implica que haya otras materias de la legislación laboral que no se puedan seguir abordando a lo largo de la legislatura”.

Algunas de las futuras mejoras en el mercado laboral irán con el apoyo de la patronal. Otras no, como ya ha pasado con la última subida del salario mínimo. Pero quienes dan lecciones de “traición a la clase obrera” a este Gobierno olvidan que, desde que llegó la coalición, el salario mínimo ha subido un 30%. 

Es cierto que el compromiso previo del Gobierno –tanto del PSOE como de Unidas Podemos– era otro: derogar la reforma laboral de Rajoy. Y es legítima la crítica de quienes argumentan que el Gobierno está incumpliendo esa promesa: los que defienden que tendrían que haberla derogado en su totalidad, incluso asumiendo otra reforma unilateral, sin el apoyo de la patronal. Hay muchas personas que también creen que es preferible así: una reforma de máximos sin los empresarios, y que dure lo que tenga que durar. No es una posición que yo comparta –expliqué mis razones en un artículo previo–, pero sí creo que al menos es debatible. O defendible. O coherente. Un tema donde yo también tengo mis dudas, y encuentro argumentos para cambiar de opinión.

Es coherente criticar al Gobierno porque esta reforma es incompleta y votar sí o abstenerse ante este decreto. Donde no veo coherencia alguna, y sí mucha irresponsabilidad, es en pedir más avances, pero intentar tumbar los que se logran; votar ‘no’ a este decreto para dar una patada al Gobierno, pero en el culo de los trabajadores. “Es injustificable decir que impides que se suba un peldaño en derechos laborales tan importantes como los que tenemos en este acuerdo porque faltan otras cosas”, argumenta Pepe Álvarez (UGT) en esta entrevista. Y tiene toda la razón.

Porque la posición de algunos partidos ante la votación de este jueves responde a otras cuestiones, distintas a la coherencia o a la defensa de los intereses de los trabajadores. Por eso una derecha que está a la derecha de la patronal y una izquierda que dice estar a la izquierda de los principales sindicatos dirán que no a la reforma laboral más favorable para los trabajadores y con más consenso social de la historia reciente de España. 

En el caso de EH Bildu, hay al menos un mínimo argumento: que los principales sindicatos vascos están en contra del acuerdo. Un ‘no’ de ELA y LAB que, en parte, tiene más que ver con las pugnas con CCOO y UGT que con el contenido del acuerdo, como demuestran los argumentos que usan para justificar su posición. No creo que esta sea la postura más coherente, pero al menos EH Bildu tiene una excusa de la que colgar su ‘no’. Lo mismo ocurre con el BNG y su sindicato más cercano, CIG.

El rechazo de los sindicatos vascos también sirve en gran medida para explicar las reticencias del PNV, lo más parecido a una derecha europea que existe en la península ibérica –que por ahora está en el ‘no’, aunque las negociaciones continúan abiertas–. Un partido supuestamente de Estado que se puede descolgar de este acuerdo por motivos poco entendibles: por la competencia con EH Bildu y por otro asunto menor, la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal, a pesar de que este tipo de convenios apenas existen en Euskadi.

Las críticas de los sindicatos vascos y gallegos explican una parte de los ‘noes’ en el Congreso de los Diputados. No es ese el caso de ERC, esa misma izquierda que gobierna en Catalunya con la derecha, pero dice estar a la izquierda de los propios sindicatos a los que están afiliados buena parte de sus militantes y votantes. 

Pero no nos engañemos. ERC no vota en contra de este acuerdo porque le parezca una traición a los trabajadores o una reforma cosmética. Lo hace porque están enfadados con el Gobierno por otros motivos y porque les preocupa el ascenso en la popularidad de Yolanda Díaz entre sus propios votantes. Y cuando Gabriel Rufián dice que esta reforma no es de izquierdas porque va a votar a favor Ciudadanos (lógico, una derecha que no está a la derecha de la patronal, igual que UPN y el PDeCAT) olvida que también la apoyan la gran mayoría de los diputados de izquierda en el Congreso. ¿O es que esa ERC que gobierna con la derecha es más de izquierdas que Podemos, Izquierda Unida, Más País o Compromís?

A estas horas del día, y mientras los partidos van marcando sus últimas posiciones, la reforma pende de un hilo. Es un síntoma del tipo de enfermedad que padece la política española.

La patronal y los principales sindicatos han estado a la altura. Han hablado, han negociado y han logrado un acuerdo. Y han priorizado los intereses de quienes más lo necesitan: los de los trabajadores más precarios. 

Mientras el diálogo social logra ese pacto, tan inédito como importante en un momento de polarización extrema y crisis mundial de la democracia, buena parte de los diputados votarán en contra, siguiendo esa máxima que tantos desastres ha provocado en la política, a izquierda y a derecha: “Cuanto peor, mejor”. ¿Mejor para quién? Desde luego, para los trabajadores no.

Para algunos partidos o diputados, la votación de la reforma laboral es un asunto abstracto. Va del relato y consiste en aprovechar esta oportunidad para darle una colleja al Gobierno, para desgastar a la ministra más valorada, Yolanda Díaz, o para que la coalición no se apunte una victoria. Es pequeña política, de la cortoplacista, de la más irresponsable. Porque si este decreto no se aprueba, cientos de miles de trabajadores recibirán directamente en sus costillas esa patada que algunos quieren dar al Gobierno. 

Hay en España casi 400.000 fijos discontinuos que, con esta reforma laboral, empezarán a acumular antigüedad y derechos que hasta ahora no tenían.