Las mentiras y verdades en la carta de Carles Puigdemont

Falso. Solo el 43% del pueblo catalán participó siquiera en esa votación, que no referéndum, porque no tuvo las mínimas garantías legales para llamarlo así: ni en el recuento ni en el censo ni en cómo se convocó. La comparación con el Brexit es falaz porque en Reino Unido se movilizaron activamente los partidarios del ‘sí’ y del ‘no’, porque aquel fue un referéndum legal y porque la participación fue muy superior al 1 de octubre catalán: el 72,2%.

También es tramposa la comparación con el referéndum del Estatut de 2006, donde participó un 48,8% del censo catalán, más que el 1 de octubre a pesar de que fue una votación de escasa movilización porque la inmensa mayoría de los partidos eran partidarios del sí, no había incertidumbres sobre el resultado y por eso mucha gente no votó.

Si lo que quiere decir Puigdemont es que el porcentaje de catalanes sobre el censo que votó ‘sí’ el 1 de octubre fue superior al del sí al Estatut o al Brexit, sigue siendo tramposo igual. Porque en Reino Unido los porcentajes de participación en las elecciones son históricamente mucho más bajos que en España, porque ni el recuento ni la votación cumplieron ni siquiera la propia ley catalana y porque la comparación adecuada es con la ley que hoy pretenden derogar: la Constitución. En Catalunya fue respaldada por el 91,1% de los votantes en un referéndum con el 67,8% de participación.

Falso. Aquella sesión estaba teóricamente convocada para cumplir con la supuesta legalidad catalana, la ley del referédum y la ley de transitoriedad, que obligaban al Parlament a admitir en 48 horas los resultados del referéndum y declarar la independencia. El president no hizo eso. Tampoco suspendió esas leyes ni tal cosa se votó –solo lo propuso–, por lo que el Govern y el Parlament se situaron en un curioso limbo donde ya no cumple ni con la legalidad española ni tampoco con la legalidad catalana que el Parlament el 7 de septiembre aprobó.

Es una media verdad. Puigdemont no solo suspendió la declaración de independencia para propiciar el diálogo. También lo hizo por la incertidumbre económica, por la presión de una parte de su propio partido y por la certeza de que una República de Catalunya nacida así no tendría ni un solo apoyo internacional.

Cierto. Y hace tiempo que Mariano Rajoy debería haberse reunido con Carles Puigdemont, como pide –esto sí– la inmensa mayoría del pueblo catalán y todos los partidos catalanes salvo Ciudadanos y el PP. También es mayoritaria en Catalunya la apuesta por un referéndum pactado y con garantías, algo que el 1 de octubre no ocurrió y que algún día, más tarde o más temprano, se tendrá que convocar.

Cierto. Incluso si aceptamos que la independencia judicial reina en la Audiencia Nacional, ni el propio Parlamento Español cree hoy en la independencia del fiscal general del Estado, y por eso lo reprobó. Fue la Fiscalía quien llevó esa denuncia de sedición a la Audiencia Nacional, a pesar de que nunca antes ha sido el tribunal competente para investigar estos delitos. Fue también la Fiscalía quien pidió la entrada inmediata en prisión, y permitió así que lo ordenase el juez. Fue la Fiscalía quien echó más gasolina a este incendio y alimentó a los que, dentro del mundo independentista, apuestan por radicalizar aún más la situación.

Cierto. Y no solo cuando Puigdemont curiosamente admite las normas de una Constitución española que incumple. También cuando recuerda una irresponsable falta de diálogo que no viene de este otoño, sino que lleva ya años instalada en La Moncloa. Fue Mariano Rajoy quien alimentó esta crisis de Estado, con su electoralista recurso contra el Estatut. Fue Rajoy quien rompió la convivencia. Fue Rajoy quien después no la ha querido reconstruir.

Y este último párrafo es clave, es el verdadero mensaje a Rajoy delante de todos los peros anteriores. Porque en él Puigdemont admite algo que no había dicho hasta hoy: que el 10 de octubre no se declaró la independencia. También que el 155 no le frenará.

Falso. Solo el 43% del pueblo catalán participó siquiera en esa votación, que no referéndum, porque no tuvo las mínimas garantías legales para llamarlo así: ni en el recuento ni en el censo ni en cómo se convocó. La comparación con el Brexit es falaz porque en Reino Unido se movilizaron activamente los partidarios del ‘sí’ y del ‘no’, porque aquel fue un referéndum legal y porque la participación fue muy superior al 1 de octubre catalán: el 72,2%.