Iliberal en serio

Con redoble de tambor se ha querido incrustar en la UE una controversia española: el desbloqueo del CGPJ en un piélago de órganos de elección parlamentaria pendientes de renovación en prolongado incumplimiento de la Constitución. Una iniciativa incoada por dos partidos de gobierno que no suman mayoría absoluta (y que por tanto no es ley) ha venido a compararse artificiosamente con la estrategia ejecutada por mayorías absolutas en Hungría y en Polonia para alterar de cabo a rabo sus marcos constitucionales en corto espacio de tiempo, sin escuchar a nadie y desoyendo los reproches de sus tribunales constitucionales y del TJUE. Asemejando situaciones sin nada en común entre sí, causan preocupación las cartas dirigidas a responsables de la UE para cuestionar que España acceda a fondos europeos vitales para familias y empresas, con ataques que remedan los que el secesionismo ha venido perpetrando contra la reputación que tanto nos costó erigir.

 Instituciones europeas, Consejo de Europa, Comisión de Venecia, thinktanks de derechos humanos, llevan años advirtiendo sobre la confrontación del gobierno polaco -en manos del ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS)- con los valores del art.2 TUE cuya sanción se regula en el art.7. Si Polonia ha sido puesta bajo foco ante su acelerado galope iliberal, no ha sido por una iniciativa sobre el Consejo Judicial más o menos criticable, sino por la implacable acumulación de nada menos que seis leyes, aprobadas y en vigor, que no dejan títere con cabeza: TC, TS, Poder Judicial, Oficina Judicial, Cámara Disciplinaria, y “Ley mordaza” que amenaza con sanciones a jueces críticos que apliquen la obligada primacía del Derecho de la UE. 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y su Carta de Derechos, la Comisión LIBE en la Eurocámara examina todo riesgo de violación grave de los principios comunes del art.2 TUE: ha resultado ser el caso de una putinización de Hungría que actuó de precursora de la orbanización de Polonia. Por eso, recientemente, el Pleno del PE aprobó mi Informe sobre Rule of Law exigiendo del Consejo una decisión en el marco del art.7 y la condicionalidad del acceso al Presupuesto y a los Fondos Europeos al cumplimiento de las reglas por las que se está en la UE. En su día (2018), la activación del art.7 sólo pudo sumar una mayoría de 2/3 (difícil en un Parlamento muy plural y fragmentado) tras años de exhaustivo trabajo y testimonios masivos, en sucesivos hearings (Audiencias), de sus jueces y fiscales, abogados, activistas, periodistas, ONGs, académicos y expertos. 

A estas alturas, el diagnóstico describe un “Constitutional breakdown”: depuración y ocupación de todas las terminales del Poder Judicial y abuso de la fiscalía (encabezada sin más por el ministro de Justicia). Por toda respuesta, el Gobierno polaco no solo ha desoído las Resoluciones del PE, sino que ha despreciado varias sentencias del TJUE como la que le ordena suspender su “Cámara Disciplinaria” y la llamada “Ley mordaza” por contrarias al TL: rayando el surrealismo, insiste, por toda respuesta, en una conspiración izquierdista, contraria a su “identidad nacional”. En un giro de tuerca, no por esperado menos inaceptable, Polonia y Hungría ¡imponen al Consejo su veto al acuerdo con el PE, largamente negociado y celebrado como histórico, por el que se incrementan el MFF y el Fondo de Recuperación como parte de un “paquete” con el Reglamento que establece la Rule of Law conditionality! Más de 400 millones de ciudadanos/as de la UE, con sus esperanzas a cuestas, penden ahora de que el Consejo mantenga y doble ese pulso que bloquea unas ayudas tan necesarias como urgentes.

Como Presidente de LIBE y Ponente de este último Informe sobre Polonia -con el voto del PP-, velé por que sus conclusiones fuesen precisas y factuales, atentas a datos y a hechos, sin excesos verbales, sabiendo que, en los medios polacos, gubernamentalizados, se ataca esta supervisión y a quienes personalmente participamos en ella. Pero su mensaje es claro: pluralismo, garantía del Derecho, y la función de oposición por la que la minoría de hoy sea mayoría mañana, son valores cuestionados cuyo respeto es esencial para que Polonia regrese a donde pertenece. Cuando el PE expresa preocupación por Polonia, defiende a la ciudadanía polaca que, por serlo, es europea.

En contra de la falaz pero recurrente réplica de la derecha polaca que acusa al PE de imponerle un “injusto doble rasero”, urgimos a la Comisión a establecer un Marco de Estado de Derecho que, con carácter permanente, periódico y objetivo, evalúe anualmente la adecuación de las leyes de los EE.MM a los valores comunes del art.2 TUE. Cumpliendo nuestro mandato el Comisario de Justicia D. Reynders debatió ante LIBE su primer Informe Anual sobre Rule of Law en los 27 EEMM: ¡su principal crítica a España reside en no renovar sus órganos en los tiempos constitucionalmente ordenados! 

¿Alguien cree seriamente que la secuencia polaca tiene algo que ver con lo que pasa en España? ¿Acaso alguna mayoría absoluta aplastando minorías? ¿O no es más bien otra cosa?: Gobierno minoritario, con dificultades notorias para legislar -incluso para cumplir el art.134 CE aprobando anualmente una Ley de Presupuestos-, no consigue desbloquear la renovación de órganos de elección parlamentaria por un motivo más próximo al veto filibustero impuesto por una minoría que a ningún inexistente rodillo de mayoría. ¿Una parálisis dañina para las instituciones? Sin duda, pero, lamentándolo, cabe preguntarse quién incumple aquí con ellas y los valores europeos ¿No será quizá quien solo piense en prorrogar su hegemonía sobre su composición, que, a fines de 2020, trae todavía causa de aquella mayoría absoluta que el PP obtuvo en 2011 -¡9 años atrás!-, pero perdió ya en 2015?