Indultos: lo más difícil
Una de mis competencias como ministro de Justicia residía en elevar propuestas de indulto al Consejo de Ministros: su deliberación colegiada era segura e ineludible. Cada gracia se adoptaba atendiendo pros y contras, pensando en sus implicaciones y sus explicaciones. Aunque históricamente residual y estadísticamente excepcional, en todo decreto de indulto palpita, llamativamente, una de esas medidas controvertibles, arduas, quizá de las más espinosas, en las que se ejerce Gobierno.
Conforme a la Constitución (que se refiere ¡por tres veces! a la “prerrogativa real de gracia”, arts.62.i, 87.3 y 102.3 CE) y la Ley que lo regula (de ¡18 de junio de 1870!, modificada en 1988), un indulto no consiste en ninguna revocación de la sentencia, ni en su revisión. Asume un punto de partida: ha habido ya un juicio justo, por un Tribunal independiente, con todas las garantías (defensa, presunción de inocencia, derecho a la prueba y a los recursos), y se ha dictado condena fundada en Derecho y firme. Se reduce a condonar (“perdonar”) el cumplimiento total o parcial de alguna de las penas impuestas (principal y/o accesorias), por razones de “equidad” (un tiempo penitenciario que se estime innecesario) o de “utilidad pública”. Entender esto es crucial: indultar no es enfrentar al Gobierno (que refrenda los decretos que llevan la firma del Rey) con “la Justicia” en general, como tampoco, en concreto, con el Juez sentenciador. Se limita a dispensar -las más de las veces, en parte- el agotamiento de penas que, de otro modo, sería íntegro. Y a hacerlo por razones políticas, no jurisdiccionales, con valoración responsable de su utilidad social.
Ojalá fuese posible compartir tales motivos con una oposición de Estado. Pero, mientras no sea así, como parlamentario, jurista y profesor de Derecho, exministro de Justicia, apoyo, pleno, a mi Gobierno en su función constitucional, que incluye, y cómo, tough choices. Lo respaldo especialmente en esta hora difícil, en las duras y maduras. Porque he formado parte de su acción tengo fundada confianza en que sus decisiones se cimientan en la buena fe y en el mejor servicio al interés general y nacional de España, expresiones ambas recibidas en la letra de la Constitución. De modo que también lo defiendo en la consideración de fondo que explique el riesgo que asume con un gesto que no mire a los “políticos presos”; sino a Cataluña en España.
Como a millones de españoles, me duele el deterioro dramático de la cuestión catalana en los años de que traen causa los hechos enjuiciados en la Sala II del TS. Es incuestionable que un porcentaje de la ciudadanía de Cataluña se ha ubicado en posiciones que dicen ser inconciliables con su encaje en España. El desgarro contumaz de esos hilos intangibles que nos hacen vivir juntos indican con gravedad que, si no se hace nada en absoluto ni nadie se atreve a intentar algo que no sea la ya ensayada reiteración de errores como el de contraponer ley y voluntad popular -por más que prolongue enconos que han causado mucho daño-, sólo será cuestión de tiempo que, en la próxima curva o estación generacional, por pura inercia demográfica, esa voluntad de ruptura llegue a ser irreversible.
Somos mayoría, sin embargo, quienes nos comprometemos a relanzar la integridad territorial y constitucional de España. Unida en su diversidad, vertebradora de su fuerte pluralismo en lo político, lingüístico, cultural e identitario, desde la preservación de nuestro espacio común. Asegurar ese activo ante las dificultades que vienen acumulándose, requiere osar, arriesgar, y argumentar con coraje la motivación de obrar. Un indulto motivado e individualizado sobre lo que aun reste de prisión a los convictos del procés no cuestionaría al TS (ni a su Sala II ni a su Sala III), ni se aplaudirá en Colón. Pero su excarcelación -pasados casi cuatro años- es, sí, ampliamente esperada en la sociedad catalana, que es donde primordialmente debería desplegar sus efectos psicológicos, sociales, ergo políticos. Hacia una distensión y, ojalá, una esperanza: que el camino de reencuentro sigue siendo posible, y, a juicio de tantos compatriotas, desde luego deseable frente a cualquier alternativa.
Tal indulto parcial no sería medida fácil, sino muy dura e ingrata. Por eso expreso mi certeza de que, si se resuelve, con su coste y sus aristas, será porque así resulte de una discusión concienzuda y fundamento convincente en que ha preponderado, con los elementos de juicio y los datos en presencia, el interés nacional y superior de España. Y ese acto motivado no tendría, por descontado ningún efecto taumatúrgico, performativo, ni mágico, ni produciría por sí solo un ensalmo de antes y después. Ninguna ingenuidad ni autoengaño. Pero su utilidad pública se acreditará si ayuda a regenerar el clima en que ese antes y después sea -y vuelva a parecer- un horizonte alcanzable. Como el de recuperar a muchos de cuantos ahora rechazan todas las opciones de diálogo para una convivencia en los círculos concéntricos de identidad compatible y ciudadanía abierta que sepa ser al mismo tiempo catalana, española y europea. Con futuro por delante. Y en que -¡mejor antes que después, y de que ya sea tarde!- la España constitucional y plenamente democrática siga siendo europea con toda Cataluña dentro.
