Amaia Egaña, diez años del suicidio que puso nombre propio al drama de los desahucios
Diez años después de que la mujer saltara por la ventana de su casa de Barakaldo cuando iba a ser desalojada, colectivos sociales denuncian que 2.027 familias han sido desahuciadas en el municipio
El 7 de noviembre de 2012 se produjo un primer acercamiento entre el Gobierno del PP, liderado por Mariano Rajoy y, el líder de la oposición, el PSOE. La razón: intentar elaborar un acuerdo para evitar los desahucios, que ya se habían llevado por delante la vida de dos hombres en una misma semana, uno en Granada y otro en Valencia, que se suicidaron cuando iban a quitarles sus viviendas. En la reunión, mantenida por la vicepresidenta primera del Gobierno de aquel entonces, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se llegó a un principio de acuerdo para evitar los desahucios y crear una normativa más favorable para los ciudadanos. Dos días después, Amaia Egaña se quitaba la vida saltando por la ventana cuando iban a desahuciarla de su casa en Barakaldo, Bizkaia. Tenía 53 años.
Amaia Egaña no pasaba, aparentemente, por una situación de exclusión social, lo que hizo que saltaran las alarmas de la sociedad española y la noticia conmoviera a todo el país. Hija del histórico militante del PSE-EE en Gipuzkoa, Ramón Egaña, siguió los pasos socialistas de su padre y en los años 80 se convirtió en concejala del Ayuntamiento de su Eibar natal. Años más tarde se casó con el exconcejal del PSE-EE de Barakaldo, José Manuel Asensio y tuvieron un hijo que actualmente tiene 31 años, 21 cuando su madre se suicidó. Egaña llevaba 30 años trabajando en la empresa pública de transporte Bizkaibus, donde dirigía el departamento de Recursos Humanos. A pesar de todo ello, tenía un crédito hipotecario en La Caixa, entidad que tramitó una orden de desahucio. Según publicó EL PAÍS el día del suceso, la deuda pendiente de Egaña, cuyo impago llevó al desahucio de su casa, no llegaba a los 214.000 euros —en concreto, 164.323 euros de principal y otros 49.300 de intereses—. Egaña saltó al vacío desde la ventana de esa misma casa -un cuarto piso- cuando una comitiva judicial estaba subiendo por las escaleras para entregarle la orden de desahucio el 9 de noviembre de 2012, a las 09.20 de la mañana.
Las reacciones ciudadanas, políticas y hasta de parte de la justicia, no tardaron en llegar. El primero que reaccionó duramente tras lo ocurrido fue el propio juez que realizó el levantamiento del cadáver aquella mañana, Juan Carlos Mediavilla. “No podemos llegar a situaciones como la que hoy hemos vivido aquí. Cuando las consecuencias son tan duras, nos tiene que hacer reflexionar a todos, y, sobre todo, a los que tienen competencias para poner medios y que pueda evitarse”, señaló tras asegurar que se trataba de un caso que “podría ocurrirle a cualquier persona”.
El lehendakari Patxi López confesó a través de su cuenta de Twitter sentirse “destrozado” por la muerte de Amaia Egaña, a la que consideraba “amiga” y señaló que “no se puede jugar con la vida de la gente así” y que había que buscar una solución a los desahucios, “la cara más cruel de la crisis”. Por parte de la ciudadanía, durante los siguientes días al suceso, miles de personas se manifestaron en Barakaldo y en las tres capitales vascas y protagonizaron acciones reivindicativas, como colocar pegatinas con la palabra “asesinos” en las sucursales bancarias del municipio vizcaíno.
Un día después del suicidio, suceso que abrió las portadas de periódicos de todo el país, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en un mitin en Lleida, a las puertas de las elecciones catalanas de aquel año, la “paralización temporal” de los desalojos de las “familias vulnerables”.
Cuatro familias son desahuciadas a la semana
Diez años después, esa paralización de los desahucios ha quedado lejos de convertirse en realidad. En total, 2.027 familias han sido desahuciadas en Barakaldo, una media de cuatro familias cada semana. La mayoría de ellas, un 87%, viven de alquiler, y muchas son desalojadas de las habitaciones que alquilan. Estos son los datos aportados este miércoles por los organizadores de la concentración en memoria de Amaia Egaña, celebrada frente a los juzgados de Barakaldo. Entre los organizadores, que se han concentrado tras una pancarta y carteles en los que se leía el mensaje “Por el derecho a una vivienda digna, no más desahucios”, se encontraban activistas del Centro Asesor de la Mujer (Argitan), la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri-Otxoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT.
“La vecina del municipio Amaia Egaña se quitó la vida un 9 de noviembre del año 2012 cuando iba a ser desalojada de su vivienda. Pasados diez años los desahucios siguen vigentes al igual que la falta de una alternativa habitacional para las familias barakaldesas afectadas”, han denunciado los colectivos sociales que han participado en el homenaje a Egaña.
Durante la concentración, además, han instado al Ayuntamiento de Barakaldo a “dar marcha atrás a su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergencia e incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio, pues un 68% de estas prestaciones se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual; además de mantener el plazo de solicitudes abierto durante los 12 meses del año, tal como lo regula la ley, pues el 3 de noviembre se cerró dicho plazo hasta, como mínimo, cuatro meses”, han criticado. Del mismo modo, los colectivos sociales y sindicatos han concluido la protesta exigiendo a las Administraciones públicas que “apuesten por el alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias afectadas por el desahucio de su residencia habitual”.
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