La amenaza de movilizaciones vuelve a los comedores escolares vascos en el arranque de curso

El inicio del curso en las aulas vascas ha conseguido evitar este año el conflicto en el área del transporte escolar, pese a que la negociación con las empresas se llevó, como ha ocurrido otros años, casi hasta el límite del comienzo de las clases. Sin embargo, persiste la amenaza de conflictividad en otra de las áreas esenciales para el desarrollo con normalidad de la actividad escolar y, desde luego, para facilitar la conciliación de las familias: los comedores escolares, que ya vivieron varias jornadas de huelga el curso pasado. El sindidica LAB, que fue el que capitaneó entonces los paros, ha hecho de nuevo un llamamiento a “iniciar un proceso de lucha por unas condiciones laborales y vidas dignas”. El conflicto está servido.

Los representantes de los trabajadores quieren que el departamento de Educación se siente con ellos a negociar el modelo de comedores escolares y las condiciones de las plantillas, formadas en su mayoría por mujeres. Pero lejos de esa negociación, el departamento que dirige ahora la consejera Begoña Pedrosa ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco la orden que regula los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios “de forma unilateral”, dicen, sin ser acordada con sindicatos ni agentes educativos, por lo que llaman a organizarse y responder con movilizaciones aún por determinar.

En dicha orden la consejera define el servicio de comedor como “fundamental en todo el proceso educativo”, aunque se trata de una prestación que “no está directamente relacionada con los contenidos puramente académicos”. Un carácter “complementario” que se rechaza desde los sindicatos. “El comedor es un espacio más del centro escolar donde se sigue aprendiendo y enseñando y donde las trabajadoras hacen una labor educativa que, a fecha de hoy, sigue sin reconocimiento institucional”, denuncian.

El departamento establece que los comedores de gestión directa por parte de los centros pueden ser de comida elaborada en el exterior, en la cocina central de la empresa contratada, que será la que transportará la comida al hasta el centro escolar, o comida elaborada en el centro (in situ), y la empresa empresa contratada suministrará la materia prima. En este caso de comida in situ el personal de cocina puede ser propio del Departamento vasco o contratado por la empresa.

En cuanto al personal personal monitor y de office será contratado por la empresa adjudicataria del servicio, salvo que el centro educativo cuente con personal del centro que realice dichas labores y deberá cumplir las ratios e recogidas en la Circular de la Viceconsejería de Administración y Servicios en vigor, y que los trabajadores consideran excesivos.

“La consejera no ha reparado en recoger ninguna de las reivindicaciones de las trabajadora, como mejorar los ratios con menos alumnado por monitora, un horario mínimo de comedor, la definición de las funciones, participación en las decisiones del centro, que se reconozca la labor educativa de las trabajadoras y la formación, entre otras”, denuncian los sindicatos.

En estos momentos la circular de funcionamiento que está vigente establece, por ejemplo, un monitor para entre 6y 9 alumnos de 2 años, para entre 8 y 15 de Infantil, entre 16 y 37 de Primaria y entre 21 y 45 comensales alumos de ESO. “El Departamento de Educación tiene que sentarse con las representantes de las trabajadoras a escuchar sus reivindicaciones, alcanzar acuerdos que mejoren sus condiciones laborales y comprometerse al mantenimiento de los puestos de trabajo, así como proporcionar las herramientas necesarias para dar un servicio de calidad”, señalan desde LAB. Entre otras cosas reivindican que los ratios de los educadores cambien para que haya dos educadoras con menos comensales en todas las franjas de la educación. Además, consideran necesario que haya una persona más para hacer frente a las dietas especiales cada vez más demandadas en los colegios.

Las críticas se centran además a la privatización de este servicio. “Se paga con dinero público a unas empresas privadas para su gestión integral, en la cual están incluidos los alimentos y los salarios y condiciones laborales de las trabajadoras, a excepción de algunas pocas escuelas, cada vez menos, en las que el personal de cocina es del propio Departamento”. “Cada vez que un comedor escolar con comida transportada pasa a elaborarse en el propio centro (comedor in situ), la gestión de personal de cocina pasa a ser de las empresas privadas de colectividades”, denuncian. En este sentido, quieren presionar a Educación para que todo el personal pertenezca al departamento. Según reuerdan, “desde el año 2019 el salario del cocinero o cocinera está equiparado al 100% del salario del personal laboral cocinero del Departamento de Educación, y desde el año 2023 también el de las monitoras”. Por ello, no entienden por qué se tiene que tener “trabajadoras subcontratadas” si tienen “el mismo salario y coste económico que el personal laboral” de Educación.

La orden del departamento de Educación establece también las directrices a seguir en el caso de huelgas: “Si el centro no oferta el servicio de comedor el importe a devolver será el 100 % del precio público. Si el centro oferta el servicio de comedor sólo en determinados niveles educativos, el importe a devolver será el 100 % del precio público de comedor en los niveles educativos en los que no oferte el servicio de comedor. Y si el centro oferta el servicio de comedor el importe a devolver a los comensales que no asistan al comedor será el 50 % del precio público de comedor correspondiente a los días de ausencia, siempre que se avise con una antelación mínima de 24 horas”.