Los astilleros pueden perder 40 buques por la demora de Almunia en decidir sobre las ayudas europeas

Los astilleros españoles tienen en cartera 40 nuevos contratos para construir otros tantos buques, lo que supondría una facturación de casi 2.000 millones de euros. Pero todo corre el riesgo de perderse. El servicio de la Competencia de la Comisión Europea, dirigido por el comisario Joaquín Almunia, tiene abierto desde el año 2011 un expediente sobre el sistema español de financiación, conocido como ‘tax lease’, y aunque ya ha aprobado un nuevo esquema que sustituye al que se está investigando, el retraso en la decisión mantiene bloqueada a la industria naval nacional.

La Comisión Europea tiene que aclarar si los astilleros deben devolver las ayudas del anterior ‘tax lease’. Para ello, ha solicitado todo tipo de información a las empresas y a la Administración. Estas ya han remitido toda la documentación que se les requería, según ha indicado Pymar, la empresa que agrupa a los astilleros privados españoles. Sin embargo, en una comunicación reciente, el servicio de Competencia informó de que es posible que aún necesite “varios meses” para tomar la decisión definitiva.

Sin embargo, ese es un plazo del que no dispone el sector naval español, advierte Pymar. Una decisión negativa, en el sentido de devolver las ayudas recibidas, es tan perjudicial como un retraso en la resolución. Los astilleros españoles, aunque disponen desde el 1 de enero del nuevo sistema de financiación aprobado por Bruselas, ya han perdido algunos contratos por la dilación por parte de Competencia en tomar una decisión. Y ahora están en riesgo otros 40 nuevos contratos. En caso de perderse, se sumarían a los más de 50 buques que han dejado de construirse en España desde que comenzó la investigación.

Este conflicto, que tiene su origen en una guerra comercial entre astilleros europeos abierta por Holanda, está beneficiando a la competencia de los constructores navales de China y Corea.

Representantes de Pymar acudieron la semana pasada a Bruselas para entrevistarse con responsables de las instituciones europeas y explicarles la delicada situación. Aunque pudieron reunirse con otros estamentos, no lo consiguieron con Joaquín Almunia, en cuyas manos está la decisión política y jurídica. Tampoco fue posible un encuentro con nadie de su equipo.

España cuenta ahora con un nuevo sistema de financiación autorizado por Bruselas. Pero la amenaza de devolver las ayudas o la demora en resolver sobre el anterior sistema impide la contratación de nuevos buques y pone en riesgo inminente el futuro del sector.

La decisión de Competencia tiene una gran repercusión sobre el tejido económico y empresarial español. Una resolución negativa de la CE implicaría la desaparición del sector, y con él un dramático efecto sobre casi 86.735 familias, entre empleos directos e indirectos. La mayoría de ellos se encuentran en las comunidades de Galicia, Asturias y País Vasco.

Una industria competitiva

Una industria competitivaAdemás, las consecuencias económicas serían considerables, subraya Pymar. Conllevaría un gasto en prestaciones por desempleo de 637.446.032 euros, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de 129.246.165 euros y una disminución en la recaudación por IRPF de 306.349.404 euros. Además, supondría una disminución de la recaudación por IVA y otros impuestos indirectos de 67.148.420 euros, de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades de 46.977.264 euros y de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social por otros 519.356.030 euros. Por último, supondría un aumento del déficit comercial español de 669.524.517 euros.

A pesar de vivirse esta complicada situación por la incertidumbre que genera la decisión de Bruselas, el sector naval español es una industria altamente competitiva. Y prueba de ello son los 40 buques que tiene concertados, a la espera de saberse la resolución del caso.

Los astilleros españoles son una referencia mundial y se mantienen en primera línea de avance tecnológico. El sector representa el 0,40% del Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía española, está dedicado prácticamente en su totalidad a la exportación y cuenta con elevados estándares en buques tecnológicamente muy sofisticados como los que dan apoyo a las plataformas petrolíferas.