Al banquillo otro exalcalde del PNV en Alonsotegi por simular obras con constructores para cobrar 1,1 millones

La magistrada instructora de Barakaldo Leyre Pérez ha ordenado la apertura de juicio contra el exalcalde de Alonsotegi por el PNV entre 2007 y 2011, Aitor Santisteban, contra el arquitecto Alberto Zulueta, y contra los empresarios constructores Roberto Fernández Vivanco y Saúl Fonseca (Pabisa) y Javier Bediaga y Eduardo Ibarra (Laneder) porque “puestos de común acuerdo y con el ánimo de obtener un ilícito beneficio crearon la apariencia de ejecución de varias obras con cargo a fondos estatales, provinciales y locales en perjuicio de los respectivos patrimonios públicos”. En resumen, se estima que falsificaron las certificaciones de hasta cuatro proyectos que no se realizaron para obtener 1.115.814,27 euros del denominado 'Plan E' del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de la Diputación de Bizkaia que eran derivados tanto al estudio de arquitectura de Zulueta (Arkideaiak) o a las promotoras.

Este caso es una de las tres investigaciones de corrupción vinculadas con Alonsotegi, una localidad relativamente joven surgida tras escindirse de Barakaldo y que vio nacer al lehendakari, Iñigo Urkullu. Además de Santisteban, están procesado su predecesor, Gabino Martínez de Arenaza, y su sucesor hasta 2015, José Luis Erezuma. En las elecciones de 2019, ya siendo conocidos estos casos, EH Bildu ganó los comicios pero empatado a ediles con los nacionalistas, que recibieron el apoyo decisivo del PSE-EE local. La semana que viene, como adelantó en julio este periódico, está previsto el inicio del primero de los juicios, el que sentará el banquillo a Erezuma.

La mecánica en ese caso es idéntica a la del de Santisteban y las fuentes consultadas indican que la Justicia está revisando los temas en orden inverso a cómo se produjeron los hechos. El juicio estuvo a punto de no celebrarse ya que el exregidor y los constructores imputados, de nuevo de Laneder está en el centro, alcanzaron un preacuerdo con la Fiscalía y el resto de acusaciones para ver rebajada la pena a cambio de una confesión y de un calendario de devolución del dinero que nunca se cumplió. La figura del arquitecto Zulueta se repite también como asesor del alcalde.

El auto conocido ahora estima que, a falta de las calificaciones concretas que se presentarán en el juicio, los imputados son indiciariamente responsables por los delitos de prevaricación administrativa -que no comporta prisión y que implica dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es-, falsedad en documento oficial, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones o malversación de caudales públicos -todos ellos sí pueden derivar en condena de cárcel-. Esta resolución implica el final de la investigación y abre ya el proceso para celebrar una vista pública. Además de la Fiscalía, ejercen como acusación el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno central -la primera abogada del Estado que lo llevó fue Macarena Olona- y EH Bildu, que políticamente lleva años denunciando la situación en Alonsotegi. Había un imputado más, el aparejador Juan Torrontegui, pero ha fallecido.

Resume la magistrada que entre 2007 y 2011 fueron cuatro las obras falseadas. La primera era la reforma de los servicios sociales del campo de fútbol de Basteita y se pidió una subvención de 231.689,65 euros al Estado. La segunda, también con cargo al 'Plan E', era la urbanización para promocionar la accesibilidad en el eje urbano de Loibe y sumaba 231.954,39 euros. Después, con cargo a una partida foral de Bizkaia ante casos de inundaciones, se plantearon obras de mejora y arreglo en el campo de fútbol y otras también en el entorno de ese recinto, en el camino de Artiba. Sumaban 203.985,79 y 448.184,44 euros, respectivamente.

Se da la circunstancia de que en la pieza relativa al mandato de Erezuma se replicó este mismo 'modus operandi'. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”, se denuncia en ese otro procedimiento, cuya estimación económica global ronda los 900.000 euros.

La magistrada recopila las actuaciones del alcalde Santisteban para posibilitar estas presuntas irregularidades. El regidor, por ejemplo, levantaba con su firma los informes internos de “reparo” formulados por la interventora, Ana Isabel Valbuena, y daba el visto bueno a los movimientos económicos. En un caso, por ejemplo, remarcó que el estadio era de una sociedad pública, Alonsotegi Eraikiz, y no de titularidad municipal, lo que impedía que el Ayuntamiento dispusiera de él. También constan adjudicaciones urgentes sin concurso o supuestos concursos en los que solamente presentaba oferta Pabisa. De los contratistas se afirma que presentaban facturas “sin contenido económico real” o certificaciones “incluyendo conceptos claramente inexistentes”. Y Zulueta era a la vez asesor municipal para obras y beneficiario de contratos, valorados en casi 300.000 euros.

Políticamente, además de la derrota electoral, el PNV ha calificado “chapuza” lo ocurrido en Alonsotegi, en palabras de Andoni Ortuzar. Eso sí, considera que no ha habido “enriquecimiento ilícito” al menos en la pieza de Erezuma. En el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y sobre el que delibera ahora el Tribunal Supremo, el partido también llegó a alegar que no lo había, aunque la sentencia de primera instancia así lo dio por acreditado al constatar que se cobraron comisiones ilegales.