El cocido de San Antonio

Hay personas optimistas por naturaleza. Son envidiables, siempre ven el vaso medio lleno y su vida parece de color de rosa. Uno se pregunta cómo lo harán, cómo consiguen dejar al margen las preocupaciones, dormir a pierna suelta todas las noches sin que los miedos les atenacen y les desvelen…

Nuestro alcalde es una de esas personas. El Tribunal de Cuentas le ha impuesto una multa de medio millón de euros a él y a los nueve concejales que componían la corporación a la que pertenecía en 2007 y lideraba Alfonso Alonso, y otra menor a cada uno de los tres últimos concejales municipales de Hacienda, entre los que se encuentra de nuevo él mismo, la socialista Marian Gutiérrez y el actual, también popular, Manu Uriarte, por el misterioso caso de los locales de la calle San Antonio. Y Javier Maroto, tan contento. Asegura nuestro alcalde que no es para tanto hombre, que no se ha cometido ningún delito y que tampoco hay por qué exagerar. Me imagino que tendrá el apoyo de su compañero de partido y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, con quien mantendrá animadas charlas sobre lo bien que lo hicieron en su día.

El asunto en su conjunto, como diría mi abuelo, es para mear y no echar gota. Es como si ya tuviéramos asumido que hay determinadas personas, como es el caso de Gonzalo Antón, que se llevan el gato al agua simplemente por ser quienes son, a las que nunca se les cuestiona y que reciben el apoyo político e institucional hagan lo que hagan y encima sin posibilidad de réplica. Porque este señor no hizo otra cosa que pedir. Y ya se sabe, pedid y se os dará. Y sólo entonces la responsabilidad pasa a ser del que calla y otorga.

La cosa fue más o menos así. Gonzalo Antón es propietario de un edificio que compró por dos millones de euros. En 2007, el gobierno de Alfonso Alonso firmó con el empresario de éxito y prohombre alavés un contrato de alquiler de este inmueble en el que se compromete a rehabilitarlo, lo que le cuesta 7 millones de euros, y a pagarle todos los meses durante 20 años un recibo que supera con creces el precio aconsejado en un informe solicitado por el propio Alonso a los técnicos municipales. El contrato, además, nació blindado de tal forma que el Consistorio debía pagar a Antón un pastizal en caso de que se le ocurriera rescindirlo. Nótese que todo esto gira alrededor de un inmueble que nunca sería propiedad municipal. ¡¡Negociaco!!

No se sabe muy bien por qué, una vez más, la profesionalidad de los técnicos se quedó en agua de borrajas. Porque, además de una mensualidad superior a la estipulada, las revisiones del IPC también se hicieron al alza, a veces hasta nueve puntos por encima de lo estipulado por ley. Nadie cuestionó entonces por qué a Gonzalo Antón se le dieron unas condiciones tan ventajosas. Ahora que lo pienso, Antón parecía tocado por la varita mágica de la buena suerte porque tampoco se sabe por qué las instituciones llegaron a darle 300.000 euros en años pasados para montarse, por ejemplo, unas jornadas gastronómicas de lujo cuya entrada costaba 200€ y en la que siempre salía en las fotos la misma 'élite vitoriana' degustando esferificaciones a dos carrillos. Aunque ése es otro tema.

El caso provoca una comisión de investigación que después de mucho tiempo llega hasta el Tribunal de Cuentas. El ahora alcalde, Javier Maroto, y su compi Alfonso Alonso consideran que no tienen por qué personarse en ninguna vista, me imagino que la proximidad de las elecciones tiene algo que ver, y mandan a un representante. Su defensa consistió en sostener que este caso había prescrito. Sn embargo, la jueza instructora les recordó que seguimos soltando el parné mensualmente a día de hoy y que eso convierte a este tema en un asunto vivito y coleando. La sentencia es clara y concisa: hubo una “responsabilidad contable” por parte de la junta de gobierno de Alonso, hubo un “perjuicio” económico a las arcas municipales, es decir, a su bolsillo y al mío.

Y entonces toda la oposición, en cántico unánime, reclama que este caso se reabra por la vía penal para depurar responsabilidades y que sea el propio Ayuntamiento el que dé el paso. Como no lo consiguen, PNV y PSE juntitos de la mano y EH Bildu a su bola anuncian que lo harán. Porque un asunto como éste aporta más réditos electorales que cualquier cosa que puedan imaginar. De nuevo, Javier Maroto llama a la calma, asegura que ya se están poniendo los medios para pagar esa fianza, que no es otra cosa que avalar el dinero con los bienes de cada uno de los “condenados”, y que bueno, con eso ya hemos cumplido ¿no?

Por el momento, el Ayuntamiento ya ha modificado el contrato de arrendamiento con Antón y con ello nos ahorraremos 2,5 millones hasta 2026. Supongo que este cambio le dolerá mucho a quien los políticos siempre han tenido en palmitas. Pero también imagino que este hombre mirará todo este asunto desde el reojo de quien pidió y obtuvo. En realidad, él no hizo otra cosa, aparentemente.

Lo que asusta es el cocido que tenemos en el Ayuntamiento, desde los gobernantes hasta la oposición. Desde ese alcalde que intenta primero encubrir y después quitar hierro a un asunto que nos ha costado millones de euros en tiempos de crisis (escuchar a Maroto defender lo indefendible me hace preguntarme si a nuestros políticos les entrenan para tergiversar la realidad o si es que realmente acaban creyéndose sus propias palabras), hasta una oposición tan hipócrita como para poner el grito en el cielo sobre un tema en el que no movieron ni un solo dedo durante años. ¿Dónde estaba la ética de todos esos opositores cada mes que llegaba un recibo de 12.500€ más IVA?

Uno de los grandes errores de la clase política es su empeño en tratarnos como si fuéramos imbéciles. Porque, en definitiva, resulta que esa multa abarca a prácticamente todo el abanico municipal. Y quienes se han salvado quizá fue porque no gobernaron. Nunca lo sabremos.