Hace apenas 15 días, durante el debate en el Pleno de Gernika para la aprobación de los Presupuestos de Bizkaia para 2018, el portavoz del PNV decía: “a uno le entran ganas de salir de este pleno y plantarse en el juzgado…” (28 de diciembre de 2017).
No se refería, por supuesto, a plantarse en la Audiencia Nacional de Álava para reprobar a sus compañeros de partido, del PNV; Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano, Iñaki San Juan, Xabier Sánchez Robles, etc., por acusaciones que alcanzan hasta 54 años de cárcel por delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales o tráfico de influencias.
No; el PNV amenazaba a Podemos Euskadi con llevarnos al juzgado por denunciar el modelo clientelar que ha enraizado en Bizkaia y en Euskadi alrededor del entramado de sociedades públicas (forales o autonómicas), en cuyos altos cargos se acumulan miembros del PNV.
Puertas giratorias a la vasca: de lista electoral o cargo público, a presidir o formar parte de la dirección de sociedades o empresas con capital público. Por ejemplo Marce Elorza, de ex-alcalde de Zierbena (imputado por malversación de fondos públicos), a asesor de la Diputación de Bizkaia. O José Luis Bilbao, de Diputado General de Bizkaia, a presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Todo ello con la complicidad necesaria del socio de gobierno foral y autonómico, el PSE-EE.
Pero volvamos al caso 'De Miguel'. Curiosamente, Alfredo de Miguel fue directivo de la Sociedad Pública Autonómica de Urbanismo y Promoción del Suelo (SPRILUR). Aitor Telleria, fue procurador de Álava y responsable de la sociedad pública CEIA, semillero de empresas del Parque Tecnológico de Miñano (el mismo parque del caso Hiriko y Epsilon y el que está a un 40% de ocupación).
La trama 'De Miguel' no es ni un espejismo, ni un hecho aislado en mitad de un oasis de transparencia y buena gestión; ese 'oasis vasco' puesto siempre como ejemplo frente a la corrupción ajena, la del Estado, la del PP. Justamente el mismo PP de la corrupción con quien el PNV negocia y acuerda el Cupo, el parcheo fiscal para rebajar aún más el tipo del impuesto de sociedades, o la aprobación previsiblemente de los Presupuestos Generales del Estado.
No es solo que se eludan responsabilidades, que crean cumplir por pedirles que dejen sus cargos y el partido, que no se aclare la financiación del partido-guía, o que se niegue que en Euskadi hay corrupción. Además se impone la 'Ley del Silencio' según la cual, en Euskadi quien se atreve a pronunciar las palabras clientelismo o corrupción, siente la amenaza de la ira de Aitor sobre sus espaldas.
Sin embargo, paradojas de esta Euskadi nuestra, un Diputado General de Bizkaia puede decir alegremente que no escribirá sus memorias, porque podría hablar de “los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen o los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz”. Se le olvidó mencionar que el responsable de la lucha contra el fraude fiscal era él.
En el caso 'De Miguel', auténtica trama a la vasca, no falta un ingrediente fundamental para el cóctel de la corrupción: los empresarios que se benefician de sus negocios y su alianza con el poder político y viceversa. En el polo opuesto Ainhoa Alberdi, ejemplo de quienes deciden no pagar y denunciar, a pesar del castigo en sus posibilidades de obtención de adjudicaciones públicas.
Y no es que lo diga yo, una juntera de Podemos en Bizkaia, sino que así lo reconoció ni más ni menos que Xabier Arzalluz en su biografía autorizada: “Se te abren dos posibilidades. La primera es exigir que te paguen un porcentaje sobre el precio total del encargo: te concedo esta obra, o te recalifico este terreno, o te encargo la fabricación y estos uniformes, o te asigno la contrata de tal o de cual, si tú pagas a mi partido el 4, el 5, el 8 ó el 10%. La segunda es: tú atribuyes estos trabajos conforme a la ley, por las vías de adjudicación establecidas, pero no ocultas a los empresarios que tu partido tiene necesidades que cubre con mucha dificultad” (Xabier Arzalluz, Así fue, 2005).
No valoró la tercera: no utilizar el dinero público para conseguir donaciones ilegales y obligadas al partido.
Presunción de inocencia, como derecho de todo encausado, pero no como ley del silencio, no como modelo clientelar de gestión de los recursos públicos 'made in PNV', y no para la triple C de la vida institucional vasca: clientelismo, comisiones y contratos públicos.
Pero sobre todo, no a callar ante la teoría de que les debemos algo y que esa deuda se la pueden cobrar en adjudicación de obras públicas o tráfico de influencias, en justiprecio ancestral que ellos establecen en función de esa filosofía que Aitor Tellería detalla en una de las grabaciones que forman parte del sumario: “lo que nos corresponda”.
Podrán haber prescrito delitos, podrá haber falta de pruebas, podrán librarse por errores en el procedimiento, incluso podrán salir condenados algunos de ellos. Por desgracia, esto no servirá para que prescriba la filosofía del PNV de “lo que nos corresponde” eta kitto.
Es hora de que la sociedad vasca exija el fin de la impunidad y del clientelismo del PNV y una investigación independiente sobre estas prácticas. Es hora de dejar de mirar hacia otro lado. Es hora de exigir la implantación de una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Euskadi, con recursos materiales y humanos, para que la ciudadanía vasca recuperemos “lo que nos corresponde”.
*Asun Merinero Sierra es juntera de Podemos Euskadi
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