¿Dinero para nada? Money for nothing?

13.250 millones para reactivar la economía y crear 135.000 puestos de trabajo en cuatro años. Ésa es la cifra mágica que anunció el pasado lunes el lehendakari, acompañado de Idoia Mendia y Arantxa Tapia, sus consejeras de Trabajo y Desarrollo Económico.

¿Qué es lo primero, el trabajo o el desarrollo económico? ¿Puede un gobierno “crear empleo”, más allá del impulso de la función pública, si no actúa sobre las bases de la actividad económica? Eterna pregunta que siempre aparcamos para dejarnos llevar por la magia de las cifras.

Cuando abandone el puesto en 2024, el principal legado de Iñigo Urkullu en materia económica serán sus efectistas anuncios de planes de empleo, siempre ligados a cifras mágicas e impactantes. En marzo de 2014 anunció 3.640 millones para crear 44.000 nuevos empleos. Tres años después, en marzo de 2017, el lehendakari elevó la apuesta hasta los 8.800 millones, para crear otros 45.000 empleos y bajar la tasa de paro por debajo del 10%. ¿Alguien da más por menos?

En efecto, la tasa de paro de Euskadi se encuentra ahora mismo en el 9,3%, a expensas del “roto” que nos provoque la pandemia. Desde 2013 el número de personas desempleadas se ha reducido en casi 84.000. Objetivo logrado… aparentemente. Porque, ojo, desde 2013 la población activa también ha disminuido en casi 65.000 personas; es decir, descontando a quienes han dejado de buscar trabajo por jubilación u otras causas, en realidad los empleos netos creados no llegan a 19.000, con un coste astronómico de más de 600.000 euros por cada empleo. Además, 14.000 de esos puestos de trabajo se han creado en las administraciones públicas. Los 5.000 restantes se deben más a la leve recuperación económica mundial de esta década, que al impacto real de las políticas del Gobierno.

Todas las instituciones vascas dedican millones de euros anuales a incentivar el empleo, pero en general ese dinero sólo sirve para fomentar contrataciones temporales y limitadas. Cuando las ayudas se acaban, el contrato se finiquita. Y cuidado con que no haya servido además para sustituir a alguien con más antigüedad y mejor salario. Esto es especialmente sangrante en el caso de los jóvenes, para quienes ya ni siquiera se habla de “empleos”, sino de una “primera oportunidad laboral”. Un eufemismo que lo dice todo.

Que no se me entienda mal: los planes de empleo tienen que existir, pero por sí mismos no son suficientes -ni efectivos- si el entorno económico no ayuda. Y el nuestro hace aguas desde hace tiempo. Dependemos cada vez más de las exportaciones de insostenibles sectores en declive como la automoción, la aeronáutica o el sector petroquímico, pero seguimos poniendo todos los huevos en la misma cesta. Mientras las energías renovables generan millones de empleos en todo el mundo, aquí hemos dejado que esas empresas acaben en manos de multinacionales de países con mayor visión de la jugada -léase Alemania o Francia-.

El efecto colateral de este declive industrial es que los salarios menguan, la población pierde poder adquisitivo, la sociedad se empobrece. No es de extrañar que el peso del consumo de los hogares en el Producto Interior Bruto haya caído casi un 20% entre 2013 y 2019. Para que la rueda insostenible de nuestra economía consumista se mantenga, son las administraciones quienes, con dinero público, tienen que animar a gastar, a través de bonos e incentivos varios. ¿No sería más sencillo dar a la gente una renta básica estable que regalarles bonos puntuales para “dopar” a un sector concreto durante un tiempo limitado, como se quiere hacer ahora con el comercio y la hostelería? Pan para hoy, hambre para mañana.

¿Qué vamos a hacer con los 13.250 millones que el lehendakari se ha sacado de la chistera? No es una paloma que aparece y desaparece. Es dinero público que la sociedad vasca ha pagado de sus impuestos para que este país avance hacia un futuro más próspero

Por desgracia el dinero público no es mágico ni infinito, aunque esta semana el consejero de Hacienda Pedro Aspiazu celebrase como un éxito histórico que Euskadi pueda endeudarse más de lo previsto. Quienes sí lo festejarán a buen seguro son los especuladores globales, que más temprano que tarde nos cobrarán a precio de oro por financiarnos una deuda que hasta ahora estaba bajo control. Desde ayer celebramos que España -que no Europa- nos haya reconocido que los vascos somos soberanos para ponernos esa soga al cuello como queramos.

Porque claro, la alternativa a endeudarnos es subir los impuestos o repensar cómo gastamos lo que tenemos. De lo primero el PNV no quiere saber nada, y tampoco el empresariado. Más impuestos significa más presupuesto público. Al empresariado el presupuesto público no le da la felicidad, pero le ayuda a conseguirla. Sirve, por ejemplo, para impedir que caigan las empresas en dificultades. Ahí está el caso de los ERTE, sin ir más lejos. También vale para ayudar a las que empiezan, supliendo la actual falta de inversores privados. Pero, ya puestos a la elegir, prefieren que esas ayudas lleguen a costa de la deuda pública y que, a ser posible, sean incondicionales. No vaya a ser que los gobiernos les dé por exigir que mantengan las plantillas, les pidan participar en los beneficios futuros o condicionen la huida de esas empresas cuando las cosas vayan mejor.

Y queda, por fin, la opción de repensar cómo gastamos el dinero público. El que recaudamos aquí y el que nos va a venir de Europa. Uno mira la lista de proyectos que el Gobierno Vasco ha presentado para recibir los fondos europeos de reconstrucción Covid, y se encuentra con más fantasmas del pasado que ideas de futuro. ¿Qué hubiéramos podido hacer con los 3.640+8.800 millones que nos hemos gastado desde 2013 en promover el empleo, si la mayor parte de ese dinero se hubiera centrado ya entonces en desarrollar áreas como la movilidad eléctrica o la eficiencia energética, sectores que ahora se han convertido en prometedores nichos de empleo? Reflexión estéril, a estas alturas. Pongámonos a pensar, pues, qué vamos a hacer con los 13.250 millones que el lehendakari se ha sacado de la chistera para esta legislatura. No es una paloma que aparece y desaparece. Es dinero público. Dinero que la sociedad vasca ha pagado de sus impuestos para que este país avance hacia un futuro más próspero. Dinero con un propósito muy claro: transformar nuestra economía para que sea más justa y sostenible. Que no sea dinero para nada.