El futuro de la nuclear de Garoña amenaza con convertirse en una pesadilla interminable para la ciudadanía que asiste perpleja ante el despropósito en que se han metido Nuclenor y el CSN. Y ante ese panorama, pesado y repetitivo, sin duda resulta llamativo observar cómo una central nuclear vieja, obsoleta, peligrosa, cara e innecesaria puede perpetuar en el tiempo su amenaza para las gentes de Araba y Euskadi, y también, para las de Castilla y León.
Efectivamente, es cuanto menos sorprendente que una central de casi cincuenta años de antigüedad, dotada de una tecnología obsoleta y peligrosa (es gemela de la tristemente famosa central de Fukushima) puede concitar tanto interés por parte de sus propietarios (Iberdrola y Endesa, a través de Nuclenor), como para plantear su reapertura casi como una cuestión de Estado.
Analicemos por qué. Sería incluso comprensible que el Estado quisiera mantener abierta Garoña –y el resto de las nucleares del país- si estuviera amenazado el suministro eléctrico básico de la población. Sin embargo, no es así. Nada más lejos de la realidad. En la actualidad el sistema eléctrico peninsular tiene una capacidad de producir electricidad que triplica las necesidades máximas que se pueden registrar en el día de mayor demanda del año. Por lo tanto debemos desechar esa hipótesis.
No hay riesgo alguno de interrupciones en el suministro si Garoña sigue cerrada, igual que tampoco lo habría si se clausuraran el resto de nucleares del país, algo que Unidos Podemos ha demandado recientemente en el Congreso. De hecho, en la actualidad exportamos electricidad a la supernuclearizada Francia. De igual manera, podría entenderse el interés por alargar la vida de las centrales nucleares, si sus costes de producción fuesen menores y, en consecuencia, redujeran el precio final del kWh eléctrico. Tampoco es el caso, ya que el proceso de hipotética reapertura requeriría fuertes inversiones que podrían hacerse de forma más efectiva en energías renovables.
La electricidad renovable, sea de origen eólico, hidráulico e incluso solar, es más barata que la nuclear. De hecho, si el Gobierno quisiera que el precio de la electricidad se redujese a medio plazo, debería apostar de una vez por todas por las energías limpias, no por las energías del pasado. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Garoña pudiera ser reabierta? Muy sencillo: para crear un precedente.
Garoña no es el objetivo, es la excusa. Si se prorroga su licencia, detrás vendrán las demás centrales del Estado. Y esta realidad, aunque silenciada, nos aboca a una dolorosa constatación. Con esta decisión, se convierte a la ciudadanía en conejillos de indias de las estrategias energéticas globales y del interés empresarial más descarnado. En efecto, una cuestión central del problema son los intereses del oligopolio eléctrico. Garoña está amortizada, pero si se concediese la prórroga y no se llegase a ejecutar, las empresas propietarias posiblemente tratarán de conseguir indemnizaciones millonarias por el lucro cesante derivado de no haber podido reabrirla. Y esto son palabras mayores, habida cuenta de que el parque nuclear español se acerca al final de su vida útil en menos de diez años.
En segundo lugar, reactivar Garoña facilita mantener abierto el almacén temporal de residuos nucleares que existe en el recinto de la Central. A falta de un almacén centralizado para los residuos, la solución del Gobierno Central es dejar “sine die” los residuos en las propias centrales. Sin embargo, esta decisión no sólo alarga la vida del almacén, también prorroga el riesgo que comportan esos residuos altamente radiactivos, tanto para el medio ambiente como para la población del valle del Ebro, desde Burgos hasta Tortosa.
Así las cosas, las iniciativas en favor del cierre que se han venido desarrollando en los últimos años por parte de las instituciones y de la ciudadanía alavesa y vasca chocan con un entramado de puertas giratorias e intereses económico ocultos que tratan de desviar la atención del problema fundamental. Porque, en realidad, conseguir el cierre definitivo de Garoña es muy fácil: basta con que Nuclenor retire su demanda de reapertura y solicite el inicio del proceso de desmantelamiento.
¿Por qué entonces nadie se lo ha pedido? ¿Por qué las demandas de PSE y PNV se dirigen en exclusiva al Gobierno central cuando el trámite de reapertura es una iniciativa voluntaria a la que el Gobierno central no puede responder de forma negativa si existe un informe técnico favorable?
Y en este punto es donde vuelven a aflorar las puertas giratorias. El informe publicado esta semana por el Consejo de Seguridad Nuclear no es una novedad. Ya se sabía que iba a ser favorable. Se sabía desde que el CSN dejó de ser un organismo independiente y pasó a ser cómplice de la industria nuclear, de la mano de un Consejo de Administración dominado por el Partido Popular.
Por eso es hora de denunciar de una vez por todas que la cuestión de Garoña no es sino el punto de partida de un nuevo fraude en ciernes en torno a la política energética de este país, en el que –una vez más- retornan los omnipresentes fantasmas de las puertas giratorias, los tratos de favor, el clientelismo y los intereses cruzados entre política y empresa.
Sin embargo desde EQUO lo tenemos claro. Es hora de dar carpetazo de una vez a la cuestión de Garoña, y con ella cerrar la historia de peligros, accidentes y amenazas que ha protagonizado la energía nuclear en nuestro país. Es hora de dar paso a las energías limpias y de mirar al futuro. Es hora de que Araba y Euskadi demanden a sus representantes políticos una acción decidida que –esta vez sí- termine de una vez por todas con la amenaza perpetua que supone esta central.
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