Las mentiras del poder

Hay políticos que no le dicen la verdad ni al médico. Por eso no les creo. Por eso me han convertido en una desconfiada. Y entiendo que también por eso una buena parte de los ciudadanos van ampliando su desafecto hacia quienes desempeñan las tareas que, en principio y por decisión popular (afortunadamente en democracia), resultan necesarias para el bienestar de la comunidad.

Seguro que al generalizar me equivoco. Pero es tan frecuente el recurso a la mentira por parte de quienes gobiernan que no queda mucho margen para la duda. Es como si hurtar la verdad se hubiera institucionalizado. A estas alturas, no hay versión oficial de cualquier hecho que respete una narración acorde con lo realmente ocurrido.

Esto es, nunca, en ningún caso, los responsables políticos se manifiestan dispuestos a aceptar que, efectivamente, a quienes se les ha encomendado el monopolio de la fuerza hayan podido cometer una infracción o un error.

Como ejemplo me remito a los terribles sucesos del pasado 6 de febrero en la playa ceutí del Tarajal y que, por ahora, suman ya quince personas fallecidas. Las circunstancias de esta tragedia se han querido ocultar y enmarañar desde el poder para diluir así las dimensiones de la indignidad y del escándalo.

Por mucho que la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, haya querido presentar como prueba de “transparencia” la comparecencia del Ministro de Interior, lo cierto es que Jorge Fernández Díaz desautorizó con su versión lo contado horas antes por el director general de la Guardia Civil y al delegado del gobierno en Ceuta.

Y ni siquiera así, ni siquiera dejando claro que dos responsables políticos bajo su mando no dijeron la verdad sobre el uso de pelotas de goma contra los inmigrantes, podemos tener certeza de que el ministro se atuvo a los hechos.

Supongo que al ejecutivo de Mariano Rajoy no le ha hecho ninguna gracia que, desde Bruselas, la comisaria de Interior Cecilia Malmström se manifestara inquieta ante la posibilidad de una actuación “desproporcionada” por parte España contra los subsaharianos. Por eso se han movido ya hilos en espera de que se desactive el golpe. ¿Será por eso también que nos anuncian próximas oleadas con asaltos masivos de inmigrantes por Ceuta y Melilla?

Es como si quisieran ya prevenir sobre nuevos y eventualmente desgraciados acontecimientos en esta conflictiva materia. Menos mal que alguna de esas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que trabajan para cambiar el mundo, siguen dispuestas y preparadas en el terreno para conseguir que conozcamos la verdad.

Esas organizaciones dieron voz a quienes lloraban la muerte de sus compañeros en Tarajal; esas organizaciones posibilitaron que los supervivientes contaran lo vivido. Son siempre organizaciones no gubernamentales que hacen y harán todo lo posible para que las “versiones oficiales”, en este y otros campos, sean sometidas a contraste. Esas organizaciones evitarán que las mentiras del poder envuelvan a los ciudadanos.

Mientras, los responsables políticos podrían considerar las enormes ventajas que tiene decir la verdad; podrían pensar lo importante que puede ser para los ciudadanos percibir que son sinceros sin esperar a que unas rentables memorias desvelen los sapos que tragaron y las verdades que no contaron.

Hay políticos que no le dicen la verdad ni al médico. Por eso no les creo. Por eso me han convertido en una desconfiada. Y entiendo que también por eso una buena parte de los ciudadanos van ampliando su desafecto hacia quienes desempeñan las tareas que, en principio y por decisión popular (afortunadamente en democracia), resultan necesarias para el bienestar de la comunidad.

Seguro que al generalizar me equivoco. Pero es tan frecuente el recurso a la mentira por parte de quienes gobiernan que no queda mucho margen para la duda. Es como si hurtar la verdad se hubiera institucionalizado. A estas alturas, no hay versión oficial de cualquier hecho que respete una narración acorde con lo realmente ocurrido.