Pasos hacia la convivencia

En pocas horas, las calles de Bilbao y Baiona serán testigos del transitar de miles de mujeres y hombres, de ideologías diversas; de sensibilidades políticas diferentes, a los que les une su voluntad de trabajar por poner fin a una política penitenciaria, basada en el odio y la confrontación.

Han pasado 27 años, desde que, el entonces ministro de Justicia Enrique Múgica, decidiera poner en funcionamiento, lo que se ha venido a denominar política de dispersión, aunque sería más correcto hablar de política de alejamiento. Quienes entonces tomaron esta decisión política, lo hicieron dentro de lo que se denomino política antiterrorista y fue un intento de dividir al colectivo de presos y presas vascos.

27 años después y a pesar del fracaso de los objetivos que decían perseguirse, esta política penitenciaria continua manteniéndose.

No ha importado al Gobierno del PP, que ETA tomase hace más de cuatro años, la decisión de poner fin, de manera unilateral, a su actividad violenta. Continúan empeñados en incumplir sus  propias leyes , así como la legislación europea que como país miembro, les obliga.

La política de alejamiento fue una despreciable medida política y política debe de ser la decisión de terminar con ella. No estamos ante un debate político o ideológico, aunque, por supuesto, hay una parte de ello. Estamos, ante todo, ante la vulneración de Derechos Humanos. Derechos que son vulnerados a las personas presas, pero también, a su colectivo familiar, que son obligados a viajar hasta 2.000 kilometros para poder visitar a su familiar preso. Por cada minuto de visita, deben de recorrer media hora en vehículo. En definitiva, una familiar recorre por termino medio al cabo del año, el equivalente a vuelta y media al mundo. 63.000 kilometros. Estos son los datos de una política basada en el odio y en la venganza. Y aplicados, además, a un colectivo familiar que nunca ha sido juzgado ni condenado por delito alguno.

Pero cuando hablamos de vulneración de derechos, no nos referimos únicamente al alejamiento de estos presos y presas de sus lugares de origen. Hablamos, también, de un colectivo de unos 12 presos y presas, con enfermedades graves, a los que se les niega la aplicación de la ley, para poder ser tratados de sus dolencias fuera de los muros de la prisión.

Y hablamos de una legislación excepcional que se aplica a este colectivo y que en la práctica, supone una cadena perpetua encubierta.

Esta sociedad no puede permanecer impasible como si esto no fuera con ella. Una sociedad que dice ser democrática, no puede mirar hacia otro lado, cuando la vulneración de estos derechos, se produce a su lado; en su entorno; en su barrio o en su Pueblo.

Desde la Red Ciudadana Sare, miramos con esperanza los cambios que puedan producirse a partir de los resultados electorales del 20-D.

La perdida de la mayoría absoluta por parte del partido que ha gobernado hasta ahora, debe suponer la apertura de un nuevo tiempo.

Pero en este objetivo, resulta imprescindible, que el resto de los  partidos políticos se comprometan a cambiar esta situación. No les pedimos nada, que no este recogido en su propia legislación. Pedimos que las leyes se apliquen a todos y a todas, sin ningún tipo de excepción.

Este cambio, supondría abrir un espacio a la convivencia. Supondría desterrar el revanchismo y el odio, y sustituirlo por el acuerdo y el respeto a los derechos de las personas presas.

Pedimos a todos, partidos, instituciones y Gobiernos, que saquen de la agenda de las confrontaciones este problema y lo incluyan en la agenda de los acuerdos. Esta no es sólo una demanda de la Red Ciudadana Sare, lo es, cada vez más, de la inmensa mayoría de la sociedad vasca.

La política del odio y la confrontación no sirve para construir nada. La política del acuerdo; del respeto a los derechos humanos; de la resolución y de la paz, sirve para que nuestros hijos e hijas, tengan una sociedad mejor de la que nosotros recibimos de nuestros padres.

Por eso, llamamos al conjunto de la sociedad vasca, que salga a la calle el 9 de enero. Que diga alto y claro, que quiere caminar por la senda de la convivencia.

En pocas horas, las calles de Bilbao y Baiona serán testigos del transitar de miles de mujeres y hombres, de ideologías diversas; de sensibilidades políticas diferentes, a los que les une su voluntad de trabajar por poner fin a una política penitenciaria, basada en el odio y la confrontación.

Han pasado 27 años, desde que, el entonces ministro de Justicia Enrique Múgica, decidiera poner en funcionamiento, lo que se ha venido a denominar política de dispersión, aunque sería más correcto hablar de política de alejamiento. Quienes entonces tomaron esta decisión política, lo hicieron dentro de lo que se denomino política antiterrorista y fue un intento de dividir al colectivo de presos y presas vascos.