Son tiempos de Carnaval

La realidad es difícilmente disfrazable para quienes diariamente conviven con ella. Que se lo digan si no a todos y todas aquellas profesionales de Osakidetza que oposición tras oposición han convivido con el modelo de las Opes dopadas. Un modelo que, tal y como ha expresado la Fiscalía de manos de su máxima responsable, Carmen Adán, favorece a unos pocos mediante la revelación de secretos, aplicable a supuestos de filtración de preguntas del examen de una oposición.

Un modelo que no respeta la igualdad de oportunidades y que enmascara prácticas clientelares bajo costumbres heredadas. Un modelo al que nadie se ha atrevido a poner freno. Un modelo que comenzó su decrepitud hace nueve meses con las denuncias públicas de dos miembros de los tribunales de Angiología y Cardiología, sindicatos como ESK y CCOO y el acta notarial de Elkarrekin Podemos, que demostraba que las plazas estaban repartidas, antes incluso de que se elaborasen los exámenes. Pero sobre todo por la lucha incansable de tres profesionales de Osakidetza: Roberto, Marta y Manoel.

Tres profesionales que han puesto toda la carne en el asador para despojar del disfraz de normalidad con el que también el Consejero Jon Darpón vestía un modelo corrupto.

Elkarrekin Podemos denunció lo que ocurría en las OPE de especialistas hospitalarios de Osakidetza con rotundidad, con la misma rotundidad con la que Roberto, Marta y Manoel habían decidido sacar a la luz lo que nadie se atrevía a hacer legislatura tras legislatura, OPE tras OPE, gobierno tras gobierno.

El consejero Darpón sabía lo que ocurría y, por eso, dijo querer una OPE limpia. Pero no era suficiente con quererlo. Debería haber investigado realmente y depurar responsabilidades y es lo que no hizo. Por eso, una vez más, la OPE de especialistas hospitalarios volvieron a ser un fraude. Un fraude que no han podido ocultar por más que lo han intentado. Bastaba ver las actas y los informes a los que ha tenido acceso la fiscalía para dictaminar que los exámenes se filtraban.

Con menos información de la que ha tenido la Fiscalía, Elkarrekin Podemos ya pidió en julio del año pasado el cese de Darpón. Ya entonces había constancia de que el fraude era una realidad y que sólo intentaban disfrazarlo de espejismo.

Lo hicimos de nuevo en noviembre convencidos de que lo único que se había hecho hasta la fecha era enmascarar una práctica que, aún hoy en día y hasta que no consigamos cambiar el modelo de OPE, sigue vigente. Lo hicimos después de leer las recomendaciones del Ararteko que proponía, entre otros, modificar los tribunales de las OPE.

Ahora la Fiscalía ha hablado y ha venido a decir lo que Elkarrekin Podemos ha dicho desde el primer día; pero, además, poniendo en algún caso nombre y apellidos a ciertos responsables directos que actuaron con voluntad clara de favorecer a unas personas opositoras frente a otras. Ahora la justicia debe seguir trabajando para que la ciudadanía vasca conozca la realidad de las OPE de Osakidetza.

Mientras, durante estos meses hemos vivido los “ceses” de la directora de Osakidetza, Maria Jesús Múgica y del Director de Recursos Humanos, Juan Carlo Soto. Unos ceses disfrazados de dimisiones. Un disfraz que en tiempos de carnaval y a todas luces utilizará el lehendakari en los próximos días para apartar a Jon Darpón de su gobierno. Sería todo un ejercicio de responsabilidad por su parte, demostrando que es el lehendakari de todas y todos.

La realidad es difícilmente disfrazable para quienes diariamente conviven con ella. Que se lo digan si no a todos y todas aquellas profesionales de Osakidetza que oposición tras oposición han convivido con el modelo de las Opes dopadas. Un modelo que, tal y como ha expresado la Fiscalía de manos de su máxima responsable, Carmen Adán, favorece a unos pocos mediante la revelación de secretos, aplicable a supuestos de filtración de preguntas del examen de una oposición.

Un modelo que no respeta la igualdad de oportunidades y que enmascara prácticas clientelares bajo costumbres heredadas. Un modelo al que nadie se ha atrevido a poner freno. Un modelo que comenzó su decrepitud hace nueve meses con las denuncias públicas de dos miembros de los tribunales de Angiología y Cardiología, sindicatos como ESK y CCOO y el acta notarial de Elkarrekin Podemos, que demostraba que las plazas estaban repartidas, antes incluso de que se elaborasen los exámenes. Pero sobre todo por la lucha incansable de tres profesionales de Osakidetza: Roberto, Marta y Manoel.