Se cumplen estos días cuarenta años de la matanza de Vitoria ocurrida el 3 de marzo de 1976, un hecho que ha quedado grabado a fuego en la memoria de la ciudad, hasta convertirse en una fecha referencial en la historia de la transición. La magnitud de la tragedia, sin duda, ha ayudado a ello. Cinco trabajadores muertos y más de cien heridos en el desalojo de una iglesia por parte de la Policía Armada de la época durante una huelga, constituyen un material memorialístico de primera importancia, uno de esos que moldean los recuerdos y fijan los sucesos y a sus protagonistas en el espacio y en el tiempo, sobre todo en una ciudad donde “nunca pasaba nada”. Sin embargo, aquellos hechos deben inscribirse dentro de un proceso general mucho más amplio que arranca desde la década de los años sesenta en el País Vasco, un periodo marcado por un incremento de los conflictos laborales y por la radicalización de una violencia política que alcanzaría sus mayores y más dramáticas cotas durante los primeros años de la transición hacia la democracia.
La durísima represión desatada contra ambos fenómenos, y especialmente contra ETA, una organización que asesinó a más de cuarenta personas hasta la muerte de Franco, marcaron aquellos años que cambiaron la historia reciente de este país. El asesinato del cabo de la Guardia Civil José Antonio Pardines y el primer atentado planificado que acabó con la vida del Jefe de la Brigada Político Social en Gipuzkoa, Melitón Manzanas, cara visible de la represión en aquellos años, hicieron saltar todas las alarmas dentro del régimen franquista. Este último había tomado ya en 1963 algunas medidas importantes para perseguir y castigar, sobre todo, a los protagonistas de la disidencia política y sindical, poniendo en marcha el Tribunal de Orden Público, pero la violencia de ETA sorprendió a las autoridades, que a partir de esos momentos recurrirían a la imposición de los Estados de Excepción y a la promulgación de diferentes leyes (noviembre de 1971) y decretos antiterroristas (agosto de 1975) para tratar de controlar la situación.
La durísima violencia desplegada por el régimen franquista para sofocar ambos fenómenos terminó por afectar a cualquier tipo de conflicto, incluso a aquellos que respondían simplemente a protestas de carácter vecinal, como ocurrió en octubre de 1969 en la localidad vizcaína de Erandio, donde resultaron muertos dos trabajadores en el trascurso de las movilizaciones organizadas contra las emanaciones de gas de las empresas cercanas. La Policía Armada intervino con una violencia inusitada frente a unos vecinos desarmados que protestaban en la calle, hartos de dirigirse inútilmente ante las autoridades municipales por los cauces legales, para solucionar aquel problema provocado por la polución.
El régimen nunca supo canalizar ni aplacar la conflictividad laboral, vecinal ni política de aquella época. Ni lo supo ni lo quiso hacer en 1967, cuando terminó imponiendo un Estado de Excepción en Bizkaia para acabar de un plumazo y por la fuerza con la huelga los trabajadores de Laminación de Bandas en frío de Echévarri, después de cinco meses de movilizaciones. No lo supo en el mes de marzo de aquel mismo año, cuando detuvo en la mina del Alemán de La Arboleda (Bizkaia) a doscientos trabajadores que participaban en una asamblea, la mayor parte de ellos vinculados a las Comisiones Obreras.
No lo supo tampoco en diciembre de 1970, cuando arremetió con una fuerza desmedida contra los vecinos del barrio bilbaíno de Rekaldeberri, que protestaban por la muerte de una niña que había sido atropellada por un camión, en un conflicto que terminó por convertirse en un verdadero motín. El eco de las protestas de ese mismo mes contra los procesados por el Juicio de Burgos nubló los ojos del régimen, que veía peligrosos terroristas en cada manifestación que estallaba en aquellos momentos, como ocurrió en Eibar, donde miembros de la Guardia Civil acabaron de un disparo con la vida de un joven militante del PC (i), que protestaba en una manifestación de forma pacífica contra aquel proceso.
La clave de esta violenta radicalización de la represión, que afectó de un modo especial a los conflictos huelguísticos, la dio precisamente el 1972 el propio Ministerio de Trabajo cuando declaró que “un conflicto laboral era siempre un problema político y de orden público”. A partir de esa afirmación se comprende lo sucedido. En esos mismos años se producirían numerosos casos de muertes provocadas por miembros de las Fuerzas del Orden Público entre trabajadores que protestaban por la mejora de sus condiciones laborales en toda España: tres obreros de la construcción en Granada en 1970, un operario de la Seat de Barcelona en 1971, dos trabajadores en Ferrol en 1972, otro más, muerto ante la térmica de Besòs en abril de 1973… y los cinco obreros de Vitoria en marzo de 1976.
Todo ello ocurrió, en el caso del País Vasco, en un contexto marcado por la creciente actividad de ETA. Sus acciones criminales contribuyeron a la radicalización de la represión en el País Vasco, que se vio acompañada también por los atentados de grupos de extrema derecha, cuyas actuaciones gozaron por lo general con una enorme impunidad por parte de las autoridades.
Pero, además, durante aquellos años se produjo un importante número de víctimas mortales a manos de las Fuerzas del Orden Público, que se vieron superadas por el terrorismo de ETA en sus diferentes ramas. Las víctimas provocadas en los controles de carretera instalados por las fuerzas policiales que trataban de detener a los responsables de los atentados de esta organización, o las producidas durante las manifestaciones proamnistía tras la muerte de Franco, son una muestra palpable de ello. A pesar de la sangrienta represión y de la aparente fortaleza del Estado, éste demostró con aquellos actos una tremenda debilidad, a la que contribuyeron, sin duda, operaciones mal planificadas, mandos poco preparados y acostumbrados al uso desproporcionado de la fuerza bruta durante la dictadura y funcionarios de “gatillo fácil”, dispuestos a apretarlo sin miramientos ante cualquier problema que surgiera en la calle.
Pero el conflicto de Vitoria, que había arrancado en diciembre de 1975, no respondió en ningún caso a reivindicaciones relacionadas con ETA ni con el nacionalismo radical; ni por supuesto a ningún tipo de estrategia impulsada por este tipo de grupos. Aquel conflicto se enmarca dentro de la ola huelguística que terminó por estallar en 1976 en toda España. Al margen de la lectura y utilización que de esta tragedia ha hecho la izquierda abertzale y otros sectores radicales en las últimas décadas, con el fin de poner en tela de juicio todo el proceso de la Transición y manipulando la memoria de esos hechos, aquel conflicto tuvo un origen estrictamente laboral y fue canalizado -y probablemente esta fue la novedad más importante-, a través de unas Comisiones Representativas apoyadas en las asambleas obreras, donde la presencia de los sindicatos de clase más importantes en aquellos momentos, era minoritaria.
El indiscutible liderazgo de aquella huelga correspondió a unos hombres que provenían de otra práctica y otra cultura política y sindical que no tenía que ver con las tradiciones del obrerismo militante del País Vasco. Un repaso a sus biografías confirma este argumento. El acelerado y tardío proceso de industrialización que tuvo lugar en Álava, y sobre todo en Vitoria, favoreció la presencia de este tipo de líderes que encabezaron un conflicto marcado por la autonomía obrera y el asambleísmo al frente de una jovencísima clase obrera, carente de referentes históricos.
La evolución del conflicto, su radicalización y su extensión por la capital alavesa constituyeron todo un acontecimiento, un novedoso acontecimiento, como ha destacado el historiador Carlos Carnicero, que trastocó la tranquila y anodina vida de una ciudad de provincias, tan solo alterada por el enorme flujo de trabajadores inmigrantes que había recibido durante aquella década. La brutalidad de la acción policial que se desató esa tarde de marzo de 1976 (que tendría su eco posterior en la muerte de otro joven en Basauri unos días más tarde, durante una protesta por aquellos sucesos), fue probablemente la consecuencia de un operativo desastrosamente planificado más que de una acción premeditada dirigida a “matar trabajadores”. Ahí está el dictamen histórico elaborado en su momento por el Instituto de Historia Valentín de Foronda, pero lo cierto es que las consecuencias fueron terribles: cinco trabajadores muertos por los disparos de la policía, más de un centenar de heridos, varios de ellos de bala y una llaga abierta en la sociedad vitoriana que ha seguido latiendo con fuerza durante décadas.
Aquella tragedia tuvo unos responsables evidentes que nunca respondieron por ello, pero las consecuencias políticas fueron muy importantes, marcando el declive del presidente Arias Navarro al frente del gobierno y favoreciendo la unificación de las diferentes plataformas antifranquistas en torno a la denominada Coordinación democrática. Fue un capítulo más de la improvisación que marcó la propia transición hacia la democracia en España, un proceso especialmente complicado y sangriento en el País Vasco, lastrado por una violencia que no tenía precedentes en nuestra reciente historia.
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