Urkullu y Sagardui, tándem privatizador

Cuando oímos decir a Sagardui o Urkullu que no se privatiza en Osakidetza, estamos asistiendo a una burla de tal calibre que debería despertar en todos y todas nosotras, el pueblo trabajador, un rechazo inmediato. El PNV y el PSE, también el PP llevan privatizando desde hace décadas la sanidad en todo el estado, Ayuso y Sagardui obedecen a la misma hoja de ruta y aunque tengan estilos diferentes, comparten objetivos.

Las políticas de privatización son políticas en pleno desarrollo y de largo recorrido, que se vienen aplicando desde que esos mismos partidos (PNV y PSOE) votaron a favor junto con la extinguida CIU y Coalición Canaria en 1997 una ley cuya derogación es una necesidad imperiosa, la famosa ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión del sistema nacional de Salud.

Dicha ley ya marcó la hoja de ruta que tenían pensada esos partidos políticos, posibilitando la entrada de todo tipo de empresas bajo el paraguas de “nuevas formas de gestión”. El germen fue el famoso “informe abril” redactado a instancias del PSOE de las mayorías absolutas en 1991 y cuyo nombre debe a su redactor, Fernando Abril Martorell, antiguo procurador de las cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano.

Y, claro está, de aquellos barros, estos lodos para las clases populares, y de aquella jugada maestra, este asalto a la sanidad pública para el capital, que tiene en esos partidos sus aliados más leales. Es difícil encontrar una confrontación entre vida y capital más evidente que la que se está ejecutando en la Sanidad.

Vaya por delante que la reflexión que queremos trasladar, salvaguarda, porque aún estamos a tiempo, la situación actual del sistema sanitario público vasco. Si bien está soportando un tensionamiento político y un acecho económico sin precedentes, no vamos a participar de los planes de descrédito del mismo que forman parte de la estrategia privatizadora del PNV y su conglomerado de intereses espurios. El descrédito de la sanidad pública también forma parte de la hoja de ruta de aquellos partidos traidores al interés general en beneficio del capital. Ya en los años 90, fuimos testigos de campañas de descrédito y hoy también somos testigos de mensajes en esa dirección, esta vez, la piedra angular de ese descrédito es una supuesta falta de profesionales que imposibilita una atención de calidad.

Y es ahí donde nos queremos detener. Hace más de 10 años que venimos advirtiendo de la gran necesidad de profesionales que iban a ser necesarios para la actual ola de jubilaciones. No es un tema exclusivo de Osakidetza, es un problema común a todas las administraciones, por lo que es evidente que esa supuesta falta de personal, de ser cierta, sería consecuencia de la falta de previsión. Pero lo que desde LAB defendemos es que esa “falta de previsión” era una decisión estratégica en la hoja de ruta iniciada en los 90.

Ante la inacción de Osakidetza y su falta de medidas frente a la ola de jubilaciones que venía, el sindicato LAB publicó en el año 2018 y 2019 sendos estudios de la contratación efectuada por Osakidetza en Araba primero y en toda Osakidetza después. Dichos informes fueron calificados por el PNV y PSOE de catastrofistas en el parlamento todas las veces que les fueron presentados. En esos informes ya hablábamos de la existencia de más de 3000 puestos cuya cobertura fraudulenta estaba realizándose de manera temporal cuando sus funciones eran de naturaleza estructural, como los define las actuales leyes de estabilización fruto de las sentencias europeas. De ahí, que repetimos una y otra vez que los problemas son de ese calibre, estructurales. El 54% de los contratos temporales realizados en Osakidetza no eran para cubrir vacaciones, bajas o ausencias temporales, sino para cubrir puestos de estructura.

El debilitamiento de la estructura sanitaria por medio del fraude en la contratación quedó patente en esos informes. Ese cáncer de la temporalidad y la falta de compromiso del PNV y las diferentes direcciones de Osakidetza, afecta a todas las categorías por igual e introduce unas interferencias enormes en la calidad del servicio que se presta puesto que genera una movilidad constante de más de 15 mil trabajadoras precarias que bailan de un servicio a otro durante años, dinamitando también las expectativas laborales de quienes trabajan o quieren trabajar en Osakidetza, generando una fuga a otros sistemas sanitarios, incluido el privado.

En aquellos informes había un dato muy relevante, que llamaba mucho la atención, el del personal facultativo: esa categoría despuntaba en los niveles de precariedad, y es que el 82% de las contrataciones en esa categoría eran de carácter temporal para cubrir puestos de naturaleza estructural, casi 30% más que en el resto de categorías.

Ese déficit de puestos en estructura en la categoría facultativa, aumentaba el poder de los jefes de servicio frente a los y las facultativas que querían acceder a través del embudo que generaba la dirección de recursos humanos. Y aumentaba el poder de las direcciones de Osakidetza para imponer la PAX romana otorgando a los jefes de servicio la capacidad de repartir las pocas plazas que existían por medio de filtraciones que contaban con el paraguas de la dirección y silencio cómplice de todos ante el poder omnipresente de quien disponía de las cartas de libertad frente a la masa precarizada.

No es cierto que el PNV sea un mal gestor. El PNV y su cómplice de fechorías, el PSOE, es un gestor excelente para los intereses empresariales que desde hace décadas tienen puesta su mirada en los sectores más rentables de la Sanidad pública. Las empresas históricamente vinculadas a la sanidad lo saben, y otras muchas se están reconfigurando hacia este sector porque ven que la leyes infames firmadas por estos señores otorgan un espacio inmenso a la explotación y mercantilización de nuestra salud, generando un nicho de negocio altamente rentable.

LAB tiene su acción sindical centrada en estos momentos en las contrataciones públicas que afectan a servicios de limpieza, informática, electromedicina, mantenimiento, costura, etc., sectores cuya privatización ya está muy avanzada. En el último año hemos conseguido parar externalizaciones por valor de 180 millones de euros. Pero el acoso y derribo de la atención primaria que venía visibilizando antes de la pandemia, ha tomado una deriva muy preocupante que debe ser respondida como pueblo, generando un cambio político y señalando a quienes pretenden convertir nuestra salud y nuestra enfermedad en fuente de negocio. El último episodio de este desmantelamiento planificado es la intención de crear una base logística que supondría la desaparición de los almacenes públicos y cientos de puestos de trabajo.

Hay que advertir a la población de que quienes hacen negocio con nuestra pondrán el acento en el incremento de “gasto” sanitario y no en la eficiencia en la gestión de esos recursos, y es que a medida que avancen los planes de privatización, la asignación de recursos se verá incrementado porque en muchísimos casos, las privatizaciones suponen económicamente un desastre para las arcas públicas además de una pérdida de calidad en el servicio.

La alianza entre personal trabajador y usuarios que suponen las plataformas en defensa de la sanidad pública son la máxima expresión del interés general frente a los mercenarios que intentan torcear nuestro sistema de protección para vendernoslo de nuevo adulterado.

El PNV seguirá diciendo que no se privatiza a la vez que asistimos al incremento de seguros privados de un 20% en los últimos años. Pero la clase trabajadora no podemos permanecer impasibles ante una tomadura de pelo tan grande y tan peligrosa para el pueblo trabajador vasco y sus generaciones venideras. Asistimos a un juego de trileros perverso con conceptos como titularidad o colaboración público-privada y debemos tener claro que este juego de trileros esconde un ataque sin precedentes a nuestro derecho a un sistema sanitario público para todos y de calidad.

Por eso, para LAB, las convocatorias de huelga el 18 y 19 son importantes para los y las trabajadoras de Osakidetza, pero los vasos comunicantes entre los derechos de las trabajadoras dentro y fuera de los centros de trabajo sanitarios, sos más que evidentes, como se ha puesto de manifiesto en las últimas iniciativas que han tomado la calle de la mano de las plataformas ciudadanas.