Cuatro años de conflictos laborales en Euskadi: de las reivindicaciones salariales al “vienen a por el PNV”

Los cuatro años de la legislatura que acaba, la última de Iñigo Urkullu como lehendakari, han tenido un hilo conductor: una elevada conflictividad laboral empujada por la crisis económica tras la salida de la pandemia de la COVID-19, la guerra de Ucrania y la subida del IPC. Hay que tener en cuenta que aunque 2020 se cerró con un IPC del -0,3%, se disparó hasta el 6,4%, 5,4% y el 3,1% en los tres años posteriores. Esta subida del coste de la vida ha impulsado a la baja el poder adquisitivo de los trabajadores y al alza las reivindicaciones salariales en la negociación de los convenios. La conflictividad ha sido casi generalizada, porque pocos sectores han escapado a las huelgas o los paros, pero se han dejado notar con intensidad en el sector público.

Desde la Educación a la Sanidad, los trabajadores de la Administración e incluso la Ertzaintza -pese a que no puede hacer huelga- han llevado sus reivindicaciones a la calle en un goteo continuo de conflictos que desde la parte nacionalista del Gobierno vasco han visto como un ataque directo contra su partido. “Vienen a por el PNV”, han dicho en varias ocasiones el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, refiriéndose a supuesta una estrategia orquestada entre sindicatos y algunos partidos para sacarles del poder otorgando a estas movilizaciones un carácter más político que sindical.

Si ya en los cuatro años anteriores las relaciones entre Urkullu y los sindicatos no habían sido muy buenas, la tensión creciente desde 2020 ha dado lugar a una ruptura prácticamente total, sobre todo con las centrales nacionalistas, ELA y LAB, la mayoría sindical, a los que siempre ha visto formando parte de esa estrategia de acoso y derribo contra su partido sin tener detrás, en su opinión, motivos laborales como para justificar las huelgas. Es una visión que comparte el candidato nacionalista Imanol Pradales, el sustituto de Urkullu, que en una entrevista en elDiario.es/Euskadi secundaba esta teoría de que “hay una estrategia sindical de generar conflictividad en el ámbito público y parapúblico de manera muy relevante” para desgastar al PNV. Y no dudaba en apuntar que esto es una cuestión que beneficia a EH Bildu: “Si uno genera un clima de tensión social, de conflictividad… Al final, ¿quién está haciendo un discurso en el sentido de que esto es decadente y todo va mal? Se puede nutrir de ese malestar social, ¿no?”.

Lo cierto es que, independientemente del carácter político que se les quiera otorgar a estos conflictos, dirigiendo las miradas directamente a ELA y LAB, son muchas de las movilizaciones que han protagonizado estos cuatro años las que llevan la firma de la mayoría de los sindicatos. Es el caso, por ejemplo, de los conflictos de los funcionarios, de la enseñanza pública o la concertada, las ambulancias externalizadas de Osakidetza, las contratas de limpieza también externalizadas de Osakidetza, los autobuses de Bilbao o Vitoria o la Sanidad. No es sólo cosa de ELA y LAB, aunque los otros dos sindicatos de clase con mayor representación, CCOO y UGT, sí se sientan en foros con el Gobierno vasco como la Mesa de Diálogo Social en la que suscriben acuerdos con el Ejecutivo y la patronal. Pero la conflictividad va por otra vía. Hasta la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha terciado en esta campaña y ha recordado al PNV que las protestas son un “derecho”.

“Nos parece que es un error de bulto situar que la conflictividad social y fundamentalmente la conflictividad laboral está en la clave de tumbar un gobierno o de intentar atacarlo. Nada más lejos de la realidad”, dice la secretaria general de CCOO Euskadi Loli García. Recuerda que, en lo público, la conflictividad tiene que ver con que en la pandemia “todos salían a aplaudir a los sanitarios”. “Y decíamos que qué buenos eran, como también los empleados públicos o los trabajadores del SEPE que estuvieron trabajando 20 horas para sacar adelante todos los ERE y que todo el mundo cobrara. Pero pasada la pandemia los empleados públicos en Euskadi están sin marco real de negociación colectiva y hace tiempo que venimos exigiendo una inversión en servicios públicos. No es algo que se nos haya ocurrido de repente”, alega. Y en el sector privado, añade García: “En un momento de crecimiento económico tan brutal, en un momento donde ha habido beneficios empresariales como nunca se habían visto en este país, nos ha tocado disputar algo que creo que es muy básico, que es garantizar el IPC de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Y todo eso nos ha costado sacarlo en muchos convenios, con mucha, con jornadas de huelga y con mucha pelea, mucha lucha”. La dirigente de CCOO reitera que no hay una conflictividad sin justificación como pretenden trasladar desde algunos sectores.

Sí es cierto que es ELA el sindicato que más huelgas capitanea y el que las alarga más en el tiempo, fundamentalmente por poseer una caja de resistencia que permite a sus afiliados asumir el coste de los descuentos de la nómina. Actualmente se sitúa en 1.389 euros mensuales para cada afiliado en huelga. Este fondo ha permitido al sindicato hacer huelgas muy largas, como es el caso de la empresa Novaltia, es el conflicto más largo de Europa, que duró tres años y ocho meses, o de las contratas de limpieza de Osakidetza, que llevaban cinco años sin firmar un convenio y pusieron en jaque a la Sanidad pública durante casi medio año. O las empleadas de la limpieza del Guggenheim.

Euskadi está a la cabeza de las listas de regiones con más conflictos y acumula el 40% de todas las huelgas que se convocan en España, según datos del Ministerio de Trabajo. Ciudades como Bilbao, seguida de cerca por Vitoria, se han convertido en escenario diario de manifestaciones. El alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, del PNV, llegó a proponer que las manifestaciones se realizaran por la acera para evitar el colapso diario del tráfico en la capital vizcaína. Esta multiplicación de reivindicaciones es algo que critican con vehemencia patronales y Gobierno, pero desde sindicatos como ELA consideran un “orgullo” porque “la huelga es el único camino para conseguir que se reconozcan los derechos de los trabajadores”, repite siempre el líder de este sindicato, Mitxel Lakuntza.

Conflictos con la Administración, directa o indirectamente

Han sido muchos los conflictos laborales sectoriales o de empresas los que han enfrentado a patronales y sindicatos a lo largo de estos cuatro años, pero sin duda esta ha sido una legislatura de conflicto casi continuo entre el sector público y la Administración. En parte, por la pérdida de poder adquisitivo que también se hace evidente en el sector privado, y en parte porque muchos de estos sectores públicos o algunos de los externalizados, pero que trabajan para la Administración, están relacionados con la Sanidad o el sector de los cuidados y la pandemia de la COVID-19 puso primero en valor su necesidad y después sus carencias. Muchos de estos conflictos permanecen abiertos y dejan claros deberes para el próximo Gobierno vasco que salga de las urnas el 21A. Son unos deberes que pasan por garantizar el poder adquisitivo, pero también ponen en cuestión la creciente privatización de los servicios públicos, especialmente en el sectores relacionados con la Sanidad o con los cuidados y que centrarán con seguridad buena parte de los debates de esta campaña electoral por haber marcado con fuerza el final de la legislatura. EH Bildu ha abogado claramente por la publificación, con la relevante excepción de la educación concertada, más en concreto de las ikastolas.

Los representantes sindicales de los funcionarios vascos, que han realizado tres huelgas en un periodo de cinco meses -en octubre y en diciembre de 2023 y en marzo de este 2024- ya han dejado claro al próximo Gobierno vasco que seguirán movilizándose si no se atienden a sus reivindicaciones: básicamente que se solucione la pérdida de poder adquisitivo de la última década, que calculan en un 20%, y de entrada piden una subida del 10%, y que las condiciones laborales de los empleados públicos vascos se negocien en Euskadi y no en Madrid, además de solucionar la elevada tasa de temporalidad de todo el sector público vasco.

Las ambulancias externalizadas de Osakidetza, actualmente en huelga indefinida arrastran un conflicto desde el mes de septiembre y aunque su negociación se realiza directamente con las empresas La Pau y Ambulancias Gipuzkoa también han llevado sus protestas en múltiples ocasiones ante la sede del Gobierno vasco o el Parlamento Vasco porque quieren que el Departamento de Salud se implique en la solución del conflicto, ya que piden la equiparación de sus condiciones con la de los trabajadores públicos.

La equiparación con los trabajadores contratados directamente por Osakidetza es una reivindicación que también llevó al paro a otras de las contratas externalizadas por el Servicio Vasco de Salud, en este caso de la limpieza. El conflicto finalizó tras cinco meses de paros con la mediación del departamento de Trabajo y Empleo y la aceptación por parte del departamento de Salud de nuevas condiciones en los contratos con las empresas concesionarias para financiar la equiparación de las condiciones con los trabajadores públicos. Las trabajadoras en sus movilizaciones llegaron a ocupar el despacho de la consejera Sagardui e incluso accedieron al portal de su domicilio particular. La consejera criticó abiertamente a las trabajadoras asegurando que perjudicaban a los pacientes. En Osakidetza hace ya una década que no se celebran elecciones sindicales.

Las residencias, concertadas en este caso por las Diputaciones forales, también han sido un foco de conflicto. Un sector precarizado, altamente feminizado, que durante la pandemia se consideró esencial, pero que una vez superada la crisis sanitaria se han sentido “abandonadas” desde empresas y administración. Las de las residencias de Bizkaia llegaron en mayo del año pasado a un acuerdo que supone una subida del 23% de sus salarios, pero para ello estuvieron dos años de conflicto.

Siete largos años han tenido sin actualizar su salario las trabajadoras de ayuda a domicilio de Bizkaia, mientras denunciaban que sí se incrementaba el dinero que las empresas concesionarias reciben de las administraciones. El acuerdo suscrito en marzo del año pasado tras varias jornadas de huelga supone un subida del 17,5%. Un subida salarial del 20% permitió poner en fin al conflicto de las trabajadoras de limpieza del Guggenheim Bilbao, tras más de 300 días de huelga.

El transporte también ha puesto en jaque a las administraciones, en este caso municipales y lo sigue haciendo, porque si bien los trabajadores de los autobuses municipales de Vitoria, Tuvisa, llegaron a un acuerdo para terminar con los paros que han protagonizado los últimos meses, los de Bilbao, Bilbobus están a punto de iniciar el próximo martes una huelga indefinida después de también son otro ejemplo de conflicto de trabajadores de un servicio que siendo público, se ha externalizado. El conflicto de estos trabajadores se ha quedo enquistado entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento de Bilbao, que dice que no puede restringir el contrato a esta empresa para que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. Llevan con huelgas intermitentes desde el mes de octubre sin que se les haya dado una solución.

El poder adquisitivo como caballo de batalla

La negociación de los convenios ha girado a lo largo de estos años en garantizar el poder adquisitivo de los salarios, con un IPC desbordado que las patronales aseguraban no poder asumir de golpe. Esto ha llevado a importantes conflictos, como el Metal de Bizkaia, que afecta a 50.000 trabajadores, que se solucionó a principios del año pasado tras una semana de huelga que paralizó el sector por completo y obligó a parar empresas en Álava por falta de piezas como fue el caso de Mercedes Benz.

Precisamente el de la empresa automovilística alavesa, la más grande de Euskadi ha sido uno de los conflictos más sonados por la negociación del convenio. Aunque se solventó con éxito, y la empresa está ya en la línea de salida de la electrificación del grupo y tiene con ello garantizado su futuro a largo plazo, el conflicto laboral estuvo a punto de dar al traste con las inversiones previstas para la planta alavesa, que llegó a estar paralizada varios días, un hecho del todo excepcional.

Michelin también ha sido otra de las grandes empresas que ha parado para forzar la negociación de su convenio, con la particularidad, además, de que la planta de Vitoria ha votado descolgarse del comité intercentros y negociar sus condiciones por separado, como hacía ya la planta de Lasarte-Oria.

También se han sucedido los conflictos en empresas con problemas más allá del convenio. Es el caso de Mecaner, por ejemplo, que negocia en estos momentos un ERE de extinción con la multinacional Stellantis, o de Glavista, la antigua Guardian Llodio, ahora propiedad de un fondo, en la misma situación, a punto de desaparecer.

Un Gobierno que exija que se actualicen los salarios

Y ante este panorama, ¿qué se le puede pedir al próximo Gobierno vasco que salga de las urnas el 21A? “En la negociación colectiva privada, entre sindicatos y empresarios, lo que tiene que hacer el Gobierno es ponerse a favor y remar a favor de los más desfavorecidos. Lo que hace habitualmente que situarse siempre del lado empresarial. Hay que exigir que se actualicen los salarios y creo que un gobierno debe estar con la ciudadanía y tiene que estar en este caso con los trabajadores y las trabajadoras”, señala García. “Y en el ámbito público, pues aplicarse el cuento directamente ya en el ámbito público, por un lado los empleados y empleadas públicos, pero por otro lado, en un montón de servicios externalizados que tienen las administraciones públicas que dependen del gobierno y que y que no tienen nunca nunca en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras en sus licitaciones y en sus concursos”.

En este sentido, recuerda García que que la “desindexación de los salarios en los concursos públicos” es una reclamación que se viene planteando desde hace muchísimo tiempo desde su sindicato: “Los concursos públicos deben recoger las necesarias subidas salariales que tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras”. Y “no parchear en los cuidados”. “No vale que nos llenemos la boca con mensajes que a todos nos pueden caer bien si luego no hay una apuesta pública por hacer un espacio de cuidados que pasa por servicios de calidad y por condiciones laborales justas de los trabajadores”.