Denuncian que el vertido de amoniaco en la incineradora de Gipuzkoa se hizo conscientemente para “borrar huellas” e irregularidades

La plataforma en contra de la incineradora de Zubieta GuraSOS ha denunciado que el vertido en la regata Arkaitzerreka del río Oria, a su paso por Zubieta, se hizo de manera “consciente” y “fue un cúmulo de graves irregularidades e ilegalidades que venían cometiéndose en el desarrollo del proyecto”. Por ello, ha pedido que se paralice de manera “inmediata” el funcionamiento de las instalaciones “hasta que se garantice la ausencia de peligro por los contaminantes orgánicos persistentes en la aplicación del principio de precaución”. La solicitud llega tras el informe de la Unidad central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil en el que se informa de que hubo un “grave accidente químico”.

El presidente de GuraSOS, Jose Mari Izeta, y el miembro de la plataforma y abogado, Joseba Belaustegi, han acusado este miércoles a los responsables de la incineradora, GHK —el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa— y Ekondain, la gestora, de “crear un gran vertido” de manera consciente para “ocultar el funcionamiento ilegal” de la incineradora de Zubieta tras el derrame de alrededor de 300 litros de amoniaco en mayo de 2020 que causó una gran mortandad de peces y animales de gran tamaño en la zona de Arkaitzerreka. Según ha desvelado el informe de la UCOMA, se vertieron 2.302.992 litros de agua amoniacada, “que arrastraron el amoniaco presente en toda la red y depósitos pluviales directamente al caudal”, manifiesta Belaustegi, con el objetivo de “borrar” cualquier “huella” del vertido inicial.

En la versión de GHK, existe un circuito cerrado en el cubeto de derrames de amoniaco, sustancia empleada para “depurar los gases de la combustión”, es decir, como “aditivo para reducir la contaminación”. Por ello, “se prevé que pueda haber derrames accidentales y conscientes en un cubeto estanco”, aclara Belaustegi. Sin embargo, el informe descubre que el diseño de ese cubeto estaba modificado y se había conectado a la red de pluviales, lo que causó el accidente. Por eso mismo, GuraSOS denuncia también que, cuando se produjo el vertido de amoniaco, los responsables de la incineradora, en vez de avisar de lo ocurrido, intentaron “borrarlo”.

Además, la plataforma ha asegurado que no solo hay un delito ecológico por el vertido, sino que “posiblemente” haya tres delitos más: otro vertido en marzo de 2020, la aparición de “altísimos niveles” de cloroalcanos y la contaminación de la atmósfera. El vertido de marzo de 2020 “tendría un riesgo potencial similar” al de mayo, como concluye la investigación de la Guardia Civil por la que ha salido a la luz. Asimismo, se han detectado cloroalcanos en el tejido de una anguila muerta. Los cloroalcanos son sustancias “muy tóxicas y con evidencias de ser cancerígenas” cuyo empleo prohibió la Unión Europea en 2004. El origen de la intoxicación del animal, sostiene la investigación, puede ser la incineración de plásticos, gomas y otros residuos.

Origen en el funcionamiento sin control medioambiental

Desde la perspectiva de GuraSOS, todo ello ha tenido origen en el funcionamiento de la incineradora cuando todavía no estaban terminadas las obras y sin “los sistemas y garantías de control de contaminación y seguridad industrial” necesarios. En concreto, denuncian la puesta en marcha de la planta sin la efectividad de la Autorización Ambiental Integrada, los sistemas de seguridad para evitar vertidos ni los controles ni mediciones exigidos. Por ello, GuraSOS asegura que el funcionamiento de la incineradora ha causado la “muerte” de la regata, al haber hecho desaparecer a las cuatro especies de Arkaitzerreka. Además, el vertido también mató a 15 ovejas.

Asimismo, Izeta y Belaustegi han recordado que las instituciones responsables —GHK, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno vasco— no han informado de lo ocurrido, sino que ha tenido que ser la propia ciudadanía “organizada” quien lo haga. GuraSOS ha tenido acceso al informe porque está personada en la causa después de abonar una fianza de 1.500 euros. Así, la plataforma popular ha denunciado que desde las instituciones no se está ejerciendo el derecho a la información que conlleva la obligación de informar, presente en “todas y cada una de las leyes que afectan a estas cuestiones ambientales, como la Ley de Participación e Información en materia medioambiental, el Real Decreto que regula el control de riesgos de accidentes en caso de sustancias peligrosas, en la Ley de Responsabilidad Medioambiental y en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil”.