Educación insiste en que las ikastolas privadas no pueden escapar de las nuevas medidas para aceptar alumnado vulnerable

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha presentado este lunes en el Parlamento Vasco la nueva normativa de admisión escolar en Euskadi para evitar la segregación y que se ha aplicado en las matrículas del curso 2023/2024, que arranca en septiembre. Con un sistema de derivaciones, es la primera vez que se fuerza a los centros de titularidad privada concertados con fondos públicos, que agrupan al 47% del alumnado, a acatar normas de reparto equilibrado del alumnado vulnerable. Las ikastolas privadas, en este primer intento, se han rebelado y han planteado incluso quedarse con alumnos que consideran propios y ocupar plazas reservadas a colectivos vulnerables. Con ese elefante en la sala de comisiones de la Cámara, Bildarratz no ha mencionado el asunto hasta más de una hora después de iniciada la sesión. En genérico, el titular de Educación ha afirmado que se hará cumplir la normativa y que es la Administración la que gestiona las matrículas -no acatar una derivación dejaría a esos alumnos sin expediente-, pero no ha llegado a verbalizar que estos colegios rebeldes podrían quedarse sin concierto como les ocurrirá a los del Opus Dei que sigan manteniendo la segregación por sexos.

Bildarratz y su equipo han explicado un modelo “complejo” para reducir la segregación, que golpeaba de lleno a centros públicos, particularmente en las capitales. Con todo, han subrayado que son cambios “progresivos”, deliberadamente “lentos” precisamente por las tensiones que generan. La patronal de colegios religiosos, Kristau Eskola, también ha mostrado sus dudas, por ejemplo, aunque no con la intensidad de las ikastolas. Dos puntos clave de este proceso “progresivo” es que el reparto solamente se da en la matrícula de dos años -esto es, no habrá derivaciones en cursos superiores- y que se limita al 10% la derivación máxima que puede aplicarse a un centro. Se trata de empezar a que no sea la red pública y un reducido número de concertados los que concentren el grueso del alumnado de menor nivel socioeconómico.

El titular de Educación ha querido poner en su contexto las incidencias. De 11.969 matriculaciones, en 11.252 se ha asignado la plaza en la primera opción elegida, un 94,1%. En 462 se ha ofrecido un centro marcado también como alternativa, ya que las opciones que se podían marcar eran infinitias. Así, son solamente 255 los casos de derivaciones decididas por Educación y porque no habían elegido nada más que una opción, cuando podían haberlo hecho. Esto ha resultado en que la red pública ha tenido un saldo de 82 estudiantes procedentes de familias que habían demandado estudiar en la privada. Desde las listas provisionales -que ya soliviantaron a las ikastolas y en menor medida a los religiosos- hasta las definitivas se han atendido algunas alegaciones de familias derivadas por casos previstos en la normativa como tener hermanos mayores en ese mismo centro. Son 16 casos. Y hay otras 9 aceptadas, ha indicado Bildarratz. En 160 centros no ha habido intervención administrativa alguna.

Bildarratz ha recordado que ahora queda la matrícula viva. Son hasta 5.000 alumnos que llegan durante el curso. Ese proceso se hará ahora también con criterios idénticos. Por ello, es inviable que haya colegios que quieran llenar plazas vacantes de vulnerables con los no vulnerables que han derivados, como han dejado entrever las ikastolas. Todos los colegios de una zona de influencia han de respetar el cupo de plazas vulnerables. Aunque la media vasca es del 15%, la vulnerabilidad es muy variable dentro de Euskadi. En Vitoria llega al 20% de todo el alumnado; en Donostia se queda en el 8%.

En la comisión ha salido también a relucir que la vulnerabilidad se ha detectado con un formulario muy singular que no pregunta por la renta y sí por si la familia tiene Netflix, coche o libros de Miguel de Cervantes. Educación ha defendido que es una herramienta validad y que, más allá de lo anecdótico, permite cruzar una treintena de variables para lograr un diagnóstico acertado. Bildarratz ha enfatizado que Euskadi ha mirado las políticas contra la segregación de Catalunya.

Bildarratz también ha puesto sobre la mesa otros dos elementos. Uno, la tradicional sobreoferta de la concertada. Ha indicado que se han tomado medidas para que estos colegios no intenten captar más plazas que las necesarias, lo que distorsiona los porcentajes. Sin embargo, en el debate implícitamente se han admitido casos como el de Loiu, donde se acumulan colegios privados para alumnado que viene de Bilbao. Se ha indicado que allí se aplica un porcentaje de vulnerabilidad de la zona de origen de los estudiantes para que no escapen al reparto equilibrado.

El consejero también ha mencionado las proyecciones de caída de la natalidad. Sin embargo, no ha planteado que eso pueda suponer una reducción de los conciertos para que la pública en Euskadi llegue a los porcentajes que tiene en otras comunidades autónomas. Es una medida tomada en regiones vecinas como La Rioja. De hecho, ha alentado fusiones de colegios privados para que puedan sobrevivir con una dimensión adecuada. En todo caso, Bildarratz ha enfatizado que es una “determinación” de este Gobierno buscar la “equidad” y combatir la “segregación” porque una “mayor concentración de alumnos con estatus socioeconómico más bajo puede condicionar los resultados académicos”.

El PSE-EE, socio de Gobierno y que ha abierto una brecha con el PNV por la tramitación de la nueva ley educativa, muy relacionada con este debate, ha dado una tregua a Bildarratz. La exconsejera y nueva portavoz socialista en la materia, María Jesús San José, ha deseado “muchos éxitos” a los responsables del Ejecutivo en este plan. En cuanto a la oposición, EH Bildu, aliado habitual en esta materia, ha destacado la “complejidad” de la tarea y que se haya empezado a “normativizar” lo que hace unos pocos años se negaba, el desequilibrio entre redes, en palabras de Ikoiz Arrese. Isabel González, de Elkarrekin Podemos-IU, ha insistido en que hay puntos oscuros en este plan con preguntas como qué ocurriría si a una familia que ha elegido ir a la pública se le acaba derivando a un centro concertado. Ha alertado también de que hay privados que exigen hacerse socio para poder optar a una plaza.

PP+CS y Vox han exhibido su preocupación por la capacidad de elección de las familias de modelos educativos en castellano. El consejero ha respondido que ese debate se tendrá que sustanciar cuando se tramite en el Parlamento la reforma de la ley educativa. No obstante, ya ha recalcado que aunque no aparezcan los modelos A, B y D en el proyecto de ley del Ejecutivo sí se mantendrían en aplicación de una normativa anterior sobre el euskera.