ELA amenaza con convocar huelgas en la Educación vasca si el Gobierno vasco no atiende a las alegaciones que el sindicato quiere que se incluyan en la nueva Ley de Educación. De entrada, pretende que se ponga en marcha una mesa para negociar las condiciones de los trabajadores y en la que estén representados tanto los de la enseñanza pública como los de la concertada. “Se está hablando de una ley para todo el sistema educativo vasco. Si queremos que haya una transformación del sistema, habrá que negociar un proceso en la que tengan participación los trabajadores de las dos redes”, ha señalado Miren Zubizarreta, representante de Educación de sindicato.
Zubizarreta ha lamentado que todo el proceso de creación de la ley se haya llevado a cabo sin ningún tipo de participación de los sindicatos -aunque sí comparecieron en el Parlamento- , y ha criticado que el anteproyecto de Ley que se ha presentado no es más que una “exposición de intereses genérica y sin ninguna concreción”. En este sentido, ha señalado que no se concretan medidas ni para garantizar la gratuidad de la enseñanza, ni para acabar con la segregación. “Todo se deriva a decretos del Gobierno vasco que se elaborarán a futuro”, ha recordado, lo que ha considerado que es un “fraude democrático” porque es imposible saber cómo va a ser exactamente la Ley.
ELA va a presentar en los próximas semanas alegaciones al anteproyecto de Ley y, aunque ha recalcado que el sindicato está abierto a la negociación con los grupos políticos y con el Gobierno vasco, ha insistido en que si no se atienden sus demandas buscará la “unidad de acción” con otros sindicatos para “impulsar huelgas y movilizaciones” para “condicionar la Ley”. En concreto, entre las alegaciones que presentará ELA al anteproyecto de Ley de Educación hay medidas en materia de equiparación de las condiciones laborales, modelo de inmersión lingüística en euskera, currículum vasco y reducción de la segregación.
Su objetivo es que el texto definitivo incluya “medidas de transición para construir una escuela pública vasca soberana e inclusiva con condiciones laborales adecuadas”. En esta línea, propondrá al Gobierno la constitución de una mesa sobre condiciones laborales para “canalizar” las demandas sindicales y “trabajar en los consensos”. Además quiere que se acuerde “un itinerario concreto” para situar la temporalidad en la educación pública por debajo del 8% en tres años, con el objetivo de avanzar en la “estabilidad” del sistema público.
También exige cumplir el acuerdo de recolocación de trabajadores en la concertada, la equiparación y mejora de las condiciones de trabajo entre el sistema público y concertado en cinco años, incrementar los puestos de trabajo para “lograr una educación de mayor calidad” y revisar el sistema de selección de personal y acordar “la transición a un nuevo modelo de OPE” son otras de sus propuestas.
En materia de “transformación” del modelo educativo, el sindicato señala que la ley debe recoger que “la competencia para decidir el currículo” vasco debe estar en Euskadi y que “la religión confesional debe ser sustituida por el conocimiento científico de las creencias y religiones del mundo, y Euskal Herria debe ser el marco referencial”. Finalmente, ve necesario “un acuerdo sociopolítico” para defender el currículum acordado ante el Gobierno central.
ELA reclama también “autonomía” para la elaboración de materiales didácticos y defiende un modelo de inmersión lingüística en euskera. A su entender, además de ser lengua vehicular, se debe garantizar la presencia del euskera “en todas las actividades de la escuela”, incluidos el comedor, actividades extraescolares, cuidados de las horas de juego o servicios de autobús, además de medir ese uso.
Para el sindicato, es necesario, por otra parte, que, “si la comunidad de una escuela concertada-privada solicitara su publificación, la Ley de Educación debe recoger las bases mínimas para llevar a cabo este proceso”. Entre ellas, ha apuntado, deberá figurar la subrogación del personal.
También plantea medidas para “garantizar la gratuidad”, entre ellas que la ley incluya la creación de un grupo de al menos 30 inspectores. Además, pide que las escuelas que reciban financiación pública deban hacer públicas sus cuentas y crear una “mesa de transparencia” con sindicatos, asociaciones de familias y partidos políticos.
En esta línea, ha afirmado que “hay que aclarar los detalles del nuevo sistema de financiación de las escuelas concertadas” y definir “cómo se hará el pago de las infraestructuras (como una piscina) y establecer criterios equiparables para todas las escuelas”, además de clarificar la forma de pago de las actividades extraescolares.
Para ELA, para “terminar con la segregación”, la ley debe garantizar que el alumnado vulnerable y no vulnerable se distribuya proporcionalmente y que “esa proporción sea equilibrada en todas las escuelas de un pueblo de la misma manera”, mientras que, cuando el alumnado del centro escolar sea de fuera de la localidad donde está establecido, se deberá cumplir la proporción del territorio. Para garantizarlo, el sindicato planea que la ley contemple que, mediante el sistema de matriculación, todas las escuelas reserven plazas para alumnado vulnerable. Según explica, “las plazas reservadas deberán ser en la misma proporción que la tasa de vulnerabilidad de la localidad donde se encuentre el centro” y ese índice debe utilizarse como requisito para recibir financiación pública. Asimismo, ELA reclama que se garantice alcanzar la inversión pública media europea en un plazo de tres años, lo que, según ha explicado, supondrá destinar a educación el 4,7% del Producto Interior Bruto.