ELA , LAB y Kontseilua han unido fuerzas para presionar al Gobierno vasco y conseguir que la administración pública vasca sea completamente euskaldun. Han fijado incluso un plazo temporal para ello, 15 años, como máximo. En este periodo, “todas las personas empleadas en la administración deberían tener unos conocimientos mínimos de euskera en todos los puestos de trabajo”, han señalado en una comparencia conjunta sus máximos responsables: Mitxel Lakuntza (ELA), Garbiñe Aranburu (LAB) y Paul Bilbao, representante de Euskalgintzaren Kontseilua, agrupación que reúne a más de 30 asociaciones que trabajan a favor de la normalización del euskera.
Las tres organizaciones han presentado una serie de medidas concretas para alcanzar ese objetivo que quiere que sean asumidas por parte del Ejecutivo vasco en el decreto de perfiles lingüísticos que prepara y que está en este momento en el plazo de recepción de propuestas. Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo, la creación de circuitos y unidades en euskera, programas de formación sólidos para la euskaldunización del personal y las posibilidades de exenciones. Además, consideran que “es imprescindible que los puestos de trabajo tengan establecido en todas las nuevas convocatorias, al menos, el perfil lingüístico B2 y que al menos una prueba de las relacionadas con la función o el desempeño del puesto se realice en euskera”.
La propuesta se realiza justo cuando ha resurgido de nuevo la polémica sobre los perfiles lingüísticos de euskera exigibles para acceder a puestos de la administración vasca después de que un juzgado de Vitoria haya permitido admitir en la convocatoria de las bolsas de trabajo de Policía local de Euskadi a todos aquellos aspirantes que no posean el nivel B2 de euskera. Una sentencia que será recurrida por el Gobierno vasco. Lakuntza, Aranburu y Bilbao han criticado la sentencia que han calificado de “grave intervención del poder judicial” y han considerado que este tipo de fallos “ponen de manifiesto la necesidad de una elaboración normativa sólida, sin resquicios, por lo que el decreto a aprobar debe ser valiente y decisivo”.
Los tres representantes de la mayoría sindical y de Kontseilua han puesto un plazo temporal de 15 años porque creen que “es hora de responder a esta cuestión con toda la determinación y sin demora”. En este sentido, consideran que debe aprovecharse que en los próximos años “se jubilará la mitad de los empleados públicas”. “Un cambio generacional que es una oportunidad excepcional para euskaldunizar la administración, mediante un proceso de transición que incluya a todo el personal”.
En su propuesta se pretende que se garanticen unos “conocimientos mínimos de euskera en todos los puestos de trabajo, porque sólo así se garantizará que los vascoparlantes puedan acceder al servicio en euskera, de la misma manera que lo hacen los castellanoparlantes. Y, asimismo, sólo así se garantizará que los trabajadores y las trabajadoras vascoparlantes puedan trabajar en euskera”.
“Este camino es una garantía de derechos, no algo que se quiera construir en contra de nadie”, aseguran, por lo que prevén “vías y recursos” para que los empleados públicos que actualmente trabajan en las administraciones y carecen de conocimientos de euskera puedan acceder al conocimiento del idioma, o “exenciones para quienes por razones de edad o de otro tipo no puedan hacerlo”.
La propuesta presentada por los tres agentes se ha dividido en nueve bloques: el establecimiento de objetivos y plazos concretos, la capacitación lingüística necesaria del personal, la creación de circuitos y unidades en euskera, la superación del sistema de índice de obligatoriedad, un programa de formación sólido para la euskaldunización del personal (recursos para la formación y liberaciones), nuevas bolsas de trabajo y convocatorias, criterios sobre la movilidad del personal, criterios de uso lingüístico, y, finalmente, las consecuencias del incumplimiento de la fecha de obligatoriedad y la posibilidad de exenciones.
Además, insisten en la necesidad de que haya unas “condiciones laborales dignas” en la administración, porque “la temporalidad es un obstáculo para el euskera, un obstáculo para llevar a cabo los procesos de euskaldunización de la administración, máxime cuando la temporalidad en las administraciones de Hego Euskal Herria es del 40%”, aseguran.
En cuanto a las medidas concretas, establece objetivos y plazos concretos: “garantizar la relación en euskera con la ciudadanía en el plazo de cinco años, y que el sector público trabaje en euskera en el plazo de quince”. Piden también que se supere “el sistema de índice de obligatoriedad actualmente establecido”. “Hay que tender a superar este sistema”, afirman, ya que “de no hacerlo, siempre quedará la posibilidad de incorporar al sector público personal sin la capacitación lingüística necesaria. Y la posterior euskaldunización de estos trabajadores y trabajadoras supondrá un importante sobrecoste”.
En cuanto a las bolsas de trabajo, así como a las nuevas convocatorias, considera que “teniendo en cuenta que la generación que dará próximamente el salto al mundo laboral será de las generaciones más bilingües (con una tasa de conocimiento del euskera superior al 80%) de los últimos tiempos”, creen imprescindible “que los puestos de trabajo tengan establecido en todas las nuevas convocatorias, al menos, el perfil lingüístico B2 y que al menos una prueba de las relacionadas con la función o el desempeño del puesto se realice en euskera”.
En opinión de estas tres organizaciones, “si no se regulan los criterios de uso de la lengua, siempre prevalecerá la lengua hegemónica”, en este caso el castellano. Por ello, consideran que “de poco sirve acreditar el perfil lingüístico y disponer de personal con la competencia correspondiente, si ese personal no desarrolla su actividad profesional en euskera”.