La bola de nieve en torno a la gestión del servicio de transporte escolar en los colegios públicos vascos sigue creciendo. Aunque el servicio se retomó con normalidad en todo el territorio en la segunda semana del curso, los ecos de la fuerte tensión que se produjo en los días previos a la 'vuelta al cole' siguen siendo evidentes, como también la polémica en torno a Joanes Labayen. El socio-director del bufete de Cuatrecasas en Euskadi fue contratado como asesor del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y acompañó al Gobierno en agosto a una reunión con el sector al tiempo que es miembro del consejo de administración de Autocares URPA, una de las empresas que realiza rutas escolares en Gipuzkoa y que estuvo en ese encuentro a su hermano como uno de sus dos representantes.
En el Parlamento Vasco, el letrado Guillermo Saiz, de otro gran despacho como es Garrigues, ha afirmado que Labayen secundó el amago del Gobierno de denunciar a las empresas de Bizkaia y de Álava que se negaban a prestar el servicio sin mejoras económicas ante la Fiscalía por indicios de que habían conformado un cártel para presionar a la Administración y maximizar sus beneficios, exactamente lo que ocurrió en Gipuzkoa hace un lustro. Es más, Saiz, que representa al grueso de compañías vizcaínas y alavesas a través de varias asociaciones profesionales como Anetra, AATC, Asintra, ANITCV y AUNDI, ha mostrado su inquietud por el hecho de que miembro de una empresa se alinease con el Ejecutivo para proponer un proceso penal que podía acabar con la prohibición de contratar para buena parte de su competencia.
“Las asociaciones a las que yo represento desconocían ese dato en la reunión [la vinculación de Labayen con URPA]. La sorpresa ha sido con la publicación de la noticia. De entrada, lo valoramos con cierta preocupación. Si no se hubieran adoptado salvaguardas... La idea con la que nos quedamos es que a ese asesor se le había contratado para preparar la denuncia a la Fiscalía. Si eso lo realiza alguien que es administrador en una compañía competencia del resto del sector y una consecuencia jurídica que pueda llevar aparejada es la prohibición de contratar, evidentemente eso genera preocupación. Confiamos en la integridad de ese asesor y en que el Gobierno vasco haya hecho esa contratación con garantías”, ha explicado Saiz en la Cámara en respuesta a una pregunta de Carmelo Barrio, portavoz del PP. El abogado ha comparecido invitado por la oposición (EH Bildu), que también prepara incluso una comisión de investigación sobre la materia (Elkarrekin Podemos-IU y PP).
Según fuentes presentes en la reunión, la intención de acudir a la Fiscalía la expuso el viceconsejero de Bildarratz, Xabier Aizpurua. Entonces, la parte del Gobierno cedió la palabra a Labayen, quien corroboró la existencia de base legal para dar ese paso, sin más detalles. Esta parte no consta en el acta de la sesión, aunque sí la presencia de Labayen y de su hermano como parte de la representación de URPA. La cita, en todo caso, se grabó también en vídeo.
El consejero Bildarratz, antes de que trascendiera el papel de Labayen, se había felicitado por haber calmado las aguas con las empresas de Bizkaia y de Álava y de haber acabado con el plante que dejó sin autobús a unos 7.400 estudiantes durante siete jornadas lectivas, lo que ha obligado a activar ayudas compensatorias extraordinarias. De hecho, llegó a admitir implícitamente que este nuevo “clima” les hacía replantearse el ir a la Fiscalía a pesar de que, días atrás, habían sido claros en que tenían “indicios” de graves irregularidades, no muy diferentes a las ya constatadas en Gipuzkoa en el pasado y que precisamente salpicaban, entre otras, a Autocares URPA. De hecho, el propio Labayen demandó al Gobierno vasco para intentar frenar la sanción que recibió su compañía de la Autoridad Vasca de la Competencia.
Saiz, en la Cámara, ha sido contundente en que sus empresas representadas no son ni “cartelistas” ni “delincuentes”, sino pequeñas organizaciones con estrecheces económicas. Aunque la Fiscalía no tiene ninguna denuncia, sí ha abierto un expediente Competencia. Constan como investigadas medio centenar de empresas, la mayoría vizcaínas y alavesas. El letrado de Garrigues sostiene que se incoó ese procedimiento sin base legal alguna y ha pedido su archivo. Además, ha revelado que el próximo lunes habrá una nueva reunión con Educación. Aunque el conflicto está en pausa, el servicio se presta con contratos transitorios y toca definir un marco estable ya de cara al curso 2024/2025.
“Hemos procedido de manera legal. No hay ninguna tacha”, ha insistido Bildarratz este miércoles en Radio Popular. Sobre Labayen, Educación recalca que “el abogado del bufete contratado no es propietario, ni gestor, ni administrador y ni tiene acciones en la empresa de transportes que supuestamente habría salido beneficiada en la adjudicación”. Ha prometido dar próximamente en el Parlamento todas las explicaciones “con luz y taquígrafos”.
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