Euskadi promete “equilibrio” entre la pública y la concertada para el alumnado vulnerable que llega durante el curso

Euskadi tiene un sistema educativo dual, con el alumnado repartido casi al 50% entre los centros públicos y los privados concertados. La práctica extendida de cobro de cuotas encubiertas en los segundos ha generado una barrera de entrada y que la red pública haya concentrado en los últimos años un gran porcentaje de alumnado vulnerable y extranjero. Las llegadas durante el curso, generalmente de familias migrantes, ahondaban en esta diferenciación. Así, en el marco de las diferentes medidas para la reforma educativa en la que trabaja el Departamento de Educación, este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una nueva orden para regular la matriculación “fuera del proceso ordinario de escolarización”. Y uno de los puntos recoge expresamente que los estudiantes considerados vulnerables solamente podrán entrar a centros “que estén por debajo del índice de vulnerabilidad de su área de influencia” para evitar la guetización de algunos colegios. Educación deja claro que esta disposición afecta por igual tanto a los centros públicos como a los “privados concertados”.

Se indica que, cuando un estudiante llegue durante el curso y presente la solicitud, se ofrecerá a la familia un listado de posibles opciones. “Los padres, madres, tutores o tutoras legales de dichos alumnos deberán seleccionar un centro o mostrar sus preferencias entre dichos centros disponibles”, se apunta. Esa lista será única, aparentemente con opciones públicas y privadas, atendiendo a lograr un “equilibrio” en la “distribución de la diversidad”. Hasta ahora era común que, ante estas llegadas, los privados se dijeran completos y que fuera la pública la que tuviera que satisfacer el derecho a la escolarización universal y gratuita. La norma habilitará incrementos de hasta un 10% en las plazas máximas para que ni los públicos lo sobrepasen ni los privados aleguen que no hay hueco.

Educación explica que será el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa el que “elaborará y publicará” los datos de “vulnerabilidad” que se tendrán en cuenta. Serán parámetros similares a los que también se quieren introducir en la matriculación ordinaria. Eso sí, se procurará atender demandas dentro del “área de influencia” de la petición para evitar desplazamientos largos. Además, se recalca que solamente por motivos justificados se podría pedir una matrícula fuera del radio más cercano. Es corriente que familias de Bilbao envíen a sus hijos, por ejemplo, a colegios privados de Loiu o Leioa. “Si el alumnado es no vulnerable, sólo podrá escolarizarse en centros que estén por encima del índice de vulnerabilidad de su área de influencia”, insiste la nueva normativa. Se elaborará un informe trimestral para ir analizando el desarrollo de estas disposiciones.

La orden fue firmada por el consejero del ramo, Jokin Bildarratz, a 27 de diciembre de 2022. Sin embargo, finaliza dejando claro que entrará en vigor este miércoles, es decir, al día siguiente de su publicación en el boletín. La semana pasada ya se publicó también la orden general de admisión, es decir, la regulación de la matrícula ordinaria. Este proceso se llevará a cabo este mes de febrero. Aquí también hay un punto sobre esta materia: “El Departamento de Educación determinará el número de plazas que los centros públicos [...] y los centros privados concertados tienen la obligación de reservar en cada curso para la escolarización de este alumnado. a reserva de plazas de los centros pertenecientes a cada área de influencia se determinará en función del Índice de Vulnerabilidad de dicha área de influencia”.

Se espera para el primer trimestre de este 2023 la presentación del texto definitivo del proyecto de ley de Educación después del borrador conocido en septiembre de 2022. El Gobierno de PNV y PSE-EE cuenta con un acuerdo político con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU sobre las bases generales del nuevo modelo, aunque en estos meses se han producido tensiones. A partir de ahí la reforma recalará en el Parlamento, que debería resolver toda la tramitación en lo que queda de legislatura, cuya finalización está prevista para la primavera de 2024.