Euskadi sigue derivando el 95% de los abortos a clínicas privadas y casi 4.000 mujeres ejercieron el derecho en 2022

En Euskadi, la Sanidad pública continúa derivando a centros privados concertados alrededor del 95% de los abortos, según un informe de noviembre de 2023 enviado al Parlamento Vasco por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Es un porcentaje superior a la media española, del 82%, aunque no se ofrecen los datos precisos. En 2022, se realizaron en Euskadi 3.894 interrupciones del embarazo a mujeres residentes en la comunidad autónoma y 89 a venidas de fuera. 61 vascas salieron a otros lugares. Casi el 10% de las atendidas fueron mujeres o menores de edad o que habían cumplido los 18 durante el embarazo o justo antes, es decir, menores de 19 años. Hay también otro porcentaje similar de mayores de 40 años.

Durante el proceso de reforma de la legislación estatal, en el que se discutió de este modelo, Euskadi ya presentó alegaciones para preservar esta concertación casi general y defender sus competencias propias en materia de Sanidad. Se hablaba en ese documento de un “doble eje público y concertado” y no se compartía con la entonces ministra, Irene Montero (Podemos), que el hecho de que se derivaran a la privada supusiese un menoscabo en el derecho. El Gobierno de Iñigo Urkullu recalcó entonces que se garantiza la gratuidad y la universalidad de la atención (también a mujeres extranjeras sin permiso de residencia, por ejemplo). El Ejecutivo interpretó el intento del Estado de centralizar en la red pública este servicio por el hecho de que algunas comunidades autónomas no estén garantizando la práctica de abortos a las mujeres que lo solicitan. “Establecer como obligatoria la prestación del IVE [interrupción voluntaria del embarazo], al igual que cualquier otra prestación sanitaria, en un centro sanitario público supone una invasión de las competencias que en materia sanitaria tiene nuestra comunidad”, escribieron los responsables jurídicos del equipo de Sagardui.

El documento recoge que el 95,5% de los abortos fueron “financiados”, es decir, costeados por la Sanidad pública independientemente del lugar de su realización efectiva. Es el porcentaje más alto desde 2011. Entonces eran el 85,4%. Fuentes de Osakidetza recalcan que Euskadi garantiza plenamente el derecho al aborto de las mujeres, aunque explican que la red pública solamente asume las intervenciones de mayor riesgo. Están concertadas para atender las derivaciones las clínicas Florida 6 y Askabide de Álava, Dr. Prada y Askabide de Gipuzkoa y Euskalduna, Rekaldeberri y Carlton de Bizkaia, según el registro oficial. En otros listados, en versiones anteriores, aparecía igualmente otro centro de Vitoria, el hospital Vithas San José.

Los 3.955 casos totales practicados en Euskadi arrojan una tasa de 11,09 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Es el dato relativo más alto desde 1995, aunque en 2011 hubo más intervenciones en términos absolutos, 4.138. Desde 2009 siempre ha habido más de 3.000. En 1995 eran unas 1.200, en 2000 ya eran 1.600 y en 2005 2.300. Por territorios, Álava ha experimentado un gran cambio social al tener una tasa ínfima hace dos décadas (1) y estar ahora por encima de la media (11,2). Gipuzkoa, con el dato más alto al inicio de la serie estadística, es la que ahora muestra una menor proporción (10,7). La media española es más elevada, de 11,7, aunque la diferencia es mucho menor que lo que era hace una o dos décadas. Seis comunidades tienen cifras más altas.

Precisamente 2022 fue el año de la reforma del Código Penal que prohibió de una manera más tajante las presiones a las mujeres que acudían a ejercer su derecho. En el caso de los centros de Askabide de Vitoria y de Donostia, una organización ultracatólica inició campañas con presencia continuada en la entrada y mensajes para las pacientes. No hay una sentencia firme con las denuncias presentadas por los responsables de Askabide, si bien siguen en vigor numerosas órdenes de alejamiento de 100 metros para personas muy concretas. “Lo más importante es que ya no se ponen delante de las clínicas. Nuestras pacientes están salvaguardadas”, explican desde estas clínicas privadas.

¿Y quiénes son esas mujeres? La radiografía es muy detallada. La edad media es de unos 29 años. Un 45% tiene pareja, pero un 30% vive con sus padres. Un 59% trabaja. Hay más madres que abortan que mujeres que no tienen hijos. Para dos de cada tres, la de 2022 fue la primera intervención. Alrededor de un 10% ha ejercido el derecho dos o más veces. El 46% se practica antes de la sexta semana de gestación. Apenas ocho fueron por encima de los seis meses. En el 94,5% de los casos la peticionaria es la propia embarazada. Un 3,3% tiene que ver con “riesgos graves” para el feto, un 1,2% para la madre y un 1,1 con otras anomalías “incompatibles con la vida”. Un 46% de las interrupciones son de tipo “farmacológico”. En un 32% el embarazo llegó tras haber usado métodos anticonceptivos. Euskadi recalca que los abortos “están sometidos a vigilancia epidemiológica” desde la despenalización de 1985. En 1986 ya fue asumido como una competencia autonómica. La gran reforma legislativa llegó en 2010, con la ampliación del derecho en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.