Archivada sin investigación la causa por el sobrecoste en la compra de dos camiones de basura en Vitoria durante la etapa de Maroto
La juez de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernada ha archivado la investigación promovida por la Fiscalía en torno al posible sobrecoste en la compra de dos camiones de basura por parte del Ayuntamiento en el tramo final de la etapa de Javier Maroto (PP) como alcalde de la capital vasca (2011-2015). Esta decisión fue recurrida por el ministerio fiscal sin éxito, ya que la Audiencia Provincial de Álava ratificó la resolución de la instructora.
Técnicamente, el sobreseimiento es “provisional” y podría reabrirse la investigación si surgieran nuevas pruebas, aunque fuentes judiciales indican que la decisión parece definitiva a tenor del recorrido que ha tenido este caso por el juzgado. Se da la circunstancia de que durante los meses en que estuvo abierta la causa judicial ninguna persona fue citada a comparecer para dar explicaciones por la compra de los vehículos. Asimismo, no se incorporó al expediente una tasación de los camiones para comparar el precio con el abonado por el Ayuntamiento, 332.700 euros por unidad más IVA.
La investigación en torno al posible sobrecoste en la compra de estos camiones llegó a la mesa de la juez Román Gobernado tras una denuncia de la Fiscalía, que recibió a su vez una comunicación anónima sobre la posible ilegalidad en torno a esta operación. Los vehículos fueron incorporados a la flota municipal sin concurso público -el tope para contratos directos era de 18.000 euros entonces- y también al margen de la contrata de la limpieza de la ciudad, en la cual la empresa adjudicataria está obligada a proveer todo el material rodante. Tras un primer análisis, el ministerio público detectó indicios de un posible delito de malversación de caudales.
Los dos camiones, que son de la marca Iveco y siguen operativos hoy, costaron en total unos 665.000 euros más IVA, unos 332.700 por unidad sin impuestos. Se da la circunstancia de que entraron en servicio en la primavera de 2015 (su matrícula es de la serie JDT), a escasas semanas (sólo 48 días) de la entrada en vigor de la nueva contrata (en manos de una UTE entre FCC y Viuda de Sainz-GMSM) y que tenía como requisito principal la renovación total de la flota. Un dato llamativo es que en la documentación oficial de cara a esa nueva contrata, la UTE ofertaba a Vitoria vehículos de similares características (aunque de la marca Scania) por un coste de unos 177.000 euros. Asimismo, en otras localidades de España que han comprado maquinaria similar a Iveco el coste nunca ha superado los 200.000 euros.
Este periódico solicitó en 2018 un presupuesto a un distribuidor oficial de la marca italiana especificando características similares: vehículo de casi 300 CV, capacidad de 25 metros cúbicos, tecnología OMB CMPL7ETS, automático y con posibilidad de ser reconvertido de motorización diésel a gas natural comprimido, como es el caso de los de Vitoria. La oferta recibida fue de 196.600 euros más IVA, con el matiz de que el precio sería menor en 2014 por las actualizaciones que ha sufrido el modelo, por el IPC (de alrededor del 3%) y porque las ofertas individuales son más elevadas que las compras de más de una unidad.
En estas circunstancias, la Fiscalía estimó que la operación podría encerrar un delito de malversación de caudales. Sin embargo, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, ni se citó a declarar a ninguno de los responsables de la compra (técnicos o políticos) ni tan siquiera se autorizó una valoración de los vehículos, como pidió la Fiscalía. El 16 de febrero de 2018 el ministerio público registró un escrito en ese sentido pero el 1 de marzo de ese año, con un auto de apenas unos párrafos (dos líneas de “antecedentes”, cinco líneas de “fundamentos de derecho” y una de “parte dispositiva”), la magistrada rechazó esa solicitud.
Hubo un primer recurso ante la Audiencia de Álava, pero quedó desestimado al interpretar el tribunal que había margen para analizar el precio de los vehículos antes de que se decretara el final de la instrucción. Con el archivo de la causa y sin que se atendiera la petición de una tasación realizada por la Fiscalía, la Audiencia ha vuelto a dar la razón a la instructora.
Precisamente estos meses Vitoria afronta una nueva renovación de la contrata de limpieza de la ciudad, la de mayor coste para el Ayuntamiento. El proceso se ha adelantado por la accidentada relación con la UTE FCC-GMSM, que en su día realizó una oferta económica muy ventajosa para llevarse el concurso pero que luego reclamó más dinero al considerar que el servicio era deficitario. También han sido cuatro años de amenazas de huelga en el servicio.
