La fiscal Carmen Adán ha elevado al juzgado la denuncia presentada por Kutxabank contra el expresidente del banco vasco, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en Euskadi Mikel Cabieces y contra el responsable del bufete para el que trabajaba Cabieces, Rafa Alcorta, al encontrar indicios de actividades irregulares en su actuación, según han confirmado fuentes del ministerio público a eldiarionorte.es. La denuncia se presentó el pasado dia 9 por delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil y se piden diligencias a practicar por el juez instructor.
Esas supuestas irregularidades habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros para el banco, que es la cantidad que presuntamente se habría pagado desde Kutxabank a Mikel Cabieces a través del bufete de Rafael Alcorta, con el que el banco ya tenía un acuerdo de iguala.
La Fiscalía ha elevado la denuncia al juzgado y en su exposición pide la imputación de ambos y también del letrado. A partir de ahora será el juez el encargado de instruir la causa. La decisión ha sido notificada a las partes esta mañana, según las mismas fuentes.
Esto es lo que investigaba la fiscal, que la pasada semana tomó declaración a Cabieces, primero, y posteriormente a Fernández. Con esas diligencias, y con la petición del contrato suscrito entre el banco vasco y el despacho de abogados, la Fiscalía de Bizkaia ha tenido más que suficiente para elevar la causa al juzgado. Y para que el juez determine, a partir de ahora, los posibles delitos -“irregularidades”, según la auditoría encargada por el banco vasco que ha dado pie a la denuncia interpuesta por los actuales gestores de Kutxabank.
Un total de 5.783 euros para Cabieces
El propio Mario Fernández devolvió la cantidad tras conocerse la denuncia que hizo pública Kutxabank tras una auditoría interna. La entidad comunicó los hechos al Banco de España que, a su vez, lo trasladó al Banco Central Europeo, que citó al actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, para conocer los detalles del caso.
El expresidente del banco, Mario Fernández, defendió ante la Fiscalía que la citada operación era “legítima” y que no se había causado “daño” a la entidad.
Fernández explicó que fue un líder del PP en Euskadi el que le pidió en 2012 la colaboración de Kutxabank para buscar “un puesto de trabajo” a Mikel Cabieces. Además, añadió que venía siendo “práctica habitual” posibilitar “alguna salida laboral” a las personas vinculadas a Interior y la lucha antiterrorista.
El expresidente de Kutxabank trasladó la solicitud al responsable de Recusos Humanos del banco y, según la declaración de Fernández, le propuso contactar con el despacho de abogados de Rafael Alcorta - con el que el banco ya tenía un contrato por un importe de 7.800 euros (más IVA)- para gestionar este tema y se llegó a un acuerdo en relación a los pagos a Cabieces por valor de 5.783 euros (más IVA).
Fernández también precisó que fue en octubre o noviembre de 2014 cuando le comunicaron que procedía liquidar ese acuerdo y aceptó la propuesta.